VACUNACIÓN EN EL AIRE

Llevamos ya más de un año sumergidos en una pandemia que nos ha robado la tranquilidad por todos lados. La salud, la economía, las relaciones sociales y hasta la política se han visto golpeadas severamente por una etapa que pensamos que bastarían dos meses para superarla y que hoy tiene varios al borde de los trastornos mentales.

El rayito de luz en estas tinieblas se ha materializado en varias vacunas diseñadas por diversos laboratorios en el mundo, generando que la zozobra se convierta en paciente espera. Espera que se ha dado desde nuestro confinamiento, en playas abarrotadas de personas que aseguran que su consumo etílico los salvará del virus o en plazas comerciales con filas interminables que presumen de sana distancia de 25 centímetros y uso del cubrebocas a media nariz.

La irresponsabilidad ciudadana y la ineptitud institucional formaron la pareja ideal para bailar al ritmo de a muertes. Cientos de miles de decesos en todo el país ponen de punta los nervios de cualquiera, sobretodo porque la esperanza que representaba la vacunación se ha ido diluyendo con las semanas debido a que el objetivo de vacunación en cuanto a número no se ha logrado, en buena medida, debido a la falta de vacunas, ya que la adquisición o no se dio o no se firmó.

AHÍ LES VA EL AIRE

Como cereza sobre el pastel, en últimos días, se han documentado al menos casos en todo el país, en los que el personal que administra las vacunas ha simulado inyectar la sustancia en la jeringa, ya sea porque no aprietan el émbolo o porque al interior de la jeringa no se encuentra más que la sustancia principal de las papas Sabritas: aire.

Estos eventos tan desafortunados causaron una rección iracunda por parte de la población que entiende que, además de la tardanza en la vacunación, se jugaba con la vida de adultos mayores de forma por demás grave. Las consecuencias fueron de todo tipo: desde la remoción de la responsable de tan ruin acto, la suspensión de sus labores, la promesa de hacer exámenes a las y los afectados para que, en caso de no contar con anticuerpos, volver a inocularlos, entre otras cosas.

Desde luego, en ese escenario nos quedan dudas que habrán de resolver las autoridades como: si la decisión de simular la vacunación fue de esas personas o si sólo recibían órdenes; o cuál podría ser el destino de esas vacunas que no se utilizaron; o, incluso, si habría una sanción penal en caso de que alguna de las personas engañadas perdiera la vida.

IATRO… ¿QUÉ?

Esto nos lleva a pensar en lo que se conoce como iatrogenia, la cual es entendida como la alteración a la salud del paciente proveniente de la atención médica, es decir, puede ser por una praxis directa del galeno o, incluso, por los medicamentos recetados por este. Esto, en términos amplios, se puede considerar que el resultado en el estado de salud puede ser bueno o malo, sin embargo, la iatrogenia está más vinculado a un daño en la salud de las personas teniendo como causante al propio médico, englobándolos algunos autores a lo que se llamaría iatropatogenia.

Este sentido negativo Octavio Casa Madrid lo ha clasificado a los casos que descansan en una parte clínica que propicia una intervención negativa necesaria o innecesaria por lo que no tiene alcances legales. Por su parte, la médico-legal si tiene componentes que en las legislaciones se engloban en la mala praxis que implica responsabilidad profesional debido a que ya se encuentra la negligencia, la impericia y la imprudencia.

Ahora bien, acercándonos al tema legal, la impericia, la negligencia o la imprudencia, son la causa de que, en muchos casos, exista algún tipo de responsabilidad profesional de parte del médico.

LA VIDA EN SUS MANOS

Desde luego que estamos tomando como base la labor médica debido a que, lamentablemente, la labor tan importante que realizan día con día se encuentra al filo del error como en otras profesiones, con la diferencia que un error médico puede ocasionar la muerte o la pérdida de alguna función orgánica, sin embargo, todos los que leemos esto, o la gran mayoría, dentro de nuestra labor como profesionistas o técnicos, conllevamos una responsabilidad en el ejercicio de nuestras funciones, por lo que también podemos incurrir en responsabilidad más allá de la contractual, debido a que las fallas por imprudencia, negligencia o impericia, pueden ser cometidas por cualquier persona.

RESPONSABLES POR TRES

Volviendo a las responsabilidades, tenemos que existe la administrativa, la civil y la penal.

La primera de ellas aplica para quienes son servidores públicos e implica infringir las disposiciones legales y reglamentarias que señalen obligaciones para quien preste un servicio público, lo cual tiene mucho que ver con el sector médico, ya que muchas y muchos profesionistas de la salud ejercen en instituciones del sector público. Derivado de ello, las sanciones por inhabilitación o separación del cargo se establecen directamente en esos preceptos.

La responsabilidad civil está directamente vinculada con el hecho de que, en su actuar, el profesionista provoque un daño, ya sea este intencional o no, al cliente o, volviendo al caso de las vacunas, al paciente. Esta responsabilidad se encuentra regulada en el Código Civil Federal y en el Código de Procedimiento Civiles para que, a través de una demanda, exista una reparación del daño moral o patrimonial causado. Pero para que esto se configure, además del daño, debe haber alguien causante del daño ya sea por dolo (de forma intencional) o de forma culposa (sin la intención de hacerlo pero resultado de, como dijimos, imprudencia, negligencia o impericia) y, adicional a ello, debe haber un nexo causal entre el hecho y el daño.

Es preciso señalar que, además de la vía jurisdiccional que implica la demanda en materia civil, este tipo de circunstancias, en el caso de los médicos, puede tratarse mediante conciliación y arbitraje que provee la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

DE BLANCO A CAQUI

Finalmente, la responsabilidad penal implica que la acción u omisión del profesionista o técnico se encuentra tipificada o contemplada como un delito. Aquí la materia penal sale a la cancha porque se entiende que se lesiona un bien jurídico fundamental para el desarrollo de una persona que, en el caso de los médicos, se manifiesta en una función psicofísica o la propia vida.

La dimensión en materia penal cuenta con el interesante aspecto consistente en que refiere que, además de las sanciones penales previstas en las leyes especiales como la Ley General de Salud, por ejemplo, o en cualquier otra disposición legal que regule el ejercicio de una determinada profesión, se les impone dos sanciones más de forma precisa en el Código: por un lado, la suspensión en el ejercicio de su profesión y, por otro lado, la obligación de reparar el daño causado. Para mayor claridad dejo el contenido del artículo 228 del Código Penal Federal:

Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio profesional, en su caso:

I.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia; y

II.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquéllos.

CON TÍTULO  PERO VULNERABLES

Los dos artículos subsecuentes se refieren de forma particular a las sanciones que se harán acreedores los médicos que abandonen en su tratamiento al paciente y a los encargados de centros de salud cuando impidan que un paciente salga de sus instalaciones bajo el pretexto de adeudos con ese hospital. Por su parte, los artículos 231, 232 y 233 del Código señalan las sanciones a que se harán acreedores los abogados, patronos y litigantes ante la comisión de ciertas conductas.

Este tipo de circunstancias sirven para clarificar que, sin importar nuestra profesión, en el desempeño de la misma tenemos obligaciones que cumplir o, en caso de no ser así, hacerse acreedores sanciones derivadas de las responsabilidades que comentamos. Contadores, abogados, arquitectos, técnicos industriales, técnicos mecánicos, ingenieros y muchas otras profesiones pueden llegar a cometer delitos derivado no sólo de la intención o dolo, sino que la culpa con las características de negligencia, imprudencia o impericia, pueden llegar a acarrearnos muchos problemas.

En el caso preciso del personal involucrado en la aplicación de aire en las vacunas, es importante llegar a una investigación profunda que permita dilucidar el alcance de su responsabilidad e, incluso de sus jefes, a fin de sancionar de forma ejemplar en caso de responsabilidad de cualquier tipo y evitar que en una circunstancia tan grave para la humanidad prevalezcan estas conductas.

¿NO QUE MUY “LIÓN”?

Desde hace buen tiempo, con la viralización de imágenes en las redes sociales en el que las noticias vuelan como nunca antes, nos encontramos con escenas de todo tipo: desde las más graciosas que nos sacan carcajadas, pasando por los videos de superación donde basta decir “quiero ser rico” para allegarse de abundancia y, dese luego, aquellas mórbidas llenas de violencia que causan no sólo atención sino, en ocasiones indignación.

LOS VIDEOS DE LA SATISFACCIÓN

Respecto de éstas con carga virulenta, me he encontrado con varias en las que una persona o grupo de personas que están siendo víctimas de un delito – robos a mano armada generalmente –, se defienden de sus victimarios propiciando que la gente, enardecida, los golpee hasta casi causarles la muerte, los atropelle o, incluso, como han relatado en notas periodísticas, accionen armas de fuego en su contra.

Lo auténticamente interesante son los comentarios de esas publicaciones. De hecho, he de confesar que, en muchas publicaciones cómicas, de política, de crítica a algún tema y de estos casos, me gusta husmear más en los comentarios que en la imagen o texto principal en sí, ya que en esas participaciones se revela un poco el sentir de la gente, y de uno que otro enfermo, respecto a temas de trascendencia nacional en donde uno puede hasta vislumbrar como se van a poner las elecciones.

Particularmente, en los casos donde la ciudadanía se hace “justicia por su propia mano”, los comentarios suelen reflejar una satisfacción profunda ante el sufrimiento de los delincuentes que les salió el tiro por la culata y pasan de ser victimarios a víctimas de sus propias tropelías que vulneran a la población, además, que menos tiene. La enorme mayoría de esos comentarios reflejan una satisfacción bastante interesante, ya que disfrutan no sólo que se frustre el delito, sino que los delincuentes obtengan “su merecido en un país donde el gobierno no nos protege”.

“AY, YA DÉJENLO, NO SEAN SALVAJES, TAMBIÉN ES HUMANO”.

Desde luego, también existen comentarios con cierta consideración para el asaltante apelando a la legalidad, exigiendo que en casos así se debe presentar ante las autoridades correspondientes. Otro sector, el que más me llama la atención, es el de aquellos que debaten sobre si lo conseguido por las víctimas se justifica dentro del marco de lo que se le llama coloquialmente “actuar en defensa propia”.

Este concepto de “defensa propia” en realidad se ubica dentro del Derecho Penal y se le denomina “defensa legítima”. A este aspecto no se le puede minimizar en sus alcances, ya que de ello depende que, por justicieros, tengan que pasar el trago amargo de ser acusado del delito de lesiones o, en el peor de los casos, homicidio. De hecho, para los ojos de la ciudadanía, el que un delincuente muera en manos de su víctima o, incluso, de miembros de policía parece ser lo más justo, sin embargo, como todo en el derecho penal, debe ser analizado dentro de sus particularidades.

LA DEFENSA LEGÍTIMA NADA PROPIA

A pesar de que la figura de la defensa legítima se encuentra regulada en prácticamente todos los códigos penales de las entidades federativas, esa figura no merece ni un capítulo o artículo propio, sino que se circunscribe a lo que se le denomina causas de exclusión del delito. Y, para mayor claridad veamos lo que nos señala el Código Penal Federal en su artículo 15, fracción IV:

Artículo 15.- El delito se excluye cuando:

IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

De esta redacción jurídica debemos considerar, en primer lugar, que la defensa legítima no es una forma de actuar que permita la ley en cualquier caso, sino que, cuando ocurran ciertas circunstancias, la persona puede actuar de tal manera que, a pesar de obtener un resultado que en cualquier otro caso seria un homicidio, lesiones u otro delito, le permita salvaguardar su integridad, la de sus posesiones o la seguridad de la persona sobre la que tenga deber de cuidado.

