DECIDIR SÍ ES UN DERECHO

El pasado 29 de diciembre, el Honorable Senado de la Nación Argentina aprobó una Ley que regula la interrupción legal del embarazo, lo cual presupone la tan esperada normatividad que descriminaliza y, de hecho, legaliza el aborto, es decir, se suprime la responsabilidad penal para las mujeres que decidan interrumpir la gestación de un embrión antes de 14 semanas.

El asunto se convirtió en una victoria de colectivos feministas, sí esos que portan un paliacate verde en el cuello y que su principal bandera de lucha es la defensa de las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo cuando se encuentren embarazadas. Desde luego conocemos a este grupo visible, sin embargo representa a muchas más mujeres que, sin paliacate puesto, han tenido historias de criminalización, violencia y señalamientos morales que, ni aun tomando la decisión con pleno convencimiento, afectan sus vidas y luchan contra demonios culturales y emocionales interiorizados por el rol de gestoras de la vida que la historia y la cultura mundial les han endilgado.

 El objetivo de esta columna será revisar algunos aspectos relacionados con la interrupción del embarazo. Elementos sociales, estadísticos y culturales, nos darán un panorama general del estatus del aborto en el mundo. Por otro lado, revisaremos cuáles fueron los aspectos regulados en la legislación argentina y, desde luego, precisaremos cómo nos encontramos en México respecto a ese tema.

QUÉ TAN “ABORTANTE” ES EL MUNDO.

De acuerdo con el estudio intitulado “Aborto, incidencia entre 1990 y 2014”, cada año se realizan 56 millones de abortos en el mundo, sin embargo, lo riesgoso de estos es que casi la mitad se practican de forma clandestina y, por lo tanto, insegura, lo cual convierte a este tema en un aspecto de salud pública a pesar de los múltiples matices éticos, morales y religiosos que envuelven a tan polémico tópico.

Como pasa en muchos otros aspectos de la vida de la humanidad, la interrupción legal del embarazo se encuentra debidamente regulada en varios países, los cuales se encuentran mayoritariamente ubicados en el hemisferio norte del planeta. Es decir, prácticamente toda Europa, Asia en su parte norte, Estados Unidos y Canadá, no sólo descriminalizaron el aborto, sino que han resuelto como obligación del Estado contar con toda la infraestructura médica para llevar a cabo estos procedimientos de manera segura. A esos países se les suma buena parte de Oceanía ya que, a pesar de encontrarse en el hemisferio sur, su herencia basada en el common law, es decir, del derecho surgido de países anglosajones, los coloca en una visión social más cercana a los países europeos.

RAZONES Y EXCEPCIONES MUNDIALES

Aunque no buscamos enlistar todos y cada uno de los países que han incorporado a su régimen legal la despenalización del aborto, es importante entender que las prohibiciones y permisiones se dan en ciertos niveles. Al efecto, podemos caracterizarlos en estos rangos: países donde el aborto es legal en general dentro de los plazos médicos señalados; legal por salud de la madre, por defectos del feto y por razones socioeconómicas; legal sólo porque está en riesgo la salud materna, se prevén defectos del feto o por ser producto de una violación; legal sólo por salud de la madre o defectos del feto; legal sólo por riesgo de salud en la madre; e ilegal sin importar las circunstancias.

En Europa, Polonia y Finlandia son las únicas excepciones ya que no permiten la interrupción legal del embarazo a petición de la gestante, sino que se requieren causas para practicarlo, por ejemplo, a existencia de una violación o el peligro de muerte para la gestante. En términos generales, Latinoamérica, África, Medio Oriente, parte de Oceanía y el sudeste asiático, consideran al aborto como ilegal a menos que se presente alguna circunstancia que lo permita.

De forma particular nos detenemos en América Latina, ya que de 5 de los países en el mundo que no permiten el aborto legal en ninguna circunstancia, 4 son latinos – El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana -; además, es importante señalar que Cuba, Uruguay, Guyana – que hasta hace no mucho era colonia europea – y ahora Argentina, han descriminalizado el aborto tendiendo una red de salud pública para la práctica segura.

