EL ESTADO CRIMINAL. PARTE II

LA INFAMIA

El juicio se llevó a cabo. De un lado de la audiencia, la familia de Rubí, del otro lado, la de Sergio Rafael. Luego de desahogar las pruebas de ambas partes, se otorga la palabra a Marisela Escobedo como ofendida por el homicidio de su hija; sus palabras evidencian rabia y exigencia de justicia sin la más mínima gota de perdón para el asesino de su hija. Posterior a ello, se le da la palabra a Barraza, quien se disculpa con Marisela por lo que hizo y el dolor causado por la muerte de Rubí. Sí, el feminicida, además de todas las pruebas en su contra, cierra con una confesión de su crimen.

El tribunal está compuesto de tres jueces, Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, quienes después de escuchar el desarrollo del juicio resuelven absolver a Sergio Rafael Barraza del delito de homicidio calificado en perjuicio de Rubí Freyre. Sus argumentos fueron, por increíble que parezca, que el agente del Ministerio Público no había aportado las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad del acusado, sí, del que hace unas horas había expresado ante el jurado y todos los miembros presentes en el juicio que se arrepentía de cometer el crimen y pedía perdón a Marisela y a su familia.

INMEDIATA LIBERTAD Y APELACIÓN

Pausa jurídica. Cuando se absuelve a un inculpado, se llevan a cabo algunos trámites en un par de horas para dejarlo en completa libertad. Por su parte, el Ministerio Público debe apelar dicha sentencia. Apelar en derecho implica, a grandes rasgos, inconformarse con la resolución – que en este caso fue una sentencia – argumentando cuáles fueron las fallas del juez o jueces de primera instancia – desde que no valoraron todas las pruebas, fueron parciales, no se refirieron a todas las partes del juicio, no atendieron a algún aspecto legal o constitucional, etcétera -. La apelación la resuelve un tribunal superior, quien revisa la actuación del juez y puede confirmar la sentencia, revocar la sentencia o modificar la sentencia. Si en apelación no se resuelve conforme lo requiere alguna de las partes entonces hay cabida a lo que dijimos en entregas pasadas es el Amparo Directo.

Volviendo al caso de Marisela Escobedo, la consecuencia fue la inmediata libertad de Sergio y la apelación por parte del agente del MP de la absurda sentencia. En apelación, el tribunal de alzada o de segunda instancia revocó la sentencia y condenó a Sergio a 40 años de prisión, sin embargo, para entonces el homicida ya había huido y no se le pudo cumplimentar la orden de aprehensión por el delito que cometió. Es decir, tenemos una sentencia condenatoria pero no tenemos al inculpado ¿les suena? Es algo así como haberse ganado la lotería y que no haya dinero para pagar.

EL COBIJO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Con la indignación a tope, Marisela marchó desnuda, pintada como payaso, caracterizada como jueza, haciendo caminatas desde Juárez hasta la Ciudad de México para que el entonces Presidente Calderón la recibiera pero sin tener éxito. Al mismo tiempo, con sus propios recursos nuevamente, investigó dónde podría estar Barraza y supo que regresaría a Zacatecas con su nueva pareja, por lo que luego de vigilar unos días, avisó a las autoridades el paradero del prófugo pero, a pesar de estar cercado por fuerzas estatales, se escapó entre docenas de efectivos y una pequeña pistola en su poder. A partir de ese momento Marisela se instaló permanentemente en Zacatecas, en un inmueble de frente a la casa de donde escapó Sergio Rafael, hizo guardias de día y noche junto con su hijo y su hermano, hasta que un día vieron una camioneta llegar a esa casa y el hijo de Marisela lo reconoció; el asesino había ido por su pareja, así que Marisela y su hijo le dieron seguimiento en su vehículo y de pronto este se les puso de frente en su camioneta, con las luces intensamente dirigidos a ellos y los observó descaradamente sabiendo que la impunidad lo cobijaba y que, ya para entonces, de acuerdo a testimonios, la camioneta en la que circulaba y las armas largas con las que se le veía, formaba parte del grupo criminal denominado “Los Zetas”.

Con la protección de ese grupo de la delincuencia organizada, las autoridades tanto de Zacatecas como de Chihuahua le cerraron la puerta a Marisela porque, argumentaban, ya no era tan fácil detenerlo debido a que tenían que “pedir permiso” al grupo criminal. Con más rabia aún y sabiendo que, además de Rubí, ella o algún miembro de su familia podía perder la vida, se retiró de Zacatecas y se plantó permanentemente frente al palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua increpando al flamante recién elegido Gobernador, César Duarte Jáquez, quien en su profundo narcisismo no le otorgó audiencia y la mandó con el Fiscal del Estado quien, a través de promesas que jamás cumplió, se libró de ella por un rato.

EL GOBERNADOR DELI…NCUENTE Y DELI…CADO RESPONSABLE DE LA MUERTE DE MARISELA

Con las fuerzas que le restaban, se instaló en la explanada del palacio gubernamental y, cada vez que podía, increpaba al Gobernador Duarte, señalando que la justicia era selectiva. Ello porque después que el sobrino del Gobernador había sido asesinado, a los pocos días la Fiscalía ya tenía detenidas a varias personas y el caso casi concluido; asimismo, ante el secuestro del hermano de la ex Procuradora Patricia González, los responsables fueron detenidos a las pocas semanas. Sí, como suele suceder, la justicia sirviendo al poder.