LOS ELEMENTOS

Desentrañando la fracción citada tenemos que, como primer requisito para actuar en defensa legítima, se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho. Es decir, que una persona o grupo de ellas nos dañe o pretenda dañarnos sin lugar a dudas de que eso va a suceder e, incluso, que pretenda llevar a cabo esa acción sin que una ley lo señale. De ahí que ante la detención que haga de nosotros un policía no podemos golpear y huir alegando defensa legítima, dado que el policía, en cumplimiento de sus funciones y con una orden de por medio, puede detenernos.

Otro elemento, señala, es que se da en protección de bienes propios o ajenos siempre que exista necesidad de defendernos, por lo que, el militar que se encuentra en un camión y, aunque no le roben a él, puede actuar en contra de los asaltantes porque se está afectando a los demás pasajeros, razón por la cual, acciona su arma de cargo matando o hiriendo a los perpetradores de la agresión.

Cuando nos señala que debe haber racionalidad de los medios empleados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las interpretaciones a este artículo y los de los estados que se refieren a las excluyentes, nos señala que se refiere, por un lado, a que el medio empleado para repeler la agresión sea el adecuado y, al mismo, tiempo tener la capacidad suficiente para entender las consecuencias, ya que lo que se busca no es matar al delincuente sino repeler la agresión.

En este sentido, desentrañando casos específicos ocurridos, así como interpretaciones de legislaciones locales, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la racionalidad es una característica de las personas que le permitan determinar si la forma de eludir el ataque puede ser huyendo, sólo golpeando al agresor, hiriéndolo o privándolo de la vida. Esa racionalidad, por ejemplo, nos permite dilucidar en ese momento si con un disparo es suficiente para que se evada la agresión o, sí por la zona del disparo y la disponibilidad del arma del delincuente que pudiera accionarla contra nosotros, es necesario otro disparo. Esta circunstancia, en algunos casos, genera que no se admita la defensa legítima de una persona en estado de ebriedad al no tener la conciencia de qué es lo racional en esos casos.

Otro elemento es el que no medie provocación dolosa del agredido o la persona que se defiende, es decir, no debe haber antes del inminente ataque que buscamos repeler, una acción nuestra o de nuestro defendido que haga que suceda esa agresión inminente como sucede en un incidente de tránsito, por ejemplo.

SIN PASEAR EL CUETE POR FAVOR

El segundo párrafo de esta fracción se refiere a cuando se causa daño a la persona que trate de penetrar o lo haga sin derecho a nuestro hogar, al de nuestra familia o al de la persona o bienes que tenemos que defender. Esto se circunscribe sobre todo a la posibilidad de portar armas por cualquier ciudadano. Aún cuando podamos tratar ese tema en otro momento, esta disposición nos deja claro que la posesión de un arma, además del calibre permitido, se da sólo para que se tenga en casa y no en nuestro bolsillo a cada momento del día, ya que su función es coadyuvar a la defensa legítima.

SIN DERECHO PARA MATAR

Así, la defensa legítima, jurídicamente hablando, no suele verse como un derecho, sino como una excluyente de que nos acusen de un acto ilícito siempre y cuando se cumplan estos requisitos. En esa lógica, la defensa legítima en el caso de aquel asaltante de combi al que los pasajeros lo desarmaron y lo golpearon al borde de la muerte podría ser considerada como no racional en el entendido que la interpretación jurisprudencial ha incluido dentro de la racionalidad que la defensa debe ser proporcionada, por lo que, en este caso, al golpearlo unas cuantas veces y dejarlo ir del vehículo el peligro desaparecería, por lo que golpearlo tumultuariamente hasta la inconciencia rebasa los alcances de la legislación penal.

O en los casos en que, después del asalto se busca al delincuente para matarlo, tampoco estaríamos hablando de defensa legítima porque la Corte ha dicho que cuando el ataque y el peligro que podría generar una reacción defensiva haya sido consumado tampoco es legítima defensa, razón por la cual estos videos donde los vehículos atropellan a sus asaltantes metros después de haber sido despojados, podría no entenderse como legítima defensa a menos que tenga esa persona abogados capaces como los de IRKA ARVE, consultora de soluciones jurídicas, S. de R.L. de C.V., que hagan un razonamiento profundo que demuestre que hasta en esos casos es legítima defensa.

De esa manera, la defensa legítima en un país tan violento como el nuestro se está volviendo cosa de todos los días poniendo en tela de juicio al concepto de justicia, ya que en manos de los jueces que no pueden desprenderse del elemento subjetivo, podrían dejar pasar muchas conductas por defensa legítima aunque se cuestione la existencia de los elementos necesarios para que se considere como tal, ya que en una situación así donde, además, el estado de conciencia se encuentra alterado, la gente trae más que pertenencias en sus mochilas, sino que posee, en su cabeza, rencores sociales y hartazgo contra la ineficiencia de las autoridades encargadas de la persecución y administración de justicia. En un país de impunidad absoluta se aplauden y se piden cada vez más justicieros anónimos.

MAYORÍAS CRÍTICAS, NO SERVILES

Hace ya casi 7 años, por medio de una recomendación, me invitaron a trabajar al Congreso de la Unión, específicamente al Senado de la República. Como antecedente a ese trabajo, unos 4 años antes ya había estado en el Poder Legislativo pero en la Cámara de Diputados como meritorio en el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria, en el que, a grandes rasgos, se hacían análisis de leyes y circunstancias susceptibles de legislarse, así como resolver consultas de las y los legisladores.

Gran parte de mi aprendizaje jurídico está ahí, en ese poder, donde sólo se aprende en la práctica, ya que la convergencia de los diferentes intereses políticos hace que la norma se algo así como un bonito souvenir que se regala a quienes forman parte de la Cámara de Diputados o el Senado de la República.

Parte de la magia de estar en ese sitio es que, al menos de manera inicial, impacta ver a figuras de renombre en la política que usualmente vemos en los medios de comunicación. Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Roberto Gil Zuarth, Diva Gastélum, Alejandro Encinas, Manuel Bartlett, Miguel Ángel Osorio Chong, Ricardo Monreal, entre otros, brillan por su presencia, su conocimiento político y por la presión permanente de agradar a quien los puso ahí.

LA CAPACIDAD CUESTIONADA

Con el paso del tiempo, esa admiración se convierte en un juicio más desapasionado porque se vuelve algo de todos los días y porque aprende uno a conocer las deficiencias de quienes uno pensaba que su capacidad los había llevado ahí. De entrada, conforme a lo que viví, en la legislatura pasada de los 128 integrantes que conforman el Senado de la República, sólo el 10 o el 15 por ciento eran rescatables por su capacidad jurídica o política, el resto eran simples “levanta dedos”. En la legislatura actual la situación está peor porque, sin duda, podríamos reducir esa proporción a la mitad.

Otro aspecto relevante es que aún con Constitución y Reglamento en mano, muchas de las previsiones que contiene la norma son anuladas por los llamados acuerdos parlamentarios. El artículo 31 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de un órgano que tienen ambas cámaras, la llamada Junta de Coordinación Política, la cual está conformada por los coordinadores parlamentarios – también llamados líderes de las bancadas conformadas por los partidos – cuyo fin es “impulsar entendimientos y convergencias políticas”.

En términos ciudadanos y, con base en la experiencia, la JUCOPO acuerda cosas a su conveniencia atendiendo a sus tiempos y sus intereses, por lo que, por ejemplo, si una ley los obliga a conformar un grupo plural dentro de los 180 días posteriores a su publicación, se les pasa el tiempo en grillas y, entonces, emiten un acuerdo de la JUCOPO en el que, evidentemente, todos los partidos están conformes, alargando el plazo al doble o al triple.

En ese sentido, si como abogados hiciéramos un análisis de muchas leyes o disposiciones normativas, podríamos alegar vicios en el proceso legislativo y pedir que esa ley sea declarada inconstitucional. Lamentablemente, muchos de esos acuerdos y entendimientos en la cúpula no son del dominio público.

¿MAYORÍAS O NO MAYORÍAS?

Además del manejo discrecional de la norma, quiero enfocarme en un tema que apenas tocamos en una entrega anterior: la conformación de las mayorías en el Congreso.

Por su naturaleza, el Congreso de la Unión ostenta la representatividad del pueblo en la Cámara de Diputados y de las entidades federativas en el Senado de la República. La intención, al menos formalmente, de que existan diversos partidos políticos es la pluralidad de posturas respecto de visiones de la administración de un país. La derecha, izquierda, centro y otras mini posturas se supone que están representadas en el Congreso por lo que, hacer un Congreso plural podría generar una discusión de los temas álgidos logrando acuerdos, matizando posturas, cediendo en deseos y logrando una normatividad más inclusiva.

En la realidad, sabemos que tenemos legisladores con muy pocos argumentos, inteligencia emocional e imaginación sociológica, sin embargo, el conformar una Cámara sin mayorías absolutas, por lo menos, orillará a que los partidos cedan en sus intereses y no se aprueben las reformas que el Titular del Ejecutivo pida a modo.

MAYORÍA SIMPLE Y MAYORÍA CALIFICADA

Ahora bien, tenemos dos tipos de mayorías: la mayoría simple y la mayoría calificada. La primera de ellas es cuando, para aprobar alguna reforma se requiere del 50 por ciento de los legisladores presentes más uno, lo cual, generalmente ocurre en los casos de leyes secundarias. La segunda es la que requiere un porcentaje especial de votación y, en el caso de nuestro país, se logra con el voto de, por lo menos, dos terceras partes de los legisladores presentes, lo cual se requiere en asuntos trascendentes, por ejemplo, las reformas a la Constitución.

Haciendo hincapié en estas reformas a la Constitución, la nuestra, al menos teóricamente, se dice que es rígida atendiendo a que, para su modificación, no se requiere el proceso legislativo ordinario, sino que se necesita que se apruebe por mayoría calificada en ambas Cámaras.

NO ES REFORMAR POR REFORMAR

Particularmente, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

Esto quiere decir que, cuando se presenta una iniciativa de reforma a la Constitución debe ser aprobada en la Cámara de origen – supongamos, Diputados – por dos terceras partes de los legisladores presentes que, si consideramos que asisten los 500 – lo que pasa cada vez que se alinean Júpiter, Saturno, Plutón, Marte, la Tierra y el conejito de la nuestra Luna aparece comiendo una zanahoria – necesitaríamos 334 votos a favor. Después, aprobada, se remite a la Cámara revisora, es decir, Senado de la República y esté debe aprobarlo igualmente por dos terceras partes que, si acuden los 128 legisladores a la sesión se requieren 86 votos. Una vez que lo apruebe la Cámara revisora se envía a los 32 Congresos locales, de los cuales, como la Constitución sólo señala que deberá aprobarse por la mayoría de los Congresos sin señalar que es calificada, sólo se requiere que 17 congresos locales la aprueben. Preciso señalar que ya en cada congreso local se tienen reglas en su constitución estatal para determinar si para aprobar esas reformas requieren mayoría simple o calificada.

