LA FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTÁ POR TODAS PARTES

Cuando me encontraba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, independientemente de lo inestable que era en el aspecto teórico la materia en sí, en los últimos semestres acudí a un seminario impartido por Carlos Lozano Ascencio y reviso un par de libros de Niklas Luhmann. En ambos casos se extraía una idea muy similar respecto de la forma en que trabaja la información. Preciso hacer notar que, para esos años las redes sociales no tenían tanto peso como ahora -si acaso recuerdo Hi5, MySpace y las salas de chat en algunos sitios – y el internet, en general, no había tenido la explosividad de ahora.

La postura de ambos era muy clara, los medios de comunicación – que para ese entonces eran los llamados medios masivos como radio, televisión, periódicos y cine, pero que ahora yo agregaría redes sociales – generaban incertidumbre, la mayoría de las ocasiones, intencionadamente y pocas sin quererlo. Este tipo de situaciones servían para controlar la agenda a su antojo, pero lo curioso es que señalaban que esa incertidumbre se podría generar, obviamente, por falta de información, pero también – y eso era lo novedoso se sus ideas – a través de torrentes de información que el individuo no sabría discriminar y se perdería entre ese mar de datos, provocando la misma confusión que aquel que no había recibido nada.

En una etapa de pandemia, la generación de miedo, amenazas o incertidumbre, hemos vivido esa circunstancia muchas veces: sirve el hidróxido de cloro, no sirve, envenena, es inocuo, las muertes crecieron, bajaron, ataca a mayores de setenta años pero porque han muerto muchos jóvenes, etc. Pero esta vez nos enfocaremos en un tema que tiene vinculación clara con los datos y que han surgido varias versiones y acciones impulsivas ante la desinformación generada: el cambio en los términos y condiciones de privacidad de WhatsApp.

EL MALDITO ZUCKERBERG

Hace algunos días, al abrir nuestro WhatsApp, aparecía un mensaje que nos informaba de la actualización de sus nuevos términos y condiciones en materia de privacidad de datos de los usuarios, para lo cual nos remitía a una liga donde se detallaba esa nueva circunstancia. Incluso se señalaba que en caso de no aceptar las condiciones daría lugar al bloqueo de la cuenta.

La información que circuló en las propias redes sociales fue de todo tipo: desde los que aseguraban que WhatsApp y Facebook podrían espiar nuestras conversaciones, hasta el hecho de que esas compañías tenían derecho a tener nuestra ubicación en tiempo real. Tan alarmantes eran esos mensajes o cadenas que hasta podíamos verlos seguido de un Piolín deseándonos bendiciones y buenos días.

Así es, las tías, los conspiracionistas, los paranoicos y casi casi Paty Navidad, nos hablaban de un nuevo orden donde el gran capital privado se haría dueño de nuestras vidas, haciendo que la foto que subimos de cuando éramos niños durante el tren del mame cercano al 30 de abril, ya no nos pertenecería y sería propiedad exclusiva de Mark Zuckerberg, quien, supongo, estaría ansioso de usar la foto de un niño chimuelo con traje de marinerito en color sepia recargado en un Maverick ´78.

LA MUERTE DE LOS PIOLINES

Como si se tratase de algo nuevo, todos entraron en pánico y urgieron dar de alta una cuenta en Signal o Telegram porque eran redes sociales más seguras y que no nos robarían la información como lo hacia Facebook y WhatsApp – porque de seguro todos revisaron las condiciones y términos de uso de Telegram y, con base en la ley, determinaron que ahí nadie se enteraría de las conversaciones con el tóxico.

El impacto fue que las descargas de WhatsApp se redujeron en un 10 por ciento y la de Signal y Telegram aumentaran en tiempo récord. Ello generó que el equipo de WhatsApp y Facebook se dieran cuenta que no fue buena idea dejar su estrategia de comunicación en manos de un lerdo y decidieron posponer esos términos hasta mayo de este año, con la idea de robustecer una estrategia de comunicación para los usuarios de sus redes sociales y parar un poco el daño.

EL AMPARO DE LA CONSTITUCIÓN EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Pero veamos qué dicen las leyes mexicanas en términos de protección de datos personales para aquellos que entraron en pánico y borraron el WhatsApp de inmediato para no permitir tal vulneración de su privacidad.

Empecemos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la norma suprema que es. Su artículo 6 tiene tres dimensiones: la del derecho a la libre manifestación de ideas que tenemos; derecho de acceso a la información en posesión de cualquier ente público o institución que reciba recursos públicos; y el derecho a que la vida privada y los datos personales sean protegidos por el Estado.

Posteriormente, en el artículo 16, de forma expresa señala que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley”, para ello se crea un organismo público autónomo que se denomina el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales. Sí…de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Instituto que por cierto, a petición del emperad…perdón, del Presidente de la República debe desaparecer por costoso e inútil.

De esos preceptos constitucionales que hablaban de protección de datos personales y de la facultad del Congreso para legislar en la materia surgieron dos leyes: la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dirigida sobretodo a la información que tienen entes gubernamentales; y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, dirigida a personas físicas o morales privados que recopilen datos personales derivados de su actividad.

MÁS QUE UNA SIMPLE LEY

Sin la intención de meternos muy profundo a lo que dice la ley – que recomiendo leerla de principio a fin por lo accesible y clara que es -, en ella se establecen cosas como:

  • La obligación de los particulares en posesión de datos personales para emitir un aviso de privacidad en el que se informe al usuario los fines y la forma en que se tratará su información personal otorgada.
  • Lo que se entiende por sujeto obligado y otros conceptos en la materia.
  • Los principios que rigen el tratamiento de datos personales: licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
  • La importancia de la emisión del consentimiento para el tratamiento de datos.
  • Las sanciones a quienes incumplan.
  • Y de vital importancia lo relativo a los derechos del titular de los datos que hasta se entienden como “derechos ARCO”, toda vez que se refieren a la posibilidad que tienen los usuarios para Acceder, Rectificar, Cancelar y Oponerse al tratamiento de sus datos personales.

En su conjunto, estos elementos quieren decir que, de alguna manera. Tenemos a nuestro alcance herramientas para evitar que nuestros datos sean compartidos o utilizados de manera indebida, generando sanciones para aquellos particulares que no atiendan esto.

De hecho, las condiciones nuevas de WhatsApp no aplican para Europa por razones legislativas, ya que desde 2016 emitieron el Reglamento General de Protección de Datos, que sirve de marco para que todos los países de la Unión Europea adecúen sus legislaciones en materia de tratamiento de datos. Este reglamento es más específico en cuanto a conceptos tecnológicos, cibernéticos y de internet en general, además de mucho más restrictivo que nuestra legislación, por lo que Mark Zuckerberg se topó con pared en esa región ante la imposibilidad de incluir esos nuevos términos.

LO QUE SÍ DICE

Aunque sé que ya leyeron completitos los nuevos términos y condiciones en materia de uso de datos de WhatsApp y Facebook precisaremos lo más relevante:

  • WhatsApp puede compartir con Facebook – ambos propiedad de la misma persona – información del contacto del usuario. Ello implica sólo el número telefónico, ya que los teléfonos no están vinculados a personas, a menos que ustedes así lo hayan deseado en su perfil de Facebook.
  • La información que comparte es la relativa al uso que se dé para consumo, es decir, cuando se pongan en contacto con un número de empresa, determinar qué compraron y en qué condiciones.
  • El contenido de las conversaciones no es accesible para Facebook o WhatsApp debido al cifrado de extremo a extremo, si acaso lo es para hackers, autoridades que usen el software Pegaso o clonen su teléfono para investigarles sus truculencias y por el tóxico o la tóxica cuando llegan borrachos. En todos estos casos es una intervención ilegal o, en el caso de ministerio público, con la autorización de un juez.
  • La intención es saber qué compran y Facebook, como hasta hoy cuando buscan en Google, les ponga información selectiva de productos relacionados con su consumo.
  • Por el momento, aunque no es mala idea, WhatsApp, asegura que no habrá publicidad en sus conversaciones.

CONSENTIMIENTO CON…SENTIMIENTO

Como conclusión, aquí hay un tema fundamental: el consentimiento. Cuando ustedes contratan a una empresa, para lo que sea que fuere, y además lo hacen de manera formal, se requiere de un contrato o, por lo menos de la aceptación del precio, términos de entrega y, desde luego, del manejo que le den a sus datos cuando den su teléfono, correo electrónico o redes sociales. Esa aceptación debe ser a través de un consentimiento expreso – cuando dicen sí, sí quiero que me o traigas vía prime con un costo extra del 10 por ciento – o tácito – cuando se sobreentiende por algún gesto o acto, por ejemplo, cuando ustedes pagan el precio de un objeto al comprarlo.

Ese consentimiento implica que ustedes están de acuerdo con la transacción o con el acto, ya que, sin él, la contraparte no puede llevar a cabo la acción ofrecida. Ese consentimiento puede manifestarse, como ya dijimos de varias formas: con una firma, con un click, con un aceptar o con el simple hecho de usar una aplicación.