EL KREMLIN DANDO EL PASO REVOLUCIONARIO

Rusia, con una tradición religiosa y política muy particular, fue el primer país en permitir el aborto y contar con políticas públicas en materia de salud para su práctica segura. Desde 1920, la entonces URSS, emitió un decreto para permitir la interrupción legal del embarazo siempre y cuando se realizara por un médico y sin que tuviera fines de lucro. Aunque ese decreto fue cancelado por Stalin arguyendo razones económicas ante la imposibilidad del Estado de realizar tantos abortos, a su muerte se volvió a la permisión total con apoyo de los hospitales públicos. La lógica del apoyo de las mujeres soviéticas en ese momento descansaba en que la interrupción del embarazo no estaba reñida con la defensa de la maternidad, por el contrario, era una arista decisiva para formar mujeres fuertes, capaces y con derecho a decidir en medio de la revolución socialista.

LA REMERA ALBICELESTE QUE SE PINTÓ DE VERDE

En la parte jurídica es necesario precisar, primero, cómo quedó la nueva legislación aprobada en Argentina, para luego dar paso a la situación que se vive en nuestro país en donde, al ser una federación existe un Código Penal Federal y 32 locales, en los que se pueden regular más o menos aspectos. Y en ese caso tenemos que, a nivel federal no se ha descriminalizado el aborto, mientras que, desde 2007, la Ciudad de México despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de embarazo con modificaciones a dos normas relacionadas con la salud y los delitos.

En el caso de Argentina, con esta nueva ley – que fue el octavo intento en el Congreso para pasar una ley en esa materia – se permite la interrupción del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación aún cuando casi en todos los países que se permite es hasta la décimo segunda semana. Los argentinos establecieron que, en el caso que rebase ese término, la permisión del aborto requiere alguna de dos causales para no ser punible: si está en peligro la vida de la madre o si el embarazo es resultado de una violación. Asimismo, esta ley prevé el papel gubernamental a este respecto en tres niveles: a través de educación sexual; por medio de servicios públicos de atención al aborto y respetando principios de trato digno y confidencialidad para quien reciba el servicio.

LA PROGRE CIUDAD DE MÉXICO

Para México tenemos primero el elemento local, siendo la Ciudad de México la pionera en este caso, ya que, a través de reformas legales en 2007 y 2009, se despenalizó el aborto. A partir de entonces y bajó la lógica del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que todas las personas tienen el derecho de decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consignó en el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal, que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, por lo que las penas se dan sólo cuando rebasan esa temporalidad y, aún siendo más de esa temporalidad, existen excluyentes del delito: si es resultado de una violación; si existe riesgo de salud para la madre; si existe daño físico o mental en el feto que ponga en riesgo su vida; y que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En unión a esta reforma, dos años después se modificó la Ley de Salud el Distrito Federal en sus artículos 58 y 59 para establecer que las instituciones públicas de salud tienen la obligación de practicar la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación si así lo pide la mujer embarazada.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

De especial importancia es la regulación tanto en la Ley Argentina como en las disposiciones normativas de la Ciudad de México respecto la objeción de conciencia, la cual no es otra cosa más que la libertad de los médicos para negarse a llevar a cabo este procedimiento si sus creencias religiosas o convicciones personales no se lo permiten, siempre y cuando deriven a la mujer con algún otro médico que sí pueda practicarla. En ambos países se consigna que, si es urgente practicar el aborto para evitar poner en riesgo la salud de la madre, el médico no puede objetar su obligación. Esto es un tema profundo debido a que, en la realidad, esa objeción es un obstáculo incluso cuando exista la obligación por agravamiento, ya que muchos médicos pueden llegar a implementar prácticas dilatorias para no llevar a cabo el procedimiento médico poniendo en riesgo la salud femenina y propiciando que el tiempo perdido haga que se rebasen las doce semanas, sin embargo, ese aspecto puede ser producto del desarrollo de otro tema más amplio, por lo complejo de la práctica de la medicina, la libertad de profesión, la responsabilidad profesional, la libertad de creencias y la propia interrupción del embarazo.

