QUE EL ESTADO NOS AMPARE

Cuando comenzamos con este ejercicio semanal de escribir una columna, además de la intención de ofrecer una gama de servicios jurídicos y satisfacer ese deseo permanente de escribir, establecíamos la necesidad de aterrizar, en su lenguaje y comprensión, algunos tópicos jurídicos, ya sea por su relevancia coyuntural o por considerarse aspectos básicos para la sociedad en donde se suelen citar, debido a la referencia constante de elementos de derecho que impactan en la vida de las personas.

Esta semana nos enfocaremos a desarrollar algunos aspectos esenciales de lo que es el Juicio de Amparo.

VANGUARDIA JURÍDICA MEXA

Esta columna derivó del privilegio que tuve hace algunos días de visitar la capital de uno de los Estados más bellos, apacibles y disfrutables de toda la República Mexicana: Mérida, Yucatán. Más allá del anhelo de paladear una de las gastronomías más exquisitas del mundo entero, el objetivo de dicha visita era un tema meramente jurídico, en concreto, atender una demanda en materia mercantil, por lo que mi mente se enfocaba absolutamente en los alcances del derecho y la importancia que tuvo el pensador y jurista yucateco brillante, Manuel Crescencio García Rejón – y la propia clase política yucateca de la época – en cuanto a uno de los recursos de defensa de derechos humanos más importantes del mundo entero: el Juicio de Amparo.

Que nos les quepa duda, el juicio de amparo es una de las aportaciones más grandes del derecho mexicano al mundo entero. Todo comenzó en 1840 cuando, desde una visión separatista por parte del pueblo yucateco, no se compartía la visión centralista de la asignación de participaciones federales en contraposición de la capacidad recaudatoria, es decir, les parecía injusto que ellos enteraran una enorme cantidad de recursos a la federación y el presupuesto a su Estado fuera raquítico – un poco como la actual visión del norte de reclamar más recursos porque aportan más al Estado, pero mejor pensada – por lo que comenzaron a tejer una trama jurídica muy interesante basada en el fortalecimiento jurídico local.

García Rejón, en una de sus intervenciones para la creación de la Constitución del Estado de Yucatán, arguyó la necesidad de contar con un medio de defensa jurídico para contrarrestar las enormes arbitrariedades cometidas por los 3 poderes, particularmente del Ejecutivo, en contra de los derechos mínimos que todo ciudadano debe tener. De ahí surge la idea de crear la figura del amparo en contra de actos de autoridad que se estimen violatorios del marco constitucional.

Está visión local, que incluso ya para 1842 operaba en Yucatán, fue trasladada a la Constitución federal por otro gran jurista jalisciense, Mariano Otero, quien desde ese mismo año con la conformación del constituyente – el grupo de legisladores que crea la Constitución – formuló un voto particular, entendido como una opinión, donde destacaba la importancia de la creación de un instrumento jurídico que hiciera valer los derechos plasmados en la Constitución ante esa tendencia de las autoridades de violarlos cada vez que podían.

Luego de varios años de análisis y discusiones, en el Acta de Reformas de 1847 se plasmó ya a nivel federal la institución del juicio de amparo y ello influyó para que en la Constitución de 1857 fuera la figura vanguardista y social que aportaban los legisladores con una visión de Estado bien distinta; era como pensar en los derechos humanos antes que cualquier movimiento social pro humanista se instaurara en el campo jurídico.

Como dato apantallador – útil en épocas decembrinas en las que uno tiene más pláticas con amigos y familiares – el amparo mexicano estuvo en el ideario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida en 1948 en París, Francia como resultado de la búsqueda del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pensando en esa figura, se redactó el artículo 8 de dicha Declaración que establece “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Es decir, México fue de los primeros en considerar la importancia no sólo de proteger derechos, sino de la existencia de una vía, ágil, eficaz y al alcance de la ciudadanía para esa defensa adecuada.

