REGULAR LAS REDES POR INTELIGENCIA, NO POR DECRETO

Dice una frase popular que “las cosas hay que tomarlas de quien vienen”. En un escenario social como el que que vivimos en nuestro país que, incluso, muchos partidarios a la actual administración pública señalaron que nunca llegaríamos, cada acto, discurso o intención oficial nos acerca a los periodos más oscuros de la “dictadura” del partido hegemónico, en donde todo se censuraba, en donde todo se controlaba.

El Estado paternalista encabezado por el PRI, cuyos varios militantes de entonces son los que mandan hoy, podría manifestarse como una venezuelización que muchos acusaban y rehuían, mientras otros aseguraban que era una tontería pensar en eso. No nos confundamos, un régimen como el de Chávez y ahora Maduro, es un simple juego de rabietas frente al cálculo y perversión de Díaz Ordaz, Echeverría, De La Madrid, Salinas y hasta del inepto de López Portillo.

EL NUEVO PRI

No sólo por las formas, el cinismo y las ideas anquilosadas nos podemos ver detenidos en esos tiempos, sino que el origen de quienes hoy gobiernan está ahí, en el dinosáurico PRI, que hoy perdió su rojo intenso para adquirir uno un poco más guinda, más sombrío pues. De esa generación es el Presidente, ahí se educó, es contemporáneo y cuidador del pasado. De la misma manera, de ese viejo PRI surgieron los jóvenes del dinosaurio, los bebés priístas que, por la dinámica política, ahora están en otros partidos, incluyendo, desde luego, MORENA. Así, el viejo priísta más priísta de todos es Andrés, pero el ejemplo del retoño de esa generación que es más tricolor que el propio Presidente actual de ese partido – que es más pro AMLO que nadie – es uno que habla, camina, siente y legisla como priísta: Ricardo Monreal.

Don Ricardo se dice constitucionalista – a donde se presenta, antes de decir su segundo apellido, se adjudica el mote de “constitucionalista” – porque, en el fondo de su ser, cree que sabe Derecho Constitucional cuando su actuar nos asegura que no conoce el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como en los abogados dicen que es más importante parecer que ser, Monreal se hace acompañar de un séquito en el que todos dicen ser constitucionalistas – algunos hasta han estudiado esa especialidad en la UNAM, se los juro – pero que, lo más cercano a ello, es que caminan orondos con su constitución bajo el brazo, con pasquines zapatistas en la mano pero con Don Porfirio en el corazón. Todos esos mini asesores, se dicen, como su jefe, especialistas en la materia, cuando lo suyo lo suyo es la grilla…especialidad de su jefe.

LO QUE USTED DIGA SEÑOR PRESIDENTE

Con ese enorme preámbulo es que vuelvo a que “las cosas hay que tomarlas de quien vienen”. La ignorancia supina, la soberbia desmedida y el hambre de poder – que en su caso siempre se sacia con poco, como cuando su berrinche por no obtener la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX, le duró dos semanas en lo que le ofrecían un huesito mediano – llevaron a este legislador a manifestar su intención de regular las redes sociales en su papel de policía malo, mientras que su jefe, el Presidente, le hacía al bueno negándose a que “los medios de comunicación se censuren”.

Así, unos días después de la cancelación de la cuenta de Twitter del ex Presidente Donald Trump y de los informes de esa red social que achacaban que los aplaudidores del sistema eran bots, por lo menos en un 50 por ciento, se pusieron manos a la obra para regular las redes sociales y “salvaguardar el derecho a la libertad de expresión”. Esa propuesta la subió en su página personal y, como vio que el camino no era sencillo, la matizó diciendo que era una propuesta discutible y que no la presentaría ante el Senado aún.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

De la propuesta nos ocuparemos de forma sencilla más adelante porque ni sustento, ni buenas intenciones tiene. La podemos reducir a demagogia, enredos y control, nada más. Pero antes de mencionar los grandes rasgos de esa propuesta, hagamos un preámbulo con base en dos cosas que parece que ni el proponente ni sus asesores revisaron: tratados internacionales y la Constitución de nuestro país.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – también llamado Pacto de San José – señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Y lo relevante es que nos dice que este derecho no puede estar sujeto a censura pero sí a responsabilidades ulteriores porque se debe asegurar el respeto a los derechos y reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicos, además que prohíbe propaganda “en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Eso, además con la advertencia, sobretodo para los Estados, de no poder restringir este derecho por controles excesivos en medios o aparatos que se usan para materializar ese derecho.

DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN…CONÓZCALOS, SE LOS PRESENTO

Esta regulación internacional se ve reflejada en nuestra Norma Suprema que, en sus artículos 6º y 7º prescribe todo lo relacionado sobre libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales. El 6º establece “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”, mientras que el 7º nos repite lo relativo a la censura en tanto que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”

De ambas disposiciones que tratan un derecho fundamental como es la libertad de expresión obtenemos dos elementos: es un derecho manifestar una opinión, sin embargo tiene límites, es decir, el que podamos expresarnos no implica que afectemos a terceros o alteremos el orden público; por otro lado, las libertades tienden a ampliarse, no a restringirse, por lo que la excesiva regulación y control gubernamental es un contrasentido.

