EL ESTADO CRIMINAL. PARTE I

De forma coincidente, hace algunos días tuve la oportunidad de ver el documental producido por Netflix intitulado “Las Tres Muertes de Marisela Escobedo”, desde luego, sin saber que el aniversario luctuoso de Marisela Escobedo es el 16 de diciembre. Lo impactante de la historia me impulsó a escribir la columna de esta semana sobre ese tema en particular, lo cual nos permitirá entender un evento trágico de la mano de la comprensión del Sistema de Justicia Penal que tenemos y que se le denomina “acusatorio”.

Esta vez, a diferencia de las otras columnas, comenzaremos con la historia de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol Freyre Escobedo, contada a muy grandes rasgos a fin de que cada uno de los lectores pueda profundizar en el tema con los documentales, artículos en revistas y fragmentos de literatura sobre ese tema – y, en general, de los miles feminicidios ocurridos en nuestro país -. Junto con el relato de la historia, introduciremos elementos jurídicos para comparar los hechos con nuestro sistema de justicia adversarial.

Advierto que la lectura provocará profunda indignación y desamparo ante el Estado fallido en el que estamos hace muchísimas décadas y que, no se confundan, prevalece en la actualidad. Asimismo, por lo extenso del relato, esta será la primer entrega de la columna para que, la próxima semana tengan oportunidad de ver el documental y leer notas relacionadas para empaparse del tema.

LA PÉRDIDA

En 2008, luego de varios meses de relación y una hija de por medio, Rubí Marisol Freyre Escobedo, entonces de 16 años, hija de Marisela Escobedo – madre de familia y microempresaria avecindada en Ciudad Juárez, Chihuahua – fue asesinada por su pareja y padre de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Gracias a un testigo, vecino de la colonia en que vivía la pareja, se supo que Barraza la había golpeado hasta matarla y, posteriormente, con la ayuda de su hermano, aventó el cuerpo de Rubí en un tiradero de basura para, posteriormente, prenderle fuego. A raíz de esta criminal escena comienza el calvario de la madre de Rubí, Doña Marisela Escobedo.

EL PEREGRINAR

Desde el momento de la desaparición de Rubí y la huida repentina de Sergio Rafael de su casa, Marisela denunció la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, argumentando que, por la fuga de Sergio Rafael, ella presumía que él era el autor material de la desaparición y eventual muerte de su hija Rubí. La respuesta institucional fue la de no iniciar carpeta de investigación al no tener “indicios” de que se tratara de una muerte o una desaparición forzada, así que fue hasta 1 mes y medio después que las autoridades comenzaron a investigar de forma por demás tibia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 señala que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, por lo que, en concatenación con otras disposiciones legales, cuando se reporta la desaparición de una persona durante 48 horas seguidas, el agente del Ministerio Público local o federal, según el delito, debe iniciar una investigación y llevar a cabo las diligencias y actuaciones pertinentes por medio de las policías locales o federales, a fin de contar con indicios, pistas, testimonios y todo lo necesario para dar con el paradero de la persona atendiendo a que, en criminalística, las primeras horas de desaparición son cruciales para impedir consecuencias funestas.

Ante la nula respuesta institucional, Marisela, con sus propios recursos – y así va a ser durante toda su lucha – se dispuso a investigar en dos vías: el paradero de su hija, ya sea viva o muerta, y la ubicación de su yerno Sergio Rafael quien, además, se había llevado a su nieta con él. Con el testimonio del vecino del presunto responsable, la familia de Rubí encabezada por su madre buscó en todo el tiradero de basura lamentablemente sin éxito. Por el otro lado, Marisela, con información que obtuvo ella sola, acudió con familiares y amigos al Estado de Zacatecas debido a que todo apuntaba a que Sergio Rafael se escondía en Fresnillo y ya se encontraba viviendo con otra pareja. La única forma que la policía accedió a detenerlo fue con el argumento, bien pensado por Marisela y su equipo legal, que, al no existir una muerte declarada de Rubí, ella seguía existiendo, así que Sergio, al llevarse a la hija de ambos sin consentimiento de ella, era responsable del delito de sustracción de menor.

Con el miedo de la detención, Sergio Rafael confesó que había golpeado a Rubí pero “se le había pasado la mano” y la mató, además que, para ocultar su responsabilidad, incineró el cuerpo de Rubí en el tiradero cercano a la colonia donde vivían. Incluso, derivado de esa declaración él condujo a peritos y policías al lugar exacto donde la enterró. Gracias a esa declaración algunos restos óseos de Rubí fueron encontrados en el lugar y, por lo tanto, se le acusó a Sergio Rafael por el homicidio calificado en perjuicio de su ex concubina Rubí.

