OJOS ROJOS O LA REGULACIÓN DE LA CANNABIS

Con las reformas e iniciativa aprobada por el Senado de la República respecto de la regulación de la marihuana o cannabis, existen diversos aspectos que debemos comprender antes de forjar y prender el churro. Vamos, al igual que la semana pasada, a dividir esta columna en dos partes: la jurídica y los hechos, para lo cual habremos de recordar algunos de los tips de comprensión jurídica que les precisamos anteriormente.

En la parte jurídica les platicaremos tres elementos: la importancia de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte; cómo se encuentra regulado hasta hoy el consumo y posesión de la marihuana; y, el importante papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la emisión de criterios para interpretar las leyes y la propia Constitución.

LIBRE ALBEDRÍO COMO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Como recalcamos la semana pasada, el artículo 133 de nuestra Constitución establece que la Constitución, las leyes que surjan de ella y los tratados internacionales, son la Ley Suprema del país. En ese tenor, si existe algún derecho humano no establecido en la Constitución pero sí en un tratado internacional aprobado y ratificado por nuestro país, se convierte en un derecho que el Estado Mexicano debe proteger y garantizar.

Ese es el caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual ha sido definido por la Suprema Corte como el “derecho de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida”. Este derecho no se encuentra señalado expresamente en la Constitución pero sí en los artículos 1, 22 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , por eso, en nuestro país se deben proteger y garantizar.

PRISIÓN POR POSESIÓN

Al día de hoy – porque no han sido aprobadas por la Cámara de Diputados las reformas aprobadas ya en el Senado – la Ley General de Salud establece una serie de sustancias prohibidas para su uso, consumo, producción, etcétera, entre las que se encuentran los cannabinoides – a excepción del uso médico para el que sí existe una autorización -, por lo que infringir ello además de las sanciones administrativas existentes, el Código Penal Federal, relacionando las sustancias de la Ley General de Salud, establece penas de prisión que van de los 5 años y hasta los 25 cuando se trate de tráfico, comercialización, introducción al país, etcétera, de dichos estupefacientes.

CONSTITUCIONAL O INCONSTITUCIONAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país y uno de los órganos en que se deposita el Poder Judicial de la Federación. Entre otras funciones, la Corte emite criterios para explicar el sentido de las leyes y determinar si están apegadas a la Constitución ya que, de no ser así, emite pronunciamiento para que los jueces y demás órganos administrativos no apliquen esas disposiciones.

Seguro hemos escuchado hablar de la jurisprudencia. Esta, en términos muy generales, son criterios emitidos por la Corte – y Tribunales Colegiados que son órganos jerárquicamente por debajo de la Corte – a través de dos formas: la primera es cuando dos tribunales se pronuncian sobre la interpretación de uno o mas artículos en forma distinta y la Corte resuelve cuál es el criterio que debe prevalecer, a esto se le llama contradicción de tesis; la segunda es cuando en cinco asuntos similares se pronuncia en el mismo sentido, a ello se le llama reiteración de criterio.

SIGUE EL CAMINO ESMERALDA

Aún no acabamos, así que paren la mezcla de los brownies o las galletitas con truco para conocer cómo se dio esta reforma y en qué se encuentra.

Todo comenzó con una solicitud de 4 ciudadanos a la Comisión Federal para Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que pudieran sembrar, cultivar y consumir cannabis de forma lúdica. Evidentemente y bajo la normatividad aplicable, la Comisión les negó la autorización. Ante esa respuesta, los involucrados presentaron amparo indirecto – que ya habíamos dicho en nuestra entrega anterior que es el juicio mediante el cual se le pide a la justicia su amparo y protección ante la violación por parte de una autoridad de algún derecho que la Constitución le otorga – argumentando que esa negativa atentaba contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La Primera Sala de la Suprema Corte les otorgó la razón a los quejosos argumentando que los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 en su último párrafo y 248, eran inconstitucionales por atentar contra ese derecho a la libre personalidad. Posterior a ello, vinieron 4 resoluciones más en el mismo sentido reiterando el criterio y emitiendo una jurisprudencia declarando que esos artículos eran inconstitucionales. La consecuencia de ello era que la Corte ordenaba a COFEPRIS emitiera esas autorizaciones para el uso lúdico y recreativo de la marihuana, pero sólo respecto de quienes promovieron los amparos, es decir que el amparo no tiene efectos para toda la gente sino sólo para los intereses del quejoso – acá otro aspecto jurídico que deben aprender: a ese efecto de la sentencia sólo para el quejoso se le llama principio de relatividad de las sentencias -.

Derivado de esto y de la propia exigencia de algunos sectores sociales se presentaron diversas iniciativas para regular el uso del cannabis para su uso lúdico y recreativo. En total el Senado de la República analizó 11 de ellas dando lugar a la reforma a la Ley General de Salud para eliminar al cannabis de sustancias que su posesión y consumo amerita sanción; al Código Penal Federal para no sancionar la posesión con pena de prisión cuando no rebase los 200 gramos; y la creación de una Ley Federal para la regulación del Cannabis.

Lo sucedido en el Senado no es una legalización ni una despenalización, sino una descriminalización, ya que no permite que cualquiera la consuma y se fomente su producción; tampoco se eliminan las sanciones; al final sólo permiten poseer, cultivar y consumir en mayor proporción a la que teníamos y establece todo un marco legal para su tratamiento.

Entre los aspectos más importantes debemos tener claro:

  • Una persona puede poseer hasta 28 gramos de marihuana. Si posee más de esa cantidad y hasta 200 gramos se hará acreedora a una sanción administrativa (multa). Si rebasa los 200 gramos se considerará como un delito sancionable como si esa cantidad la utilizara para su comercialización, con penas de uno a tres o cinco a diez años de prisión, dependiendo la conducta que se realice.
  • No se puede consumir frente a menores de edad.
  • Un consumidor no puede tener más de 4 plantas de mariguana en su casa, en caso de que en la vivienda habiten dos consumidores se pueden tener 6 plantas y si ven 3 o más serán máximo 8 plantas.
  • Se crea un Instituto que otorgará permisos para cultivo y comercialización, además de prever otros aspectos regulatorios.
  • Respecto las personas actualmente en prisión por posesión de cantidades que ya no están criminalizadas, las autoridades correspondientes tienen 6 meses para dejar en libertad a esas personas o tomar las medidas conducentes.

Como punto final deben tener claro que antes de ponerse a sembrar y a consumirla con esa tranquilidad que la propia planta da, la reforma aún no está aprobada, ya que, una vez que la aprobó el Senado pasa a Cámara de Diputados para que ellos la aprueben, la modifiquen o la rechacen. Así que a este camino verde le faltan, por lo menos, algunos días antes de fumar…perdón…cantar victoria.

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