REGULAR LO REGULADO

Este deseo de regular sobre lo ya regulado es un absurdo. Así como pasa con la reciente reforma fiscal en materia de servicios digitales – Uber, Didi, Airbnb, Netflix – en la Ley del IVA y en la Ley del ISR, cuando ya estaba regulado en función de una interpretación de establecimiento permanente y fuente de riqueza, hoy se quiere normar la libertad de expresión cuando ya tenemos instituciones y mecanismos como el INAI o PROFECO, que bien podrían actuar al respecto.

Esta propuesta de reforma morenista surge, supuestamente, de la intención de permitir la libre expresión de las ideas sin incitar a la violencia, al odio, al racismo lo cual, como ya vimos, se regula actualmente a nivel Convenio Internacional y Constitución. Reiterar en una reforma que no se puede afectar derechos de terceros o difamar o amenazar nos hace pensar en que si en el escenario cotidiano real, es decir, fuera de las redes sociales esas actitudes no están permitidas e, incluso, ya están castigadas por las leyes vigentes, qué nos haría pensar que debemos tener una ley especial en materia de redes sociales para reiterar derechos que ya están en la Constitución y leyes vigentes. Si yo no puedo violentar a un menor de edad en persona, por radio, por televisión, no es porque haya una ley especial en esos casos que lo señale, sino porque hay leyes generales que castigan ese comportamiento en todos lados.

PARA QUÉ LEGISLAR SI SE PUEDE CENSURAR

Volviendo a la absurda propuesta presentada por el legislador morenista habría que destacar varios puntos de la misma – la  cual, reiteramos, surge después de la cancelación de la cuenta de Twitter de Trump, los informes de la existencia de bots, la cancelación de esas cuentas y otras que agreden en la red, y las advertencias al propio Presidente por emitir información falsa o no precisa – para que tengan una idea de qué va:

  • La reforma es a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cual contraviene a lo que vimos respecto a la imposibilidad de restringir por medio de uso de espectros, redes, papel o cualquier otro medio para la difusión de ideas. Es decir, a todas luces es una reforma autoritaria, restrictiva y de censura.
  • La reforma no toca a la Constitución ni a Leyes que protegen los datos personales, el acceso a la información, los derechos de usuarios de una red privada o, incluso, al Código Penal por el tipo de sanciones que podrían existir mediante el trabajo de la policía cibernética.
  • Define lo que son el servicio de redes sociales y las redes sociales relevantes – aquellas con más de un millón de usuarios.
  • La joya de la corona es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dará autorización o no a las empresas para prestar el servicio de redes sociales. No dice que requisitos se necesitan por lo que aprobación pinta para ser discrecional, lo cual levantará muchas suspicacias.
  • Para cancelar contenidos o cuentas, las redes sociales deberán demostrar algunos de los supuestos enlistados – afectar derechos de terceros, incitar al odio, afectar a menores, emitir noticias falsas, se revelen datos personales -, sí los que ya están en leyes vigentes y en los términos y condiciones de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera.
  • Debe haber un proceso para que las personas a quienes se cancelen sus cuentas puedan impugnar ante la red social y, si la resolución no es favorable, hacerlo ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien debe resolver en un plazo de tiempo muy corto. Ello implicará muchos recursos humanos, financieros y técnicos que no tenemos ni para mantener un servicio eléctrico de calidad.
  • Las sanciones van – igualmente sin reglas que dejan la puerta abierta a la discrecionalidad – de 1 a 1 millón de Unidades de Medida y Actualización – es decir, al precio de hoy, de 89.62 a 89 millones 620 mil pesos -, por lo que un mal día del Presidente con una llamada al IFETEL podría darle un pellizquito a Twitter de casi 100 millones de pesos.

Y SÍ, URGE ACOMODAR LAS REDES SOCIALES

No se trata de no regular las redes sociales, se trata de hacerlo bien, de esclarecer procedimientos y de abrir la discusión a todos los sectores. Ya que si bien las redes sociales tienen términos y condiciones que se apegan a la legislación de los países, existen alcances que meta regulados, es decir, con un marco general al que deban apegarse los dueños de estas redes, puedan generar un marco de protección adecuado y con mecanismos de protección eficaces. Requerimos responsabilidad de las empresas que cuentan con esas redes y de mecanismos de protección eficaces pero sin dejarles abierta la puerta a la discrecionalidad a fin de ocupar esos espacios como instrumentos políticos. La coordinación con la policía cibernética es fundamental para inhibir conductas agresivas que se acercan a las amenazas serias.

Legislar desde el descontento, el berrinche o la presión política, no es de un estadista, sino de un pequeño político que busca agradar al Virrey para que su camino político de promesas prevalezca. Estudiar implica más que aparentar y sí ya compramos el cuento del ilustre constitucionalista zacatecano, es momento de revisar la Constitución a fondo con la obligación también de conocer el contenido de tratados y convenciones internacionales, de tal manera que las intervenciones del constitucionalista dejen de ser referentes a biografías de legisladores, fechas de las reformas y datos curiosos porque ser constitucionalista no es igual a ser historiador. En este país hace falta legislar aspectos novedosos como las redes sociales, pero se necesita legislar bien, a través de estudio del estado actual de las cosas para ver qué falta y sobretodo para evitarnos pifias normativas.

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