Hasta aquí de por sí todo va mal por lo atroz del crimen, sin embargo, con todas las pruebas, el juicio oral que se avecinaba parecía un mero trámite para darle a Barraza una pena cercana a los 50 años de prisión.

QUÉ ES EL MALDITO SISTEMA ACUSATORIO TAN BONDADOSO

Otra pausa jurídica. En 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional en la que pasamos de un sistema de justicia penal tradicional o mixto – preponderantemente por escrito y en donde se presume la culpabilidad hasta demostrar lo contrario, entre otras características – a un sistema acusatorio y oral con los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y lo más importante era que el objeto de ese sistema era el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, según lo dice el artículo 20 de la Constitución.

Derivado de ello, se precisó que la entrada en vigor de este sistema requería otra preparación en los jueces, agentes del ministerio público, litigantes y asesores victimales, además de policías y peritos. Desde luego, la infraestructura también necesitaba adecuarse, ya que el sistema acusatorio requería de audiencias públicas, presenciales, videograbadas y al estilo de otros sistemas en el mundo en que en una parte se encuentra la parte acusadora – ministerio público y víctima u ofendidos – en la otra la defensa con el acusado y, frente a ellos, el juez o tribunal de jueces – tres -; ello para que cada quien pueda verter sus argumentos y presentar sus pruebas a través de testigos, policías, peritos, de forma presencial, de tal manera que se les pueda interrogar en las audiencias; y, después, sin más documento que las anotaciones hechas durante la audiencia de juicio, el juez o tribunal, emita un veredicto y una sentencia.

Además, sepan que este nuevo sistema de justicia privilegia el principio de presunción de inocencia, es decir, aquella frase que señala que “se es inocente hasta que no se demuestre lo contrario” y, adicionalmente, se eliminó la tasación de la prueba. La tasación de la prueba significa que la propia ley establecía en su letra el valor que tenía una prueba dependiendo de su tipo, por ejemplo, una prueba confesional al ser la declaración del inculpado, tiene valor probatorio pleno o, en otro ejemplo, se señalaba que una documental pública tiene mayor peso que una documental privada. Pues bien, con este sistema en materia penal y en algunas otras materias, se eliminó esta forma de valorar pruebas para dar lugar al de la sana crítica que, en concreto, establece que el juez tiene libertad para darle el valor que considere a las pruebas al hacer un análisis sistematizado de todas las ofrecidas en su conjunto. Así que ahora, la prueba confesional en la que un inculpado acepta su responsabilidad, ya no es suficiente para condenar si no existen otros elementos que apunten a esa versión de los hechos.

Otro aspecto fundamental en cuanto a los aspectos probatorios es el llamado “estándar probatorio”. Ello implica el nivel de convicción que se debe alcanzar con las pruebas. En materia civil, mercantil y familiar, al ser asuntos privados entre dos partes, basta que uno pruebe un poco más su versión que la otra para que el juez le otorgue la razón. En materia penal, al ser una materia en exceso técnica en el que no cabe la interpretación, se señala que para obtener un fallo a favor por parte del juez debemos probar la culpabilidad de una persona “más allá de toda duda razonable”, es decir, si del desahogo de pruebas el juez tiene dudas o no se adhiere a una teoría del caso, no puede condenar sino absolver al inculpado. Sí, un simple cabo suelto obliga al juzgador a dejar en libertad al acusado.

Como dato curioso este sistema acusatorio a nivel federal, por su complejidad, entró en vigor de forma escalonada, es decir, un año en algunos Estados, otro año en otros, hasta que se cubriera toda la República. Sin embargo, en materia local, varias entidades, dados los ejemplos en otros países, decidieron desde antes implementar un sistema acusatorio a nivel local. El Estado pionero en implementar este sistema fue, justamente, Chihuahua. Este nuevo sistema se ofreció a la ciudadanía como la herramienta para abatir la IMPUNIDAD, que se respetaran los derechos de las víctimas, que no hubiera tanta gente en las cárceles al haber acuerdos reparatorios y evitar que personas inocentes fueran acusadas.

Con estos elementos técnicos entraremos de lleno a la parte más oscura del relato la próxima semana, así que ahí nos leemos…

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