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN PUEDE CAMBIAR EL RUMBO

Pero ¿por qué tanto interés en no generar mayorías que impacten en la Constitución? Es simple, doctrinalmente se dice que la constitución es una norma programática, lo cual significa que en ella se plasman las normas que reflejan valores ideológicos o políticos que dan sentido a la organización de una sociedad determinada, por ejemplo, en materia económica, por lo que su cambio puede impactar seriamente en la vida de los gobernados. Una reforma de este calibre puede generar cambios significativos en nuestros derechos y obligaciones, de ahí la relevancia de elegir bien a nuestros representantes y no dar mayorías calificadas para que pretendan tener carta abierta que afecte nuestras vidas, además de impulsarlos a generar acuerdos y considerar todas las visiones en un país tan diverso como el nuestro.

Desde luego, en materia electoral existen fórmulas para evitar la sobrerrepresentación, es decir, que un partido obtenga más diputados que el porcentaje de votos emitidos topándolo, por ejemplo en la Cámara de Diputados, a un máximo de 300 diputados, lo cual, evidentemente, no les daría una mayoría absoluta. Sin embargo, es importante generar en la educación de todos los niveles una cultura política que permita atender la información relacionada con la vida pública del país, de tal manera que conozcamos los bloques de partidos y evitar que entre los partidos aliados obtengan un número de legisladores que equivalga a mayoría calificada.

El voto que se ejerce como un derecho debe ir más allá de nombres y colores. La urgente necesidad de entender la política nos dará elementos para analizar los alcances reales de nuestro sufragio y el impacto que, queramos o no, va a tener en nuestros trabajos, nuestras familias y nuestra economía.

¡RÓMPANLO TODO!

Para quienes fuimos educados dentro de la visión de la universidad pública, las posturas de izquierda han sido las más abrazables en nuestra formación académica. Sin la comprensión de ninguna ideología a profundidad, pero con el sueño de un mundo mejor donde la igualdad reine por encima del maldito dinero, nos lanzábamos en los debates intramuros con una pasión que los propios Marx y Engels envidiarían.

La visión de las corrientes de izquierda en cualquier parte del mundo dentro del imaginario colectivo se refleja como posturas radicales, con gritos, consignas, violencia, furia, desazón y frustración por condiciones que el orden mundial ha permitido que existan a pesar de lo deleznable de ello.

Desde la Revolución Francesa o la Mexicana, hasta la Primavera Árabe de 2010 ocurrida en varios países musulmanes, las posiciones de igualdad recargadas a la izquierda, entendida como aquella que pugna por derechos sociales por encima de la individualidad encarnada, en su momento, por la monarquía y que después se traslado a la economía, se han caracterizado por su virulencia como último recurso ante la falta de resultados gubernamentales y de lo intransitables que son los cauces institucionales.

Lejos de colocarnos en una cuestión de posturas de izquierda o de derecho, el derecho a la libre manifestación de las ideas se ha utilizado tanto de forma legítima para reivindicar causas sociales como para simple politiquería que ensucia las manifestaciones honestas que buscan una solución a los problemas sociales. Cuando una manifestación se engloba en la política partidista automáticamente se ensucia y se cuestiona o, como en casos recientes, se trata de enmarcar manifestaciones legítimas en política para descalificarlas de entrada.

En nuestro país, los llamados partidos políticos de izquierda que funcionaron desde los años 80 hasta nuestros días carecen de legitimidad absoluta en sus manifestaciones que, han demostrado con el paso del tiempo, tener como única finalidad la obtención personal del poder.

EN FIN, LA HIPOCRESÍA

Las imágenes que nos vienen a la mente cuando recordamos a quien hoy forma parte de una presidencia institucional son aquellas violentas que se remontan a 1996 cuando el entonces reaccionario político maduro, con el rencor de haber formado parte del PRI casi toda su vida y haber perdido las elecciones de Tabasco en 1996, se manifestó bloqueando pozos petroleros en su estado natal con consignas, palos, sangre, bloqueos viales y provocando un detrimento serio a la producción de esos pozos. O en 2006, cuando sin importar la vida de una de las ciudades más convulsas del mundo, decidió bloquear la avenida principal autoproclamándose Presidente Legítimo en unas imágenes que envidiarían los escritores de Ensalada de Locos o La Carabina de Ambrosio.

Hoy el discurso revolucionario y contestatario se diluye de manera moderada o radical: en mis compañeros de la universidad basado en una falta de experiencia de vida, peor en el Presidente de una actitud comodina que radicaliza su discurso criminalizando las protestas contra su régimen y atribuyéndolo a sus adversarios políticos. En ocasiones la mente de algunas personas es tan pequeña y la conciencia tan pesada, que hasta la sombra es la más grande amenaza de nuestras vidas.

EL BORRACHO QUE SE CONVIRTIÓ EN CANTINERO

Las mujeres que le dieron muchos votos en las urnas con una confianza ciega en su probidad hoy ven la espalda de un mandatario ensimismado. Un mandatario que, a pesar que mucho de su trabajo político se tradujo en manifestaciones multitudinarias y privativas de vialidades y paz social, no objetó la llamada Ley Garrote impulsada por su partido y su amigo el Gobernador, en la cual, con reformas al Código Penal de esa entidad, se criminalizaba “Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” o “Al que impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de seis a trece años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”. Esto, hace 25 años hubiera mantenido al AMLO pendenciero al menos 6 años en prisión.

Pero como siempre hay un tweet, en el marco de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, los políticos que antes recriminaban al gobierno federal por cercar con vallas edificios públicos ante el temor de las violentas manifestaciones, llamándoles incluso autoritarios, hoy hacen mutis ante el garrote institucional que tiene amurallado Palacio Nacional demostrando no sólo traición a los ideales de izquierda en una causa justa, sino acobardándose ante el pueblo que dicen proteger.

SÓLO SÉPANLO

Como siempre se ha pedido, esta lucha es de ellas y no pretendo aleccionar respecto de un dolor que no estoy ni cercano de sentir porque socialmente no he sufrido lo que ellas, pero jurídicamente, cuando salgan acompañadas de pancartas, furia, frustración y miedo, sepan  que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y el 20 señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”.

Sepan que ese derecho se replica en el artículo 6º de nuestra Constitución Política al puntualizar que “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”, lo cual en conjunción con lo dicho en el artículo 9º respecto a que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.

Sepan que la interpretación de esos artículos habla de una amplitud de la libertad en la manifestación de las ideas pero que tienen límites, límites que incluso el progresista Gobierno de la CDMX ha limitado en la Ley de Movilidad prescribiendo en su artículo 212 establece que “Para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Ciudadana, con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma”, mientras que el subsecuente que sólo se “podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando séala única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea”.

Sepan que, además, cuando se transgreden algunos límites legales existen implicaciones penales como la señalada en el artículo 397 del Código Penal Federal cuando existe daño en propiedad ajena o el 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, respecto el daño o destrucción de monumentos. Sepan que también hay sanciones administrativas de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX respecto las infracciones contra la seguridad ciudadana.

PERO SEPAN QUE LAS SIGUEN MATANDO

Pero sepan también que los feminicidios siguen en aumento, que los episodios de acoso y abuso sexual se han ido revelando de a poco quedando encajonados muchos más, que siguen ganando menos que sus pares masculinos, que siguen siendo vilipendiadas en pláticas y acciones cotidianas, que sigue habiendo violencia política de género impresionante y que a veces la desesperación por sentirse vulnerable rebasa cualquier límite de civilidad.

En el entendido de que existe un marco jurídico vigente para la manifestación, debemos recordar que pocos cambios sociales de raíz vinieron de la diplomacia y la institucionalidad, así que ¡rómpanlo todo! y hagan lo que tengan que hacer para hacerse respetar de una buena vez para que no sólo se mantengan vivas, sino para que tampoco  lluevan el 8 de marzo las loas, para que tampoco les regalen flores, para que tampoco las admiren “por ser la creación más bella del universo”, para que los violadores no lleguen a ser gobernadores ni los cobardes presidentes y para que la igualdad deje de estar en el papel para convertirse en una igualdad sustantiva.

Sí, definitivamente…¡rómpanlo todo!

LA CAÍDA DEL SISTEMA…ELÉCTRICO

Uno de los temas más complejos en materia jurídica es lo que tiene que ver con aspectos técnicos que escapan a la “omnisapiencia” del abogado aunque, aún con esos impedimentos, nos atrevemos a opinar sobre esos elementos científicos que no entendemos ni de cerca. Sin embargo, también hay que decir que hasta en esos casos hay actos jurídicos que podemos atacar desde una perspectiva medianamente clara.

El tema de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica fue uno de los aspectos torales de la administración pasada. Eran la punta de lanza de las llamadas reformas estructurales que, según ellos, nos pondrían a la vanguardia de la eficiencia energética pero que, a la postre, serían uno de los aspectos más criticados porque los resultados no fueron inmediatos y también sirvió para develar actos de corrupción y conflicto de intereses de quienes intervenían en estas materias.

Independientemente de ello, la reforma energética que se aprobó después de casi 24 horas de trabajo en el pleno del Congreso de la Unión donde, dicho sea de paso, las múltiples reservas de la oposición fueron canceladas por la mayoría en el Congreso sin mover un ápice de lo que se planteaba aprobar. Ahora, con una visión distinta de la realidad económica y política, el grupo en el poder tira para el otro lado convirtiendo esto en un juego de radicalismos.

EL ÚLTIMO ADIÓS

Dicen los economistas de barrio que no hay que meterle dinero bueno al malo, por lo que no tiene ningún caso tratar de sanear una empresa corrupta y volverla competitiva, máxime cuando eso se pretende hacer casi casi por decreto presidencial. Las ahora llamadas empresas productivas del Estado, PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, han vivido en los últimos años ataques sistemáticos desde dentro para debilitarlas y desaparecerlas, mientras que en el otro extremo, se pretende mantenerlas como espacios de corrupción, discrecionalidad y opacidad que permitan a quienes se encuentran en posiciones de dirección seguirlas ordeñando. Sospechas que se fijan invariablemente porque una está dirigida por un ingeniero agrónomo y la otra por un servidor público que ha sido cuestionado por su corrupción y enriquecimiento ilícito desde hace ¡más de 32 años!

Hace algunas semanas el Presidente de la República envió una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados modificando la Ley de la Industria Eléctrica prácticamente rompiendo el espíritu de la reforma de 2013 para sacar a flote a una CFE que se hunde poco a poco. Como les comenté al inicio, estos temas técnicos son complejos por lo que, a diferencia de otras ocasiones no referiré redacciones de artículos específicas sino que extraeré cuáles considero son los aspectos mas relevantes y su impacto en la materia. Es preciso recordar que esta Reforma ya fue aprobada sin la más mínima modificación por parte la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su discusión y eventual aprobación.