Las muecas y molestia del Gobernador Duarte se notaban cada que tenía un evento y se confrontaba con las arengas de Marisela y las mantas que le colocaba casi frente al estrado, por lo que, quedó claro que, a partir de ese momento, la protección del gobierno estatal abandonaba por completo a Marisela Escobedo y su familia. De la protección federal, hemos de decir, ni sus luces.

Cercana la Navidad, Marisela se mantuvo en su plantón y refirió tanto a su hijo como a su hermano, quienes la acompañaban permanentemente, que pasaría ahí la Navidad en protesta, incluso, pretendía comprar un árbol de navidad por esos días a fin de colocarlo como adorno a su plantón. El 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno, en la cara de las autoridades, un disparo en la cabeza le arrebató la vida a Marisela. Todo quedó videograbado y la complicidad oficial se consumaba. Justo después del entierro del cuerpo de Marisela, su negocio, la maderería, fue incendiada y la casa de su hijo saqueada.

Lo siguiente fue una farsa; las autoridades detuvieron al “Wicked”, un pandillero local que fungió como chivo expiatorio para culparlo del asesinato de Marisela. A los pocos meses de la detención del sujeto, se informó que había muerto en el penal como consecuencia de un infarto que, después, con toda la presión encima, las autoridades tuvieron que informar que más bien lo asesinó su compañero de celda.

El hermano de Marisela, testigo de los hechos, aseguró haber visto de frente al homicida y aseguró que el Wicked no era el responsable, sino que el culpable era el hermano de Sergio Rafael, Andy Barraza, sin embargo, las autoridades no movieron un dedo para detenerlo quedando impune el crimen más atroz patrocinado por una seguidilla de errores del Poder Judicial Local, del Ejecutivo Local y la inacción e indiferencia de todos los Poderes a nivel Federal.

ACTUALIZACIÓN

El hijo de Marisela Escobedo tuvo que pedir asilo al Gobierno de los EUA desde donde sigue exigiendo justicia para su hermana y su madre.

Sergio Rafael Barraza, quien ya tenía nivel de “comandante” con Los Zetas, fue abatido en noviembre de 2012 durante un enfrentamiento con el Ejército.

El Gobernador César Duarte fue acusado de desvío de recursos y delitos electorales en más de 10 causas penales locales y federales. Actualmente está detenido en EUA combatiendo la solicitud de extradición que hizo el gobierno mexicano para que se le juzgue en nuestro país.

Andy Barraza se encuentra detenido en EUA por el delito de robo sosteniendo su argumento de que fue su hermano quien mandó matar a Marisela Escobedo.

Los jueces que absolvieron a Barraza, fueron suspendidos y, actualmente, se encuentran en la lucha jurídica para que el Congreso Local no les inicie un juicio de procedencia por su responsabilidad en la indebida absolución.

A principios de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno mexicano una denuncia en su contra por los feminicidios de Rubí Freyre Escobedo y de Marisela Escobedo. Ello puede llevar al gobierno a reparar daños y tener una sanción por su indebido actuar en la investigación. Recientemente la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua informó que reabriría el caso para seguir algunas líneas de investigación.

QUEMEN TODO…

El Gobierno local y federal es absolutamente responsable de ambos crímenes, no sólo por su deficiencia en la protección de las y los mexicanos, sino por la profunda corrupción que prevalece y que se oculta con chistes, discursos enteros y simple omisión. El Sistema Acusatorio no ha funcionado porque la impunidad es la antorcha de los desalmados, de los que sufren más porque les arruinen sus mítines que por la muerte de sus habitantes. Esta historia se replica no sé cuantas veces en muchos rincones del territorio nacional sin que hasta ahora el Estado haga algo para resolverlos y, peor aún, para prevenir otros atroces crímenes. El Gobierno no accionó las pistolas ni asfixió a las víctimas, pero permitió que ello ocurriera cuando pudo evitarlo.

El caso de los jueces que absolvieron es ridículo. Sepan que, en efecto, cuando no se acredite de forma fehaciente la existencia de un delito y la responsabilidad del inculpado, no se puede condenar, sin embargo, la justicia es fina y para conocedores. Aún cuando estimaran que no se presentaron todas las pruebas deben tener claro que las sentencias, actualmente, no son dirigidas sólo a las partes, sino que trascienden a sociedades enteras a través de las muchas formas de comunicarlas. Así que el daño era a toda una comunidad y no sólo a Marisela. Con las pruebas suficientes y la última confesión de Sergio bien pudieron acomodar su razonamiento probatorio para sentenciar en el mismo sentido que todo Chihuahua y todo México esperaba. Habrá puristas que digan que si no había todos los elementos debían absolver, sin embargo, Eduardo Juan Coture, jurista y profesor uruguayo, elaboró el decálogo del abogado y en uno de esos “mandamientos” señala: “Lucha: tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Parecería que faltaba un cabo suelto, pero con el criterio jurídico y una sensación de justicia pudieron evitar otro asesinato y la introducción de un sujeto al crimen organizado condenando y parando un asunto que se volvió una bola de nieve. Una vergüenza de jueces aún cuando quiera defenderlos desde la parte legaloide.

Pero no se confundan, este actuar no es nada extraño en nuestro país, los casos se contabilizan por montones, la impunidad y la corrupción sigue desde el primer escalón por más que en su discurso ridículo sostengan que ya “se barre de arriba hacia abajo”. Los discursos contra la corrupción siguen siendo un simple spot que les permita mantener el poder unos años más.

El Estado es un asesino, es un criminal y lo único que obtenemos de ellos son sonoras burlas ante un país que se les ha ido de las manos. Ni una más, ni una sola de nuestras hijas, hermanas, madres, amigas más, maldita sea.

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