Ello no quiere decir que puedan cambiar de opinión y para eso tienen sus derechos ARCO, los cuales, en el aviso de privacidad de la empresa deben señalar cómo ejercerlos – a través de un correo electrónico, con una llamada, por medio del INAI, etc. -, por lo que si ustedes no están de acuerdo ya con que Liverpool use su correo electrónico para pasarles promociones o que esos datos los comparta con sus empresas asociadas, basta que ejerzan su derecho a la cancelación u oposición a ese tratamiento de datos.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

De todo esto extraigo dos cosas que, de manera respetuosa, se las formulo como conclusión a manera de preguntas:

  • Si ustedes asumieron – mal hecho si fue así porque quiere decir que no se enteraron directamente por la fuente – que con estos nuevos términos WhatsApp podría espiar sus conversaciones entonces ¿creen que tienen información de relevancia suma que no quieren que las vea nadie más? Digo, quizá les pese que alguien les robe sus memes, stickers o se enteren de que están comprando fayuca pirata o simplemente de la flojera que les da ir a trabajar.
  • Dadas las circunstancias de revuelo que los orilló a irse a Telegram ¿seguro que leen el aviso de privacidad cada vez que compran algo en línea o presencial, incluyendo todas las aplicaciones que tienen en su teléfono – como Candy Crush – y se niegan a comprar cuando ese aviso no les conviene?

Es importante mantenernos informados de la fuente y de los derechos legales que tenemos como usuarios para evitar entrar en pánico y cancelar una cuenta en donde podemos tener cientos de contactos comerciales o amigos que no están dispuestos, por decisión propia o falta de pericia, a cambiarse a otra red. Ah, por cierto, ya se aprendieron también los términos y condiciones de Telegram y Signal, ¿verdad?.

Como sugerencia final, así como nos paramos de pestañas con el aviso de WhatsApp, lo cual es correcto siempre que indaguemos a fondo, es importante que cada que compren un automóvil, firmen el contrato de una nueva tarjeta de crédito o su contrato laboral o, incluso, entremos a un sitio con reglas, las leamos a detalle con toda la calma para prevenir y no lamentar.

MORIR DIGNAMENTE O SIMPLEMENTE DEJAR DE VIVIR

Así como lo revisamos en la entrega pasada que platicamos acerca de la interrupción legal del embarazo, considerada por un sector de la sociedad como eliminar la vida de un ser en plena gestación, otros temas que cuentan con el aderezo religioso son sumamente polémicos. Cuando se trata de vida y de muerte como una vía de decisión por parte de las personas, los que no están de acuerdo con ello retan a los promotores de estas conductas reclamándoles que no pueden tomar una postura de Dios y que sólo los designios de la divinidad son los que deben decidir sobre la vida y la muerte del ser humano.

Hace algunos años, un Doctor en Derecho que conocí decía con toda su seguridad ante sus amigos y colaboradores que, llegado el momento en que él no se pudiera valer por sí mismo en algún aspecto de su vida, se suicidaría con un revólver que tenía en su casa, pero lo haría cerca del mar de tal manera que su cuerpo se perdiera en el mar y nadie hiciera “escarnio de sus restos”. Lo curioso es que él mismo decía que si esa incapacidad era derivada de algún problema mental ni siquiera se iba a acordar del lugar donde había guardado la pistola.

Asimismo, en medios de comunicación hemos conocidos varias historias de personas que se encuentran enfrentando alguna enfermedad terminal que, además, les genera dolores indescriptibles, que viven una lucha contra el sistema jurídico de sus países de origen para poder llevar a cabo lo que le llaman eutanasia. Además de libros, algunos filmes nos han enterado de casos en los que esa decisión parece la mejor decisión.

MARIE Y SU CUADERNO

En este escenario se encuentra Marie, una arquitecta argentina que, a sus 42 años, luego de tener una inflamación abdominal, los médicos tuvieron que extirparle el útero por completo junto con unos bultos que parecían gravemente sospechosos. Luego del análisis patológico, encontraron que estas protuberancias eran indicativos de un cáncer de ovario tan avanzado que ya se había convertido en una mortal metástasis.

Con la compañía permanente de su esposo y esporádica de su pequeño hijo de dos años, Marie encontró en el sarcasmo y el buen humor la única vía para sortear una despedida que se tornaba dramática a todas luces. La esperanza estaba perdida pero el valor de afrontar un problema con plenitud de facultades, la llevó a considerar dos cosas: cómo mantenerse vigente en el amor de su hijo y cómo evitar tanto sufrimiento poniendo fin a su vida de manera digna antes de que su apariencia y fuerzas menguaran para verla desvanecerse innecesariamente.