LA CADENITA ABIERTA

Inicialmente debemos saber que la cadena de valor de la industria se compone de 4 fases: generación, transmisión, distribución y suministro o comercialización. La generación se refiere a la transformación de cualquier tipo de energía – gas, combustóleo, hidrológica, eólica, solar, etc. – en eléctrica; la transmisión es transportar la energía generada a toda la red del país; la distribución se refiere a enviar la energía que llega a las centrales hacia los usuarios finales – hogares, industria -; y la comercialización implica la compraventa de la electricidad en el mercado mayorista, digamos al mejor postor. Lo que hizo la reforma de 2013 fue abrir dos de estos aspectos a la iniciativa privada: la generación y la comercialización, de tal manera que hubiera más competencia para generar energías más limpias y venderlas al transmisor y distribuidor – o sea CFE porque es el dueño de la red nacional – en precios más bajos que impacten en un menor subsidio y menores costos para los usuarios finales, es decir, nosotros los mortales.

QUE SE FORMEN LAS LIMPIAS

Anteriormente, el orden en que entraban a la red las energías generadas era dado por el Centro Nacional de Control de Energía priorizando aquellas que se produjeran de forma limpia, sin embargo, en la reforma se cambia esa situación para que se priorice la energía generada por la CFE.

Lo malo de esta situación es que se define que primero se dará espacio a la energía generada por las hidroeléctricas de CFE, pero como esta no es suficiente, entran en segundo lugar las otras formas de generación de esta compañía, las cuales se basan en combustibles fósiles altamente contaminantes. Al final entran las centrales particulares de energía eólica y solar, así como las demás formas de los particulares, las cuales son las generadas por gas y vapor. Ello, desde luego elimina cualquier viso de competitividad para favorecer a una empresa anticuada y regresiva.

SIN CERTIFICADO NO HAY INVERSIÓN

Antes había unos Certificados de Energías Limpias, que se otorgaban como distintivos de empresas que, después de 2014, construyeran centrales eólicas o solares para incentivar el cuidado al medio ambiente, sin embargo, la reforma señala que esos Certificados se podrán otorgar a las empresas que construyeran antes de ese año, lo cual permitiría a CFE acapararlos con base en sus centrales hidroeléctricas frenando la competitividad para que nuevos inversores gasten más en energías limpias, ya que sin certificados no hay razón para hacerlo.

Esto implica que los CEL ya no tengan una utilidad práctica porque no se ve al futuro sino al pasado, sin obligar a CFE a invertir en nueva infraestructura, la cual ya ha dicho su Director, no le gusta por la mala imagen que tienen esos enormes ventiladores. Dicho sea de paso, un Senador coahuilense de MORENA, tiene minas de carbón, las cuales han ganado últimamente muchos contratos para el suministro de este mineral a CFE para la producción de energía.

PARA QUÉ SUBASTAS SI HAY CUATES

Otro aspecto que vulnera la competitividad es que con la reforma de 2013, CFE estaba obligada a comprar energía a generadores particulares a través de subastas obligatorias, sin embargo, esas subastas se eliminaron por completo en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Titular del Ejecutivo, lo cual se traduce en el hecho de que la Comisión podrá adquirir a quien quiera la energía sin que eso garantice mejores precios para el consumidor final.

Uno de los sellos distintivos de la actual administración es la discrecionalidad en la asignación de contratos por la vía directa para, después, darnos cuenta que esos proveedores sin licitación son familiares y amigos de personajes en el gobierno en turno.

LA MUERTE DE A AUTOGENERACIÓN

Antes existía la posibilidad que uno o varios particulares en conjunto generarán su propia energía para autoconsumo dando a CFE el excedente de la energía que no usen, sin embargo, esos permisos pueden revocarse a la luz de la reforma actual o, en todo caso, se prevé que esos permisos no se renueven cuando fenezcan.

Ello, indudablemente, provoca un golpe grave a las empresas inversoras en nuestro país que contaban con esa posibilidad de generar su energía a bajo costo y poder operar sin problema, sobretodo, porque, como ya hemos dicho en otras entregas, un permiso ya entregado no puede ser revocado de la nada por la autoridad derivado de un cambio a la ley, ya que eso vulnera el principio de seguridad jurídica.

LA LEY POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS. DERECHO DE PERNADA

En conjunto, el cambio de estas condiciones en la ley vulneran los derechos de inversionistas, particularmente de empresas estadounidenses y canadienses que, en el marco del Tratado comercial entre esos dos países y el nuestro, ven debilitada la regulación para la inversión en diversos rubros, además de una vulneración a la situación jurídica inicial de cuando invirtieron, es decir, en términos laxos, no se puede cambiar de un día para otro las reglas porque eso afecta un proyecto económico de inversión de esas empresas.

La inconformidad de las empresas de esos países se puede convertir en un reclamo legal basado en el capítulo de solución de controversias, en donde se encuentra protegido el sector eléctrico, por lo que revocarles un permiso o autorización puede convertirse, a la postre, de una sanción económica multimillonaria para nuestro país.

La reforma legal, además de todo, rebasa por completo lo señalado en la Constitución por lo que, en caso de aprobarse, se presentarán una serie de medios de impugnación que aleguen la inconstitucionalidad de esta Ley paralizando la industria y poniendo en serios problemas a un país que cada vez se ve más débil en el rubro jurídico.

QUE LA PAGUEN LAS Y LOS CIUDADANOS

A final de cuentas, sin importar si la reforma del 2013 fue entreguista, neoliberal y con la intención de debilitar a la empresa de participación estatal, o si la presentada recientemente por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados, es violatoria de derechos adquiridos, anticonstitucional o propiciadora de más corrupción, lo que las y los ciudadanos quieren es certeza jurídica en sus inversiones a nivel empresarial y, por encima de todo, ver reflejados estos cambios en sus bolsillos sin que, al día de hoy ni esta ni las anteriores administraciones hayan demostrado la bondad de sus cambios.

Por otro lado, resulta indignante que los siniestros ocurridos en plantas de CFE o de PEMEX, sirvan para descalificar al personal y castigarles con la anulación de derechos laborales so pretexto de la ineficacia de esas empresas y, al mismo tiempo, ser usadas como vehículos para justificar las pésimas condiciones de quienes trabajan de forma honesta en esos sectores.

Uno de los aspectos que es risible es la forma en que una iniciativa presidencial sea aprobada sin cambiar ni una coma para rendir pleitesía al hombre que ha acaparado todo el poder. La Cámara de Diputados se ha vuelto en un mal adorno en la última legislatura. De ahí la importancia de los periodos electorales intermedios porque, espero que recuerden que la semana pasada platicábamos de la importancia de no tener un Congreso con mayoría absoluta, a fin de obligar a ese Poder a discutir, dialogar y proponer.

REGULAR LAS REDES POR INTELIGENCIA, NO POR DECRETO

Dice una frase popular que “las cosas hay que tomarlas de quien vienen”. En un escenario social como el que que vivimos en nuestro país que, incluso, muchos partidarios a la actual administración pública señalaron que nunca llegaríamos, cada acto, discurso o intención oficial nos acerca a los periodos más oscuros de la “dictadura” del partido hegemónico, en donde todo se censuraba, en donde todo se controlaba.

El Estado paternalista encabezado por el PRI, cuyos varios militantes de entonces son los que mandan hoy, podría manifestarse como una venezuelización que muchos acusaban y rehuían, mientras otros aseguraban que era una tontería pensar en eso. No nos confundamos, un régimen como el de Chávez y ahora Maduro, es un simple juego de rabietas frente al cálculo y perversión de Díaz Ordaz, Echeverría, De La Madrid, Salinas y hasta del inepto de López Portillo.

EL NUEVO PRI

No sólo por las formas, el cinismo y las ideas anquilosadas nos podemos ver detenidos en esos tiempos, sino que el origen de quienes hoy gobiernan está ahí, en el dinosáurico PRI, que hoy perdió su rojo intenso para adquirir uno un poco más guinda, más sombrío pues. De esa generación es el Presidente, ahí se educó, es contemporáneo y cuidador del pasado. De la misma manera, de ese viejo PRI surgieron los jóvenes del dinosaurio, los bebés priístas que, por la dinámica política, ahora están en otros partidos, incluyendo, desde luego, MORENA. Así, el viejo priísta más priísta de todos es Andrés, pero el ejemplo del retoño de esa generación que es más tricolor que el propio Presidente actual de ese partido – que es más pro AMLO que nadie – es uno que habla, camina, siente y legisla como priísta: Ricardo Monreal.

Don Ricardo se dice constitucionalista – a donde se presenta, antes de decir su segundo apellido, se adjudica el mote de “constitucionalista” – porque, en el fondo de su ser, cree que sabe Derecho Constitucional cuando su actuar nos asegura que no conoce el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como en los abogados dicen que es más importante parecer que ser, Monreal se hace acompañar de un séquito en el que todos dicen ser constitucionalistas – algunos hasta han estudiado esa especialidad en la UNAM, se los juro – pero que, lo más cercano a ello, es que caminan orondos con su constitución bajo el brazo, con pasquines zapatistas en la mano pero con Don Porfirio en el corazón. Todos esos mini asesores, se dicen, como su jefe, especialistas en la materia, cuando lo suyo lo suyo es la grilla…especialidad de su jefe.

LO QUE USTED DIGA SEÑOR PRESIDENTE

Con ese enorme preámbulo es que vuelvo a que “las cosas hay que tomarlas de quien vienen”. La ignorancia supina, la soberbia desmedida y el hambre de poder – que en su caso siempre se sacia con poco, como cuando su berrinche por no obtener la candidatura a la jefatura de gobierno de la CDMX, le duró dos semanas en lo que le ofrecían un huesito mediano – llevaron a este legislador a manifestar su intención de regular las redes sociales en su papel de policía malo, mientras que su jefe, el Presidente, le hacía al bueno negándose a que “los medios de comunicación se censuren”.

Así, unos días después de la cancelación de la cuenta de Twitter del ex Presidente Donald Trump y de los informes de esa red social que achacaban que los aplaudidores del sistema eran bots, por lo menos en un 50 por ciento, se pusieron manos a la obra para regular las redes sociales y “salvaguardar el derecho a la libertad de expresión”. Esa propuesta la subió en su página personal y, como vio que el camino no era sencillo, la matizó diciendo que era una propuesta discutible y que no la presentaría ante el Senado aún.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

De la propuesta nos ocuparemos de forma sencilla más adelante porque ni sustento, ni buenas intenciones tiene. La podemos reducir a demagogia, enredos y control, nada más. Pero antes de mencionar los grandes rasgos de esa propuesta, hagamos un preámbulo con base en dos cosas que parece que ni el proponente ni sus asesores revisaron: tratados internacionales y la Constitución de nuestro país.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – también llamado Pacto de San José – señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Y lo relevante es que nos dice que este derecho no puede estar sujeto a censura pero sí a responsabilidades ulteriores porque se debe asegurar el respeto a los derechos y reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicos, además que prohíbe propaganda “en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Eso, además con la advertencia, sobretodo para los Estados, de no poder restringir este derecho por controles excesivos en medios o aparatos que se usan para materializar ese derecho.

DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN…CONÓZCALOS, SE LOS PRESENTO

Esta regulación internacional se ve reflejada en nuestra Norma Suprema que, en sus artículos 6º y 7º prescribe todo lo relacionado sobre libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales. El 6º establece “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”, mientras que el 7º nos repite lo relativo a la censura en tanto que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”

De ambas disposiciones que tratan un derecho fundamental como es la libertad de expresión obtenemos dos elementos: es un derecho manifestar una opinión, sin embargo tiene límites, es decir, el que podamos expresarnos no implica que afectemos a terceros o alteremos el orden público; por otro lado, las libertades tienden a ampliarse, no a restringirse, por lo que la excesiva regulación y control gubernamental es un contrasentido.