LA CONSTITUCIÓN DICE…

Si quieren ir al origen de lo que es el amparo en el derecho mexicano lo encontrarán en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se los comentamos en entregas anteriores, ese tipo de medios tienen una base constitucional y, en el caso del amparo son esos artículos . La Constitución se dice que es la parte dogmática, es decir, donde se plasman las intenciones, los anhelos, los valores de una nación en donde, desde luego, se señalan los derechos mínimos que les asisten a los ciudadanos, pero para su operación y aplicación real, más en este caso que se trata de un recurso en forma de juicio, necesitan de una ley que establezca los pormenores y la forma en que se pueden hacer efectivos y eso lo vemos en la llamada Ley de Amparo; de hecho el nombre completo de esa ley es “Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, más claro ni el agua.

NO ES UNA ACTRIZ DE APELLIDO AROZAMENA

Pero ¿Qué es el amparo? Seamos muy claridosos porque es justo lo que ustedes quieren y necesitan saber. El amparo es un medio de defensa que está al alcance de todas las personas para proteger, ante los tribunales competentes, los derechos que establece la Constitución cuando alguna autoridad los está omitiendo o violentando.

Es importante precisar dos cosas de esa breve definición: por un lado, la defensa de los derechos, derivado de las modificaciones a la Constitución y a la ley en los últimos años, no sólo se circunscribe a los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a los consignados en tratados y convenciones internacionales de los que nuestro país forma parte, a eso se le llama control de la convencionalidad; por otro lado, decimos que se trata de una defensa contra violaciones orquestadas por autoridades y en este punto debemos precisar que se trata de cualquier autoridad de los 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), o de quien supla a la autoridad en esas funciones, como un particular que la ley señale que puede otorgar servicios públicos, por ejemplo los que prestan un servicio concesionado de recolección de basura actúan en nombre de la autoridad y, por lo tanto, pueden ser susceptibles de violar derechos de los gobernados.

COMO PARA QUÉ O QUÉ

Finalmente habremos de decir contra qué procede el amparo, pero no lo haremos a manera de la ley porque, de hecho, no vienen a leer todo esto para enredarse con palabras de abogado. Debemos comenzar por decir que el amparo protege de actos o normas de una autoridad que violan los derechos de las y los gobernados.

De ahí es que tendremos una concepción de lo que seguramente han escuchado hablar respecto de lo que es un amparo directo o indirecto. No se trata de la urgencia o falta de obstáculos, sino de un uso dependiendo el tipo de acto a combatir.

El amparo indirecto es, en términos muy generales, contra normas emitidas por cualquier autoridad que contravenga los derechos de la Constitución y de tratados internacionales, pero también es contra actos emitidos por cualquier autoridad que vulnere nuestra esfera jurídica o, en concreto, nuestros derechos. El primer caso es muy simple: si el Congreso emite una norma que prohíba el uso de redes sociales para emitir opiniones, eso contraviene el derecho a la libertad de expresión y por eso podemos solicitar el amparo y protección de la justicia federal, para que se declare inconstitucional esa norma y no nos aplique – en otras entregas veremos los alcances de una sentencia de amparo-. El segundo caso tiene como ejemplo lo siguiente: si un juez emite una orden de aprehensión en nuestra contra por un delito que sabemos que no cometimos, contra esa orden, que es un acto de un juez solicitado por un agente del ministerio público, se presenta un amparo que, si se concede, se anula la ejecución de esa orden para evitar la violación de garantías de las personas.

Finalmente el amparo directo es más simple en cuanto a su entendimiento, ya que es contra, “simple y sencillamente”, sentencias, laudos  – entendidos como una especie de sentencia pero en materia laboral – y cualquier acto que pone fin a los juicios.

El amparo es tan complejo como un curso completo de especialidad o maestría, por lo que su comprensión debe ser más amplia. Desde luego no hemos abarcado todos los elementos, incluso, ni los más esenciales, por lo que en próximas entregas desarrollaremos otros aspectos del amparo para que podamos entenderlo como un elemento fundamental en nuestra defensa de derechos.

Lo que sí debemos tener muy claro es que un amparo, a pesar de lo cercano a la ciudadanía, tiene elementos sumamente técnicos, por lo que, si en algún momento requieren de la formulación de alguno, necesitan acudir con un especialista en la materia, ya que es un auténtico error acudir a cualquier abogado o, peor aún, “coyote” para elaborar un escrito con altos estándares de conocimiento.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: