MAYORÍAS CRÍTICAS, NO SERVILES

Hace ya casi 7 años, por medio de una recomendación, me invitaron a trabajar al Congreso de la Unión, específicamente al Senado de la República. Como antecedente a ese trabajo, unos 4 años antes ya había estado en el Poder Legislativo pero en la Cámara de Diputados como meritorio en el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria, en el que, a grandes rasgos, se hacían análisis de leyes y circunstancias susceptibles de legislarse, así como resolver consultas de las y los legisladores.

Gran parte de mi aprendizaje jurídico está ahí, en ese poder, donde sólo se aprende en la práctica, ya que la convergencia de los diferentes intereses políticos hace que la norma se algo así como un bonito souvenir que se regala a quienes forman parte de la Cámara de Diputados o el Senado de la República.

Parte de la magia de estar en ese sitio es que, al menos de manera inicial, impacta ver a figuras de renombre en la política que usualmente vemos en los medios de comunicación. Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Roberto Gil Zuarth, Diva Gastélum, Alejandro Encinas, Manuel Bartlett, Miguel Ángel Osorio Chong, Ricardo Monreal, entre otros, brillan por su presencia, su conocimiento político y por la presión permanente de agradar a quien los puso ahí.

LA CAPACIDAD CUESTIONADA

Con el paso del tiempo, esa admiración se convierte en un juicio más desapasionado porque se vuelve algo de todos los días y porque aprende uno a conocer las deficiencias de quienes uno pensaba que su capacidad los había llevado ahí. De entrada, conforme a lo que viví, en la legislatura pasada de los 128 integrantes que conforman el Senado de la República, sólo el 10 o el 15 por ciento eran rescatables por su capacidad jurídica o política, el resto eran simples “levanta dedos”. En la legislatura actual la situación está peor porque, sin duda, podríamos reducir esa proporción a la mitad.

Otro aspecto relevante es que aún con Constitución y Reglamento en mano, muchas de las previsiones que contiene la norma son anuladas por los llamados acuerdos parlamentarios. El artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de un órgano que tienen ambas cámaras, la llamada Junta de Coordinación Política, la cual está conformada por los coordinadores parlamentarios – también llamados líderes de las bancadas conformadas por los partidos – cuyo fin es “impulsar entendimientos y convergencias políticas”.

En términos ciudadanos y, con base en la experiencia, la JUCOPO acuerda cosas a su conveniencia atendiendo a sus tiempos y sus intereses, por lo que, por ejemplo, si una ley los obliga a conformar un grupo plural dentro de los 180 días posteriores a su publicación, se les pasa el tiempo en grillas y, entonces, emiten un acuerdo de la JUCOPO en el que, evidentemente, todos los partidos están conformes, alargando el plazo al doble o al triple.

En ese sentido, si como abogados hiciéramos un análisis de muchas leyes o disposiciones normativas, podríamos alegar vicios en el proceso legislativo y pedir que esa ley sea declarada inconstitucional. Lamentablemente, muchos de esos acuerdos y entendimientos en la cúpula no son del dominio público.

¿MAYORÍAS O NO MAYORÍAS?

Además del manejo discrecional de la norma, quiero enfocarme en un tema que apenas tocamos en una entrega anterior: la conformación de las mayorías en el Congreso.

Por su naturaleza, el Congreso de la Unión ostenta la representatividad del pueblo en la Cámara de Diputados y de las entidades federativas en el Senado de la República. La intención, al menos formalmente, de que existan diversos partidos políticos es la pluralidad de posturas respecto de visiones de la administración de un país. La derecha, izquierda, centro y otras mini posturas se supone que están representadas en el Congreso por lo que, hacer un Congreso plural podría generar una discusión de los temas álgidos logrando acuerdos, matizando posturas, cediendo en deseos y logrando una normatividad más inclusiva.

En la realidad, sabemos que tenemos legisladores con muy pocos argumentos, inteligencia emocional e imaginación sociológica, sin embargo, el conformar una Cámara sin mayorías absolutas, por lo menos, orillará a que los partidos cedan en sus intereses y no se aprueben las reformas que el Titular del Ejecutivo pida a modo.

MAYORÍA SIMPLE Y MAYORÍA CALIFICADA

Ahora bien, tenemos dos tipos de mayorías: la mayoría simple y la mayoría calificada. La primera de ellas es cuando, para aprobar alguna reforma se requiere del 50 por ciento de los legisladores presentes más uno, lo cual, generalmente ocurre en los casos de leyes secundarias. La segunda es la que requiere un porcentaje especial de votación y, en el caso de nuestro país, se logra con el voto de, por lo menos, dos terceras partes de los legisladores presentes, lo cual se requiere en asuntos trascendentes, por ejemplo, las reformas a la Constitución.

Haciendo hincapié en estas reformas a la Constitución, la nuestra, al menos teóricamente, se dice que es rígida atendiendo a que, para su modificación, no se requiere el proceso legislativo ordinario, sino que se necesita que se apruebe por mayoría calificada en ambas Cámaras.

NO ES REFORMAR POR REFORMAR

Particularmente, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

Esto quiere decir que, cuando se presenta una iniciativa de reforma a la Constitución debe ser aprobada en la Cámara de origen – supongamos, Diputados – por dos terceras partes de los legisladores presentes que, si consideramos que asisten los 500 – lo que pasa cada vez que se alinean Júpiter, Saturno, Plutón, Marte, la Tierra y el conejito de la nuestra Luna aparece comiendo una zanahoria – necesitaríamos 334 votos a favor. Después, aprobada, se remite a la Cámara revisora, es decir, Senado de la República y esté debe aprobarlo igualmente por dos terceras partes que, si acuden los 128 legisladores a la sesión se requieren 86 votos. Una vez que lo apruebe la Cámara revisora se envía a los 32 Congresos locales, de los cuales, como la Constitución sólo señala que deberá aprobarse por la mayoría de los Congresos sin señalar que es calificada, sólo se requiere que 17 congresos locales la aprueben. Preciso señalar que ya en cada congreso local se tienen reglas en su constitución estatal para determinar si para aprobar esas reformas requieren mayoría simple o calificada.

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PUEDE CAMBIAR EL RUMBO

Pero ¿por qué tanto interés en no generar mayorías que impacten en la Constitución? Es simple, doctrinalmente se dice que la constitución es una norma programática, lo cual significa que en ella se plasman las normas que reflejan valores ideológicos o políticos que dan sentido a la organización de una sociedad determinada, por ejemplo, en materia económica, por lo que su cambio puede impactar seriamente en la vida de los gobernados. Una reforma de este calibre puede generar cambios significativos en nuestros derechos y obligaciones, de ahí la relevancia de elegir bien a nuestros representantes y no dar mayorías calificadas para que pretendan tener carta abierta que afecte nuestras vidas, además de impulsarlos a generar acuerdos y considerar todas las visiones en un país tan diverso como el nuestro.

Desde luego, en materia electoral existen fórmulas para evitar la sobrerrepresentación, es decir, que un partido obtenga más diputados que el porcentaje de votos emitidos topándolo, por ejemplo en la Cámara de Diputados, a un máximo de 300 diputados, lo cual, evidentemente, no les daría una mayoría absoluta. Sin embargo, es importante generar en la educación de todos los niveles una cultura política que permita atender la información relacionada con la vida pública del país, de tal manera que conozcamos los bloques de partidos y evitar que entre los partidos aliados obtengan un número de legisladores que equivalga a mayoría calificada.

El voto que se ejerce como un derecho debe ir más allá de nombres y colores. La urgente necesidad de entender la política nos dará elementos para analizar los alcances reales de nuestro sufragio y el impacto que, queramos o no, va a tener en nuestros trabajos, nuestras familias y nuestra economía.

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