REGULAR LO REGULADO

Este deseo de regular sobre lo ya regulado es un absurdo. Así como pasa con la reciente reforma fiscal en materia de servicios digitales – Uber, Didi, Airbnb, Netflix – en la Ley del IVA y en la Ley del ISR, cuando ya estaba regulado en función de una interpretación de establecimiento permanente y fuente de riqueza, hoy se quiere normar la libertad de expresión cuando ya tenemos instituciones y mecanismos como el INAI o PROFECO, que bien podrían actuar al respecto.

Esta propuesta de reforma morenista surge, supuestamente, de la intención de permitir la libre expresión de las ideas sin incitar a la violencia, al odio, al racismo lo cual, como ya vimos, se regula actualmente a nivel Convenio Internacional y Constitución. Reiterar en una reforma que no se puede afectar derechos de terceros o difamar o amenazar nos hace pensar en que si en el escenario cotidiano real, es decir, fuera de las redes sociales esas actitudes no están permitidas e, incluso, ya están castigadas por las leyes vigentes, qué nos haría pensar que debemos tener una ley especial en materia de redes sociales para reiterar derechos que ya están en la Constitución y leyes vigentes. Si yo no puedo violentar a un menor de edad en persona, por radio, por televisión, no es porque haya una ley especial en esos casos que lo señale, sino porque hay leyes generales que castigan ese comportamiento en todos lados.

PARA QUÉ LEGISLAR SI SE PUEDE CENSURAR

Volviendo a la absurda propuesta presentada por el legislador morenista habría que destacar varios puntos de la misma – la  cual, reiteramos, surge después de la cancelación de la cuenta de Twitter de Trump, los informes de la existencia de bots, la cancelación de esas cuentas y otras que agreden en la red, y las advertencias al propio Presidente por emitir información falsa o no precisa – para que tengan una idea de qué va:

  • La reforma es a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo cual contraviene a lo que vimos respecto a la imposibilidad de restringir por medio de uso de espectros, redes, papel o cualquier otro medio para la difusión de ideas. Es decir, a todas luces es una reforma autoritaria, restrictiva y de censura.
  • La reforma no toca a la Constitución ni a Leyes que protegen los datos personales, el acceso a la información, los derechos de usuarios de una red privada o, incluso, al Código Penal por el tipo de sanciones que podrían existir mediante el trabajo de la policía cibernética.
  • Define lo que son el servicio de redes sociales y las redes sociales relevantes – aquellas con más de un millón de usuarios.
  • La joya de la corona es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dará autorización o no a las empresas para prestar el servicio de redes sociales. No dice que requisitos se necesitan por lo que aprobación pinta para ser discrecional, lo cual levantará muchas suspicacias.
  • Para cancelar contenidos o cuentas, las redes sociales deberán demostrar algunos de los supuestos enlistados – afectar derechos de terceros, incitar al odio, afectar a menores, emitir noticias falsas, se revelen datos personales -, sí los que ya están en leyes vigentes y en los términos y condiciones de redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera.
  • Debe haber un proceso para que las personas a quienes se cancelen sus cuentas puedan impugnar ante la red social y, si la resolución no es favorable, hacerlo ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien debe resolver en un plazo de tiempo muy corto. Ello implicará muchos recursos humanos, financieros y técnicos que no tenemos ni para mantener un servicio eléctrico de calidad.
  • Las sanciones van – igualmente sin reglas que dejan la puerta abierta a la discrecionalidad – de 1 a 1 millón de Unidades de Medida y Actualización – es decir, al precio de hoy, de 89.62 a 89 millones 620 mil pesos -, por lo que un mal día del Presidente con una llamada al IFETEL podría darle un pellizquito a Twitter de casi 100 millones de pesos.

Y SÍ, URGE ACOMODAR LAS REDES SOCIALES

No se trata de no regular las redes sociales, se trata de hacerlo bien, de esclarecer procedimientos y de abrir la discusión a todos los sectores. Ya que si bien las redes sociales tienen términos y condiciones que se apegan a la legislación de los países, existen alcances que meta regulados, es decir, con un marco general al que deban apegarse los dueños de estas redes, puedan generar un marco de protección adecuado y con mecanismos de protección eficaces. Requerimos responsabilidad de las empresas que cuentan con esas redes y de mecanismos de protección eficaces pero sin dejarles abierta la puerta a la discrecionalidad a fin de ocupar esos espacios como instrumentos políticos. La coordinación con la policía cibernética es fundamental para inhibir conductas agresivas que se acercan a las amenazas serias.

Legislar desde el descontento, el berrinche o la presión política, no es de un estadista, sino de un pequeño político que busca agradar al Virrey para que su camino político de promesas prevalezca. Estudiar implica más que aparentar y sí ya compramos el cuento del ilustre constitucionalista zacatecano, es momento de revisar la Constitución a fondo con la obligación también de conocer el contenido de tratados y convenciones internacionales, de tal manera que las intervenciones del constitucionalista dejen de ser referentes a biografías de legisladores, fechas de las reformas y datos curiosos porque ser constitucionalista no es igual a ser historiador. En este país hace falta legislar aspectos novedosos como las redes sociales, pero se necesita legislar bien, a través de estudio del estado actual de las cosas para ver qué falta y sobretodo para evitarnos pifias normativas.

RÉQUIEM POR MELVIN, TOÑO, EL OSITO BIMBO Y LOS QUE SE NOS ADELANTARON

Una muy buena parte de la política es apariencia. Quienes viven de ella nos representan en el Congreso de la Unión. La representación en el Congreso de la Unión se convierte en leyes. Las leyes nos sirven para normar las relaciones que existen en nuestra sociedad, ya sean de carácter mercantil, civil, familiar, fiscal, etcétera.

Si tomamos los dos extremos de esa guía podemos simplificar el discurso diciendo que se expiden leyes para aparentar y no siempre para solucionar. Cuando se realizan proyectos de iniciativa para legisladores, su presentación depende de muchos factores: si el político que la presenta forma parte del partido en el poder, si es oposición, si quiere agradar a otro político, si sólo quiere levantar manos, si quiere agradar a un grupo de su entidad federativa porque desea ocupar un cargo público ahí o si tiene una bandera de un sector que, después de analizar estadísticamente, le redituará una victoria segura en una elección posterior.

Entonces, cuando uno como asesor técnico presenta una propuesta, por muy buena que esta sea, puede ser rechazada por el propio legislador porque implicaría gastar más presupuesto, porque le pega al presidente o, la más común de todas, porque no tiene impacto mediático. Hasta este momento de mi experiencia nunca he escuchado que no se presente porque no beneficia a la sociedad mexicana. Esto último da igual, no sirve políticamente.

Pero cuando un asesor chiquito – de esos que pululan en el Congreso, que no les gusta estudiar, pero les encanta la grilla y se vuelven una minicopia de su jefe – endulza el oído del político diciéndole que esa iniciativa va a tener mucho punch y se va a hacer viral porque simula proteger al pueblo, surgen iniciativas como la que derivó en eliminar personajes de las etiquetas de los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas.

EL OSO A LA HOGUERA

En México estamos acostumbrados a regular las consecuencias y no planificar para atender las causas. Si nos referimos a la interrupción legal del embarazo nos enfrascamos en castigar o no a las mujeres que aborten y no en una educación sexual clara, directa, que abarque aspectos económicos y de auto respeto; si hablamos de reglamentación del uso lúdico de la marihuana, satanizamos su consumo o abrimos la puerta a ello sin contar con estudios serios del impacto de las drogas en los jóvenes y darles herramientas para el uso informado. Ahora, nos enfocamos en extinguir a animales simpáticos como los de la especie “felinus tonius”, “paquidermos cholcolatosus” o “ursus pachoncitus panosos” – el Tigre Toño, el Elefante Melvin o el Osito Bimbo, pues – y no fomentar de manera activa la nutrición adecuada.

Pero desentrañemos el origen de estas nuevas disposiciones en las que también se incluyen las etiquetas negras amenazantes de exceso de todo.

LA REFORMA QUE PLANEÓ TODO

En efecto, estas disposiciones se encuentran en una Norma Oficial Mexicana, sin embargo, la adecuación de ésta, surge de una reforma a la Ley General de Salud, la cual fue publicada el 8 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Esos cambios que se hicieron abarcan varios aspectos a saber:

  • Promover el cuidado de la salud en su carácter nutricional por parte de la Secretaría de Salud y de las autoridades educativas;
  • Generar acciones para crear programas de nutrición con base en el cuadro básico de alimentación; y,
  • A través de las normas oficiales en la materia, crear un etiquetado que se encuentre al frente del producto que sea veraz, claro, rápido y simple en los casos “que exceda los niveles máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos críticos”.

Porque en esa concepción de la Ley, debido a que los mexicanos somos considerados, por los legisladores y demás autoridades, como estúpidos, no basta con que, de acuerdo a la normativa internacional e interna desde hace muchos años, todos los productos tengan una tabla de valores nutrimentales por porción en el reverso, sino que nos deben quitar a los monitos y ponernos unas etiquetas negras horribles que diga exceso de sodio, exceso de grasas, exceso de azúcares, etc.

LAS MAL HECHAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Como en esa ley se establece que se debe modificar las norma oficial sobre el etiquetado – las cuales son emitidas por la autoridad administrativa, es decir, por el Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Estado encargadas de ese tema, en este caso en particular las Secretarías de Economía y Salud – se da un plazo al Ejecutivo para que emita esa nueva reglamentación. Ese plazo siempre se señala en lo que se denominan artículos transitorios, los cuales son los artículos que vienen hasta el final de los decretos de reforma expresados en números ordinales (primero, segundo, tercero, etcétera) y que tienen por objeto señalar el plazo de entrada en vigor de la ley o de las adecuaciones de las obligaciones que vienen en ella. En el caso de la Ley General de Salud, respecto el etiquetado, dan 180 días después de publicada la reforma para que el Ejecutivo Federal realice las adecuaciones reglamentarias correspondientes, es decir, la norma oficial sobre etiquetado.

Así es que surge la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. Y, aclaro, es modificación debido a que estas normas pueden existir con anterioridad y ser modificadas sin perder que su espíritu de creación es anterior; en el caso de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 su publicación es desde el 5 de abril de 2010, en la que ya había esa obligación de etiquetar este tipo de productos con los listados al reverso como les comentamos anteriormente, pero con estas nuevas disposiciones de la reforma a la Ley General de Salud, se debe modificar para el nuevo etiquetado frontal. Esta modificación se publicó el 27 de marzo de 2020, señalando fechas distintas para su entrada en vigor.

Antes de seguir, exploremos lo que es una norma oficial mexicana. Anteriormente, había una Ley Federal sobre Metrología y Normalización que regulaba todo lo concerniente a la emisión de normas oficiales mexicanas; esa ley se abrogó – cuando escuchen que una ley se abrogó es que todos sus artículos se “eliminaron”, mientras que cuando hablan de “derogación” es cuando uno o más artículos de una ley, sin llegar a la totalidad, se eliminan – para dar paso a la Ley de Infraestructura de la Calidad. En esa Ley nos dice su artículo 4º fracción XVI que una Norma Oficial Mexicana es “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información”. Es decir, una regla detallada que se debe cumplir por quien esté obligado a ella, ya que estas especificaciones no pueden mandatarse en Ley ya que, de lo contrario, quedaría muy larga.

LA SEÑAL DE LA IGNOMINIA. EXCESO DE EXCESO

La NOM-051-SCFI/SSA1-2010, regula muchos aspectos, sin embargo nos enfocaremos en dos: el etiquetado frontal que ya lo vemos en octágonos negros con la leyenda “exceso de…”; y, la desaparición de personajes que influyan en el consumo como Pancho Pantera, Chester Cheetos, Sam el Tucán y otros entre los que se encuentra el escurridizo Osito Bimbo se ha escapado de forma magistral. Al respecto, la NOM nos señala lo siguiente:

  • En el apartado 4.5.3.4 Sistema de etiquetado frontal, se establece que, de acuerdo con el numeral 3.47 cuando un producto preenvasado presenta un contenido en exceso de energía, nutrimentos críticos e ingredientes que representen un riesgo a la salud en un consumo excesivo, se deben colocar unos sellos que digan, de acuerdo a su composición: exceso calorías; exceso sodio, exceso grasas trans, exceso azúcares, exceso grasas saturadas. O unos cintillos que digan “CONTIENE CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS” o “CONTIENE EDULCORANTES – NO RECOMENDABLE EN NIÑOS”. Esto a partir del 1 de octubre de 2020
  • En el apartado 4.1.5, derivado de especificaciones, se establece que los productos preenvasados que ostenten uno o más sellos de advertencia o la leyenda de edulcorantes – que explicamos en el párrafo anterior -, no deben: a) incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos visual – espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promueven o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes, y b) hacer referencia en la etiqueta a elementos ajenos al mismo con las mismas finalidades del inciso anterior. Esto en vigor a partir del 1 de abril de 2021.

En concreto, veremos las etiquetas enormes en casi todos los productos; hasta una lechuga que por su tratamiento o composición particular que contenga azúcares naturales, debe tenerla. Por otro lado nos despedimos de todos, absolutamente todos los personajes que vimos como estrategia de mercado para hacer más agradables sus productos o no sé para qué – eso los mercadólogos y publicistas lo sabrán -. No estará el mamut agradable en el mamut, no estará el limoncito de los churrumais, se van Melvin, Toño, Sam, los duendes de Lucky Charms, pero tampoco veremos al Chicharito y compañía pidiendo que hagas sándwich, ni a Usain Bolt echándose un Gatorade después de entrenamientos extenuantes o no habrá una versión remasterizada de Luis Miguel diciendo que no puede comer sólo una papa Sabritas.

PARA QUE CONSTRUIR SI SE PUEDE DESTRUIR

El otro lado de la reforma pide que se creen programas y se tomen medidas para atacar la mala nutrición pero como pasa en absolutamente todos los discursos de los políticos, no se establece en los transitorios los “malditos cómo”. Esas buenas intenciones de fomentar el deporte, tener una nutrición adecuada, combatir la obesidad, llevan décadas en el país en su agradable forma de atole que nos lo sirven con el dedo. Tan es así que esas campañas de cuidado de la salud con comerciales aburridos, pancartas con faltas de ortografía y contenidos educativos embarrados sin comprensión, hoy, además de la probada ineptitud de las autoridades encargadas, tienen al país sumido en una tasa de mortandad asquerosamente preocupante en la pandemia por COVID19.

Si quieren que las niñas, niños, adolescentes y población en general, no estén obesos, qué les parece que dejamos de gastar en obras faraónicas, aviones lujosos y desvío de recursos para invertir en:

  • Inclusión de una materia de nutrición y vida saludable en toda la educación básica por lo menos.
  • Crear comedores estudiantiles en todas, absolutamente todas las escuelas, para que las y los estudiantes, coman, al menos una vez al día, un plato balanceado.
  • Instalar bebedores, con agua de calidad y que sirvan más allá de dos meses después de la foto oficial, en todas las escuelas y algunos espacios públicos.
  • Contar con médicos, enfermeras y especialistas en nutrición de planta en escuelas y oficinas gubernamentales, que prescriban dietas sanas y viables para quienes se acerquen con ellos.
  • Generar un salario digno que permita tener un poder adquisitivo que no genere obstáculos al comprar insumos alimenticios.
  • Crear más parques, canchas y complejos deportivos de calidad, en los que de manera forzosa acudan las y los alumnos de todos los niveles educativos, como parte de su plan de estudios, en los cuales elijan uno o más deportes de alto rendimiento que desarrollen a lo largo de su vida académica.
  • Realizar jornadas deportivas y pláticas alimenticias en pueblos originarios atendiendo a su dieta habitual y los insumos que tienen a su alcance – porque la desnutrición también es mala nutrición -.

No, no se trata de etiquetas y muerte a los personajes, se trata de, ya mismo, propiciar una cultura del respeto a la salud personal, pero con herramientas de vida y no con simples advertencias. Se trata de tomar en serio su trabajo y quitarse de la cabeza que lo que funciona en España, Noruega, Francia, EUA, funciona en México. Se trata de reeducar a las nuevas generaciones fomentándoles una capacidad de discernir y elegir informadamente. Ah no, esto último ya no, porque de ser así no elegirían a quienes han elegido últimamente.

Finalmente, sé que ya pasó, que no solemos festejarlo, no por sangronería, sino porque no tenemos ese hábito, pero aprovecho para enviar un abrazo y todo mi amor a mi esposa, Cinthia, quien ha sido mi mejor amiga desde hace mucho y el amor de mi vida desde que la conocí. Sin ella ningún logro y, desde luego, esta columna, no sería posible. Su apoyo y amor incondicional la incluye en cada paso que doy. Te amo chaparra

EL 6 DE JUNIO QUÉ O QUÉ DE QUÉ

El próximo 6 de junio tendremos las denominadas elecciones intermedias, las cuales están aderezadas con una popularidad infranqueable de un Presidente recuperado que, sin duda, puede permear en las preferencias para la elección de cargos públicos que estarán en juego a mediados de este año.

Los resultados de esas elecciones marcarán un rumbo decisivo en lo que resta de la administración actual, ya que la gran fuerza del Poder Ejecutivo descansa, paradójicamente, en contar con un Poder Legislativo plegado a sus decisiones tal y como sucedía en los años del partido hegemónico, esa época en donde el poder del Presidente de la República era inmenso en todos los ámbitos y que con la llamada alternancia en el año 2000 se fue decantando por una pluralidad de ideas que, dicen algunos especialistas en gobernabilidad, generaban una parálisis nacional por no aprobarse las reformas que el Titular del Poder Ejecutivo necesitaba para dar resultados.

En un sistema donde lo reinante es la abstención que alcanza niveles hasta del 60 por ciento, al menos debemos conocer el embrollo de qué vamos a elegir, para que sirve un diputado – recalco, en teoría, porque en la realidad no todos sirven para mucho – cómo se conforma el Congreso de la Unión y lo que entendemos como mayoría calificada, mayoría relativa y esas cosas que nos parecen muy lejanas hasta que nos “bolsean” legislativamente hablando.

EL BOTÍN…PERDÓN CARGOS A ELEGIR

Debemos comenzar diciendo que la fecha del 6 de junio es fundamental por la cantidad de cargos que se van a elegir aunque en esta explicación nos meteremos más respecto de los cargos federales. Ese día se votará – con “v” aunque mueran de ganas que sean con “b” – para elegir 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional; Gobernadores de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas; Diputados locales en todas las entidades federativas del país excepto Coahuila y Quintana Roo; Ayuntamientos y Alcaldías de los estados, excepto Durango e Hidalgo.

No sólo por el volumen, sino por la importancia de los cargos, las elecciones federales marcarán un rumbo importante del país en los próximos años. Recordemos que vivimos en una Federación, es decir, donde las entidades federativas son igual de importantes que la República federal, al grado que, por ejemplo, para aprobar una reforma a la Constitución, se requiere que, después de que la apruebe el Congreso de la Unión, la mayoría de los Congresos Locales también la apruebe.

EL PODER LEGISLATIVO

Vayamos a, como en otras ocasiones, revisar la Constitución como la norma de mayor jerarquía en nuestro país. Ya habíamos comentado que de acuerdo al artículo 49 el Supremo Poder de la Federación se divide en poderes para que se pueda ejercer: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por su parte el artículo 50 señala que el Poder Legislativo es un Congreso General, el cual se divide en dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.

La naturaleza o espíritu de cada Cámara, aunque representan al pueblo mexicano, consiste en que los Senadores representan a los estados, mientras que los Diputados representan directamente al pueblo, de ahí entenderán que este clamor de exigir cierto grado de estudios a los Diputados resulta un a contraposición al hecho de que si representan al pueblo pueden ser, desde médicos, hasta comerciantes, campesinos o algunos otros sectores que, por antonomasia, no tienen la posibilidad de acceder a una instrucción académica.

El Senado de la República, por no estar inmerso en estas elecciones lo encorchetaremos para posterior explicación.

500 DE LOS QUE A VECES NO SE HACE NI UNO

Nos señala la Constitución que la Cámara de Diputados se conforma por 500 diputadas y diputados – sí, muchísimos – de los cuales 300 se eligen por el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 por el principio de representación proporcional. Pero ¿a qué se refiere uno u otro?

EL MÁS POPULAR ES EL QUE MÁS VOTOS GANE

Los distritos uninominales son la forma de dividir de acuerdo a su densidad de población. Es decir, la norma nos dice que, por lo menos, en cada estado debe haber dos distritos para que se elijan dos diputados, sin embargo, hay estados muy poblados como Veracruz que cuentan con 20 distritos. Ello tiene como lógica la representatividad, es decir, entre más gente tiene un estado, más distritos deben existir para que la representación sea equitativa. Esta asignación de distritos se realiza de acuerdo al último censo de población.

Estos diputados se eligen de acuerdo al número de votos que obtengan, tan simple como el que obtiene más votos directos gana su puesto en la Cámara de Diputados.

LOS FAMOSOS “PLURIS”: ¿PARÁSITOS O MAL NECESARIO?

La otra parte de los de representación proporcional tiene sus peculiaridades, críticas, defensas y repudio, ya que ellas y ellos no son elegidos de forma directa por los votantes. Me explico. Para garantizar que todas las fuerzas políticas – los chorrocientos mil partidos que se registran para competir – tengan representatividad en el Congreso. Entonces, aquellos que no obtuvieron un espacio en la Cámara se le asignan diputados de unas listas nacionales que presentan los partidos.

Para determinar cuántos se asignan a cada quien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 16, señala la fórmula que tiene dos elementos para la asignación: el cociente natural y el resto mayor. Esa fórmula, no apta para abogados renuentes de las matemáticas, a grandes rasgos señala que la votación nacional total emitida se divide entre 200 – número de diputados elegidos por este principio -, de ahí se obtiene un cociente. El número de veces que entra ese cociente en la votación de cada partido, es el número de diputados que le corresponden por ese principio. El resto mayor es cuando, ya asignado el cociente queda un restante de votos, entonces se asignan los diputados que resten de acuerdo al orden de ese extra que les quedó de la votación en orden descendente hasta que se agoten las diputaciones.

La crítica a estos diputados es que no salen a las calles a pedir el voto, no tienen propuesta y son utilizados por los partidos para poner a sus figurar políticas más representativas – o comodinas – de tal manera que aseguran un espacio como diputados. Por eso en estas listas vemos que hasta el principio de ellas se ponen los políticos de carrera que llevan años succionando el presupuesto. Como ejemplo, el PRI – en serio, sigue vivo – puso en el principio de la lista al Presidente del Partido, un tal Alito – o Amlito – Moreno, a la Secretaría General Carolina Viggiano y… ¡a su esposo e hijo!

PLURALIDAD ES CONTRAPESO

Ahora bien, ya sabemos qué se va a elegir a nivel federal. Pero el impacto de los Diputados y del Congreso de la Unión en general es ser un contrapeso del poder unipersonal del Presidente que cree que, con una mayoría aplastante va a obtener todo lo que quiera, tal y como ha sucedido estos tres últimos años, donde las leyes prácticamente se han votado por decreto.

El hecho de contar con una Cámara de Diputados plural, obliga a que las fuerzas políticas acuerden, cedan en algunos aspectos y el Titular del Ejecutivo no se sirva con la cuchara grande. Y es que en el Congreso hay votaciones que, para aprobarse, requieren mayoría simple o mayoría calificada. Mayoría simple implica que se obtenga el 50 por ciento más uno de los votos presentes en el pleno de la Cámara, mientras que la calificada exige que sean dos terceras partes las que estén de acuerdo, por ejemplo, en el caso de esta última, se encuentran las modificaciones a la Constitución, que por su importancia necesitan un número importante de Diputados – y de Congresos locales como habíamos dicho – para aprobarse.

Dicho lo anterior, ¿se imaginan que tengamos una Cámara que entre el partido mayoritario y sus aliados – los chiquitines que les encanta brincar – alcancen mayoría calificada y entonces las reformas pasen como cuchillo en mantequilla sin análisis alguno? En efecto eso puede suceder si no reflexionamos el voto y ponemos un freno a cualquier aspiración imperial que le pueda surgir a los políticos que ocupan el cargo de Presidente de la República. Así que a escuchar propuestas, hacer cuentas y emitir un voto informado.

NI SUECIA NI DINAMARCA, GALENOS EN LA REPÚBLICA MENTIROSA

Por un momento creí que el texto de esta semana lo iba a poder a hacer desde la comodidad de una sala de espera de un hospital público, limpio, con montones de especialistas confiables, no saturados y el instrumental más avanzado de todo el mundo, los pacientes con tiempos de espera menores a 20 minutos, recibiendo un trato digno y saliendo con sus recetas médicas absolutamente surtidas, sintiéndose muchísimo mejor de como llegaron. Después haría una pausa para comer, salir al restaurante de al lado sin decidirme en pedir unas enchiladas de mole, unas kötbullar (platillo sueco) o un plato de frikadeller (comida típica danesa).

Pero no, como no es lo mismo ser borracho que cantinero, la promesa de tener un sistema de salud como el de Suecia o Dinamarca en tan sólo un año, no fue cumplida por nuestro mandatario que echó toda la carne al asador – no importa que fuera mezclada con porciones generosas de aderezos de mentiras – para lograr su cometido y hoy sólo reír y, literalmente, echarle la culpa de este sistema de salud a los puercos neoliberales.

Por paradójico que parezca, la llegada de la pandemia por COVID 19 evidenció aún más – por si eso fuera posible – al pésimo sistema de salud que tenemos en México con, adicionalmente, una institución de seguridad social como el IMSS en la quiebra absoluta dirigido por quien tenía como experiencia previa un escaño en el Senado y ser el junior de un ex gobernador bastante cuestionable.

PASANTES O ESCLAVOS

Basta con elegir al azar un tópico en materia de salud para encontrar múltiples inconsistencias, sin embargo, en memoria del médico Jorge Alejandro López Rivas, interno del de pregrado en el Hospital General de Ecatepec “Dr. José María Rodríguez”, vamos a revisar desde la óptica legal y las circunstancias actuales que rigen el extenuante trabajo de los médicos residentes y el abandono que han sufrido, al grado de ser una parte importante en la lucha de la pandemia ante la falta de personal e insumos médicos.

Para comenzar debemos decir que no existe una definición legal del termino “pasante” o “médico interno de pregrado” como le suelen llamar las instituciones educativas. Sin embargo, a grandes rasgos, son estudiantes que se encuentran cursando más allá del quinto semestre de alguna carrera relacionada con las ciencias médicas o de la salud y que, por disposición oficial tanto educativa como de salud, deben prestar su servicio social. Y para este punto, los artículos del 84 al 88 de la Ley General de Salud, señalan que los pasantes de profesiones para la salud deben prestar su servicio social.

Resulta curioso que esos programas deben ser determinados entre la autoridad de salud y las educativas, pero, preferentemente en unidades de primer nivel de atención y en zonas de bajo desarrollo económico y social. Es decir, deben prestar sus servicios, sin paga en zonas de difícil acceso, con escasos servicios y, muchas veces, con una alta peligrosidad sin que se señalen obligaciones de las autoridades para con esos jóvenes.

Esas caras de cansancio que vemos en amigos y familiares que saben que mientras sus demás compañeros de otras carreras ya acabaron sus estudios mientras a ellos les falta el tramo más difícil, se ven reflejadas en una nula base legal que los proteja en materia laboral y, desde luego, salud. Por obvias razones en estos estudiantes tenemos inexperiencia que, con el ingrediente COVID19, se agudizó por la falta de insumos y personal que los instruyera en los procedimientos, lo cual los ponía en una situación de alta vulnerabilidad y que orilló a las autoridades de la UNAM y del IPN a retirar a sus estudiantes de las clínicas hasta que hubiera condiciones que salvaguardara su integridad.

RESIDENTES MEDIO REGULADOS POR DECRETO

El tema de los pasantes está agotado prácticamente con la percepción del abandono en la Ley General de Salud, pero un tema aún más complejo es el de los residentes. Y es más complejo porque ya no son los estudiantes que pueden sobrevivir el día con unos chee-tos, unos choco roles y una coca cola, sino que son profesionales de la medicina que, en su afán por especializarse como lo mandata cualquier intención de superación – más en una profesión tan compleja como la medicina – alargan su periodo de instrucción años más. Y es más relevante porque acá sí hay una base normativa, ridícula, pero la hay.

El residente médico es un profesionista de medicina que ingresa a una clínica, hospital, instituto o unidad médica que abre su convocatoria para recibirlos con el fin de hacer una especialidad médica – o residencia tal cual – que consta de actividades específicas, asistencia a médicos especialistas o programas de investigación, con la finalidad de obtener el grado. Los residentes, ya tendrían la posibilidad de ejercer como médicos generales pero buscan especializarse en una de las muchas áreas del conocimiento de las ciencias de la salud, lo cual quiere decir, que, en comparación con otros profesionistas, ya tendrían su fiesta de graduación, su foto con toga y birrete, además del reconocimiento de sus vecinos con el mote del “Doc”, como cuando uno va a los tacos y ya lo reciben con el clásico “ya llegó el Lic., atiéndalo rápido” cuando ni un maldito expediente sabemos pedir todavía.

Los residentes se regulan de forma concreta por primera vez el 19 de octubre de 1983 – aunque ya en 1977 se establecieron algunos aspectos relacionados en la Ley Federal del Trabajo como veremos más adelante- por medio de un Acuerdo del entonces Presidente Miguel de la Madrid. Dicho acuerdo denominado “Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud”. La intención del acuerdo era coordinar esfuerzos entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia – hoy Secretaría de Salud – y la Secretaría de Educación Pública para crear programas que permitan formar personal médico desde las escuelas, razón por la cual surge la figura de residentes como los estudiantes de grado que, además de recibir la enseñanza, colaborarán como parte del personal médico.

LA NOM INSUFICIENTE

Esta Comisión prevalece hasta la fecha con, prácticamente, la misma estructura y funciones, además de atender todo lo relativo a los programas de servicio social y de el Examen Nacional de Residencia Médicas, el cual es el filtro para aceptar o rechazar a médicos que pretenden realizar una especialidad. Relacionado con esa Comisión y la intención educativa para los médicos tenemos la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas, la cual, sobretodo, se refiere a temporalidad, condiciones generales y principios – pocas veces alcanzables –  de las residencias médicas.

Es en esta NOM donde se define al residente como el profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo y a la residencia como el conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que debe cumplir el médico residente dentro de las unidades médicas receptoras de residentes, durante el tiempo estipulado en los programas académico y operativo correspondientes. Entre esas definiciones se incluye el trabajo extenuante de los residentes que hacen mucho más de lo que sus funciones les señalan.

Es preciso señalar que esa definición de residente, por increíble que parezca, no se encuentra en la Ley General de Salud, lo cual quiere decir que están absolutamente olvidados en el esquema y beneficios del sistema de salubridad nacional.

LABORALES PERO NO DERECHOS

Donde sí se mencionan es en la Ley Federal del Trabajo de los artículos 353-A a 353-I. Además de las definiciones, se enlistan más obligaciones de derechos, reduciéndose estos a que en la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos, lo cual es nugatorio cuando se trata de combatir porque saben que pueden perder una oportunidad única.

LIMOSNAS PA RA BLANQUEAR BATAS

Ahora la parte más fuerte. Debemos considerar que, usualmente, los médicos que inician una residencia, por el tiempo transcurrido, ya tienen una familia en la cual deben aportar económicamente, sin embargo, a pesar del enorme trabajo y esfuerzo que hacen, el salario promedio es de 14 mil pesos mensuales, frente a los cinco mil dólares mensuales que percibe un residente en Estados Unidos de América – cuestión a la que habríamos que descontar el pago del préstamo de las universidades, pero aún así el salario es mucho más digno – además de contar con seguro médico de calidad y seguro dental.

Con la pandemia, la forma en que trabajan las instituciones de salud públicas permitieron que médicos con condiciones de salud riesgosas o de edad avanzada se ausentaran de sus funciones, las cuales, adivinen quiénes las absorbieron: en efecto, los residentes, quienes, además, tuvieron que llevar a cabo sus actividades académicas por el mismo salario y con escasas medidas de protección, porque encima de todo no podían invocar el hecho de tener una patología que los arriesgara más.

MENOS ESTATUAS MÁS DIGNIDAD

No se trata de poner capas, publicar en redes sociales nuestro apoyo, ni dedicarles partidos de futbol. Se trata de establecer condiciones mínimas en la ley que les otorguen una vida digna y que les salven la vida, porque los que hoy caen enfermos de COVID, casi siempre han ido sufriendo los estragos de una vida estresante.

En concreto, qué requerimos para dejar de hacerlos héroes y dignificarlos como humanos:

  • Redefinir sus funciones, derechos y obligaciones en la Ley General de Salud.
  • Establecer, de forma concreta, en la Ley Federal el Trabajo, los derechos que les asisten, entre los cuales, se debe firmar un contrato particular por los servicios que prestan.
  • Capacitación especializada antes de afrontar eventos críticos como la pandemia.
  • Señalar en el marco normativo la obligación de todos los hospitales, públicos y privados, para dotar de todos los insumos y material de protección cuando tengan contacto con enfermedades contagiosos.
  • Prescribir respaldo legal en caso de controversias con pacientes o sus familiares.
  • Jornadas de trabajo dignas en el que se respeten horarios, días y horas de descanso, además e trato respetuoso por parte de los titulares de los espacios hospitalarios.
  • Retabulación salarial que les permita cubrir sus gastos y de su familia en el entendido que ya son profesionistas con un nivel académico respetable.
  • Fiscalizar la aplicación de los exámenes para residencias para evitar corrupción en la asignación de lugares.