EL REZAGO FEDERAL

Finalmente, a nivel Federal, los artículos 329 al 334 del Código Penal Federal, mantienen la criminalización del aborto con penas que van de 1 a 6 años de prisión para la madre o para quien le ayude a practicar el aborto, con el componente, además, de que puede atenuarse si existen circunstancias absurdas como: que la persona no tenga “mala fama”; que haya logrado ocultar su embarazo y que el embarazo sea fruto de una “unión ilegítima”. Sí, así de arcaica es la legislación en la materia a nivel federal sin que exista una modificación próxima.

Incluso, a pesar de los esfuerzos aislados de legisladores por cambiar la normatividad, no ha existido discusión del tema por los altos costos políticos que acarrearía para el partido político que pretenda discutirlo, toda vez que socialmente es un tema que divide a la población, estimándose que la mitad de la sociedad mexicana no apoya la despenalización del aborto mientras que la otra mitad exige la aprobación de una modificación legal. Incluso en el ejercicio para crear un Código Penal único que rija a todas las entidades y a la federación, el tema del aborto fue uno de los que causó mayor división y, prácticamente, estancó la creación de esta normatividad penal sustantiva.

PROGRESISTAS ULTRACONSERVADORES

Este tipo de temas, más allá de lo legal, tiene componentes sociológicos, éticos, morales, religiosos y políticos que frenan un cambio próximo. El ejemplo es que en Argentina la aprobación en el Congreso no se dio de forma unánime, sino que la votación estuvo sumamente dividida por lo que, si asumimos que son representantes sociales, podríamos entender que la sociedad, en caso de una consulta, se estaría dividiendo en una proporción similar.

Sin embargo, estamos hablando de derechos entendidos como aspectos irrenunciables y que afectan directamente a la persona que los ejerce, por lo que asumir que los derechos se encuentren sujetos a votación no sólo es absurdo y cobarde, sino que rebasan cualquier condición de defensa de los derechos humanos a nivel global, máxime la existencia de disposiciones internacionales que indican a los países que deben dirigirse a una ampliación de derechos de este tipo. Poner a consulta la descriminalización de mujeres que por tomar una decisión personalísima tienen que separarse de sus familias compurgando penas en cárceles indignas y llenas de delincuentes reales, no sólo es populista, sino que es absurdo e, insisto, cobarde.

Lo que sucedió en Argentina es que la conformación del Congreso fue de izquierda, con legisladores conocidos por sus luchas sociales en los últimos años, lo que llevó a una aprobación de esta índole. En México, a pesar de tener un gobierno autodenominado progresista, lo real es que es uno de los Ejecutivos y de las mayorías legislativas más conservadoras que hayamos tenido en los últimos 30 años.

En alguna ocasión leí a un jurista muy centrado que señalaba que no hay quien este “a favor” del aborto, sino que existe quien propugna por el derecho a decidir y ese es el punto central de esta discusión. Es decir, nos referimos a que las mujeres tomen una decisión clara sobre el número y espaciamiento de sus hijos, de derechos positivos que se reflejen de forma clara. Se trata de un derecho de un grupo que ha sido vulnerado por milenios y más cuando se trata de roles sociales. La intención es no tener más muertes por abortos clandestinos y que el gobierno asuma su responsabilidad que vaya más allá de practicar este tipo de interrupciones. El Estado se encuentra obligado a proveer de educación sexual y reproductiva plena, con acompañamiento permanente y generando las condiciones dignas económicas para que la decisión de tener o no un hijo sea por convicciones personales y no por carencias sustanciales. Permitir la interrupción legal del embarazo es tan urgente como una educación de calidad, cohesión social y familiar, indicadores de desarrollo humano alto y posibilidades de empleo y de estudio para todas y todos. Eso sólo se logrará con políticas públicas de calidad, visionarias y con una sociedad responsable, pero mientras los derechos son los derechos.

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