Sólo de esa forma formaremos médicos de calidad y con espíritu de servicio. Estamos muy lejos de los países nórdicos, esa mentira habrá que archivarla, pero tampoco se trata de hundirnos cada vez más y sacrificar médicos para alimentar las fauces del discurso rosa y mentiroso que nos han estrellado en la cara. No es problema del neoliberalismo, es responsabilidad del estadista, donde quiera que este se encuentre.

LOS RENGLONES TORCIDOS DE LA LEY

El pasado 15 de octubre, al aterrizar acompañado de su familia, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el General Salvador Cienfuegos, quien fuera Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La impactante noticia fue dada a conocer casi de inmediato ante la sorpresa evidente de las autoridades mexicanas quienes afirmaron no ser consultadas de esa detención.

Este sonado caso ha servido para muchas coas en materia jurídica y política. Políticamente, se demostró la absoluta falta de control de la administración actual y la descoordinación que existe con el Gobierno de los Estados Unidos de América, quien, en múltiples ocasiones ha señalado al gobierno mexicano, de este y otros sexenios, de ser permisivo con los cárteles de las drogas quienes suministran la mayoría de los estupefacientes que se consumen en nuestro vecino del norte.

Por otro lado, este tipo de eventos, demuestran que la argumentación jurídica puede ser tratada en distintas posturas, dando un resultado completamente distinto dependiendo de la posición que se asuma de manera completamente subjetiva. Desde luego, aunque ciencia del Derecho, como muchas de las Ciencias Sociales, tiene falencias argumentativas que permiten pendejear a una agencia antidrogas que, a pesar de no ser infalible y libre de posturas políticas, tiene cierto prestigio en la persecución de delitos contra la salud.

Así, un caso de homicidio claro, con todos los elementos, puede derrumbarse por vicios en el proceso, acusando al Poder Judicial de faccioso y de no buscar la justicia; mientras que otro aparentemente igual de claro es autosaboteado por la autoridad encargada de persecución de delitos para hacer parecer que no hay elementos para consignar. Es decir, todo mundo puede ser culpable o inocente…dependiendo de la estupidez ministerial, la corrupción judicial o decreto presidencial.

BAJANDO Y APRESANDO

La detención del General fue solicitada por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles) de los EUA, debido a que contaba con elementos suficientes para suponer que Cienfuegos estaba involucrado con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas de México hacia la unión americana. Conversaciones telefónicas, señalamientos de criminales y otras irregularidades fueron presentadas por el Departamento de Justicia de EUA ante la jueza Carol Bagley Amon, quien otorgó la orden de captura. Aquí sólo me detengo para precisar que un Juez, para otorgar una orden de aprehensión, lo hace después que el fiscal le presenta pruebas suficientes (o indicios) de la culpabilidad de esa persona, por lo que resulta absurdo pensar que este caso se deba a fabricación de pruebas.

TODO CABE EN UNA FARSA SABIÉNDOLA ACOMODAR

A partir de este momento la orquesta sinfónica más grande del universo se puso en sus lugares, acomodó sus instrumentos e hizo las pruebas de sonido pertinentes para comenzar con…el legendario concierto de estupideces, ilegalidades y politiquerías que el director musical macuspaní nos regala cada que puede, ocupando como instrumento, además de la batuta un par de maracas muy azules que las usa a su propio ritmo. Ahora, desmenucemos la inocencia de la paloma.

La liberación y retorno de Cienfuegos a México tiene como base jurídica la cooperación bilateral entre México y EUA para el combate a las drogas. Desde mediados de los años setenta se cuentan casi diez tratados o acuerdos bilaterales para el combate a las drogas, siendo la llamada Iniciativa Mérida el más reciente de ellos. Entre muchas otras cosas, esta última iniciativa consistía en un financiamiento estadounidense para que las autoridades militares y policiales de México se equiparan y capacitaran en la guerra contra el narco. En este tipo de acuerdos se prevén operaciones conjuntas e intercambio de información para respetar la soberanía, es decir, cuando uno de los Estados persiga a un connacional del otro debe avisar en tiempo y forma. En ese marco, la vuelta del General tuvo como centro “conversaciones de alto nivel” en el seno de esos acuerdos para pedir que desestimaran los cargos contra el ex Secretario a cambio de que México investigara y juzgara al indiciado. No olviden que el gobierno de los EUA se reservó su derecho de que, en caso de que México no lo acusara, pudiera reabrir su investigación.

El paquete completo de la repatriación incluía una carpeta del Departamento de Justicia con evidencias de que Cienfuegos mantenía conversaciones con un grupo criminal liderado por “El H”, narcotraficante vinculado con cárteles de la droga bastante fuertes en nuestro país. Los cargos por los que se le acusaban, y después se desestimaron, eran tres por conspiración para manufacturar, importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, además por lavado de dinero.

QUE COMIENCE EL DE TRES PISTAS

A pesar de todos los datos aportados por los estadounidenses en este caso, hace algunos días, el Fiscal General de la República – quien se supone que es autónomo y no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo ni ningún otro poder – exoneró a Cienfuegos por razones jurídicas, con sustento normativo, pero con firmeza acrobática que ya la quisiera el Cirque du Soleil para alguno de sus eventos. Y volvemos, cualquier argumentación jurídica puede ir en uno u otro sentido, la cosa es saber acomodarlo.

Empecemos con el hecho de que, a pesar de que los cargos estaban relacionados con narcotráfico, en la conferencia de prensa, las autoridades mexicanas presentaron una carpeta de investigación iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Resalta porque los delitos que se le imputaban no eran en ese sentido. Pero no hay rastro de investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, que es la especializada en narcotráfico. Cierto, cualquier unidad en la FGR puede iniciar carpeta por cualquier delito, sin embargo, este aspecto resulta por demás extraño.

OBTENCIÓN ILEGAL DE PRUEBAS…COMO EN MÉXICO

En su argumentación, la FGR comienza señalando que la información que le compartió EUA se obtuvo sin autorización judicial, particularmente las comunicaciones privadas. En efecto, el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales detalla los actos de investigación que hace la autoridad ministerial que necesitan que, antes de hacerlos, se los autorice el juez. Entre las seis fracciones de ese artículo esta la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. En sentido estricto tienen razón, aunque esperemos que, en el futuro hagan caso de la fracción VI respecto a las demás diligencias que las leyes señalen y entonces desestimen todas sus investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a ha denunciado basándose en información bancaria que no podría obtener sin autorización judicial. Les digo que todo se tuerce para el lado del emperador. Debido a que las pruebas se obtienen ilegalmente ya no pueden usarse, entonces la evidencia se borró, aunque la Fiscalía puedo investigar por otras vías para recomponer esa prueba pero…qué flojera.

Después dijeron que, bueno, sí había autorización judicial, pero que la autorización de la Corte estadounidense era para intervenir comunicaciones de narcomenudistas del Estado de Nevada, entonces todas las comunicaciones que no fueran de ellos eran ilegales. Aunado a ello, dicen que la documentación donde el juez autoriza la intervención de comunicaciones no se anexó en la carpeta entonces no tenían certeza de que las pruebas fueran legales al contener autorización de un juez. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales estima que el MP puede llevar a cabo todas las diligencias posibles antes de determinar la responsabilidad o no de una persona, por lo que, entre sus facultades de investigación pudo solicitar esa documentación directamente a la jueza o al Departamento de Estado.

UNA BLACKBERRY PARA DELINQUIR, POR FAVOR

Un punto que puede que les asista es el hecho de que no hay claridad respecto a que las conversaciones entre Blackberrys eran del General Cienfuegos y que ellos no pudieron corroborar porque como la información era entre 2015 y 2017, ya no podían pedirlo a las empresas telefónicas debido a que estas sólo tienen la obligación de resguardarlas por un periodo de 12 meses.

Lo que sí es una burla es cuando la FGR afirma que no tienen indicios que SEDENA le haya asignado una Blackberry a Cienfuegos. Ellos debieron investigar registros, indicios o información que determine, si de alguna manera, el investigado se hizo de un aparato telefónico de esa marca. Porque resultaría un poquitito absurdo encontrar un oficio de la Dirección de Servicios Materiales de SEDENA informando que por ese medio se le asignaba al Titular de la dependencia un aparato telefónico Blackberry para fines de comunicación con grupos criminales a fin de acordar la logística del tráfico de drogas. Les digo…

UN CABALLERITO NO SE EXPRESA ASÍ

Después señalan que en las conversaciones entre criminales en el que describen a Cienfuegos apodado “El Padrino”, no existe coincidencia con la fisonomía real del investigado. Nada más subjetivo como una descripción de esa naturaleza. Jocosamente dicen que el lenguaje ocupado en las conversaciones no corresponde al nivel académico y de preparación del General porque “una persona preparada” es inverosímil que hable así. Si escucharan esas bonitas conversaciones de “alto nivel” con improperios, guarradas y burlas que, estoy seguro, no enseñan en las Maestrías de Harvard.

SIN BIENES ILÍCITOS DECLARADOS

Finalmente dicen que no se puede acusar por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita porque revisaron las declaraciones patrimoniales del General y en ninguna se advierte que señale que se compró un avión o que hayan crecido desmedidamente sus recursos patrimoniales. Así como Bartlett no declaró sus casas o el Presidente dijo que su rancho no es suyo, sino de sus hijos. Porque sí, sorprende la fiabilidad de la declaración patrimonial.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel. Es decir, el MP debe agotar todas las líneas de investigación, diligencias y actuaciones para determinar la responsabilidad de una persona imputada, lo cual no sucede en un par de meses. Además, investigar no es descalificar una carpeta que le enviaron, ya que ellos bien pudieron pedir información o revisar otras líneas.

La suspicacia se fortalece cuando quien construye, administra, opera, investiga, asegura, habla, estructura y muchas más acciones de gobierno han sido delegadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en su enorme lealtad al pueblo mexicano también la aplica para sus miembros, por lo que, ante una acusación de esa magnitud tiene el compromiso a un militar con rango de General. Es entonces cuando uno entendería que el único brazo que puede apretar la garganta del rey es el militar. Si, de acuerdo al principio de presunción de inocencia, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero si entre demostrar o no lo hacemos de forma facciosa el país ya se jodió.

HASTA PRONTO

Hoy terminé antes sólo para dedicar el espacio a Doña Virginia González Madrid, madre de uno de mis mejores amigos, César, quien se nos adelantó en la mudanza al barrio que está detrás de las estrellas. Jamás creí que una columna fuera premonitoria de un evento cercano. Doña Virginia se fue en paz y con la claridad, que me constó varias veces, de haber sido artífice de educar formidablemente a 1 hija y 4 hijos a base de puros ejemplos. Esas manos trabajadoras, constancia y alegría permanente, jamás las olvidaré. Mexicanos como los padres de César ya hay muy pocos. Un abrazo a mi querido amigo y a toda su familia.