Por un lado, Marie escribió una especie de diario en el que relataba su amor por su hijo Nippur, retratando momentos vividos y, además, aquellos que estaban por venir pero que ella ya no estaría más para disfrutarlos o, incluso, sufrirlos. Esa situación dio origen, a la muerte de Marie, a la publicación de un libro intitulado “El Cuaderno de Nippur” que, a la fecha, ha vendido más de 13 mil ejemplares.

LA ARGENTINA ENSIMISMADA

Por otro lado, Marie, junto con su esposo y el apoyo de uno de los médicos del hospital buscaban la aplicación de la sedación paliativa. Única alternativa en ausencia de la regulación de la eutanasia, para poder anular la conciencia de los pacientes con alguna enfermedad terminal que provoca considerable dolor físico o sicológico. Lo ideal en esos casos, podría pensarse, es la eutanasia, sin embargo, ese acto es inadmisible para la legislación argentina, por lo que, de practicarla puede acarrear problemas serios, incluyendo la pena de prisión.

Ante esta última decisión se encontraron con muchos obstáculos, desde los mediáticos hasta los éticos. Los mediáticos, ante la negativa del hospital de aplicar una sedación de ese tipo dada la fama que había adquirido Marie en redes sociales y en algunos programas de revista importantes en la Argentina. Los éticos, ante la determinante decisión de la médico encargada de llevar a cabo la sedación de no aplicarla por ir en contra de sus principios, algo así como lo que explicamos la semana pasada respecto de la objeción de conciencia a la que tiene derecho el personal médico involucrado.

LA MUERTE EN EL MUNDO

La eutanasia no dejará de ser nunca un tema polémico, sin embargo, para bien o para mal hay que revisar el estatus de la legislación en el mundo y en México, ya que la progresividad que tenemos en el mundo respecto de la descriminalización de algunas conductas, es un indicativo que este tema en breve podrá ser el centro de la discusión legislativa.

Se dice que, a la fecha, en países donde está permitida la eutanasia y el suicidio asistido, el porcentaje de muertes por esa vía oscila entre 0.30 por ciento y 4.5 por ciento de todos los fallecimientos registrados.

EUTANASIA ACTIVA, PASIVA, VOLUNTAD ANTICIPADA Y SUICIDIO ASISTIDO

Actualmente, hay disimilitud legislativa entre los países que permiten la eutanasia activa, la eutanasia pasiva y el suicidio asistido. Desde luego, antes de dar un paso más en los confines de la muerte debemos aclarara la diferencia entre estos tres términos.

La eutanasia activa es la muerte a consecuencia de la acción directa de un tercero que suele ser un médico, ya que a través de alguna sustancia aplicada al torrente del enfermo se interrumpen funciones vitales sin dolor. La eutanasia pasiva es aquella es cuando la muerte resulta de forma indirecta por la acción de un tercero o por la omisión de este en los cuidados y tratamientos para mantener la vida; esta se asemeja a lo que se le denomina voluntad anticipada, que es el consentimiento expreso de un paciente para que dejen de aplicarle tratamiento médico que le preserve la vida y sólo se le den medicamentos para paliar el dolor y permitir que su muerte llegue mas pronto derivada de las consecuencias de una enfermedad terminal. Es preciso señalar que, para algunas organizaciones de médicos, no existe diferencia entre pasiva y activa, ya que ambas provocan la muerte de un paciente por acción u omisión, es decir, ambas son resultado de acciones o inacciones médicas. Finalmente, el suicidio asistido consiste en que un médico, a petición de un paciente, terminal o no, le facilita un medicamento que le produce la muerte.

POCOS SE ENFRENTAN A LA MUERTE

Países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Colombia y recientemente España despenalizaron la eutanasia en cualquiera de sus formas. Curioso el caso de Colombia que la permite en su Constitución, peor faltan leyes secundarias que regulen sus formas y alcances. Suiza cuenta, desde hace ya varias décadas con el suicidio asistido, por lo que muchas personas de naciones diferentes acuden a ese país a privarse de la vida de forma legal. En el caso de Estados Unidos de América y Australia, sólo algunos Estados permiten la eutanasia activa y pasiva.

MÉXICO Y SU ETERNA RELACIÓN CON LA MUERTE

En el caso de nuestro país, la Constitución en su artículo 4º señala el derecho que tenemos a la protección a la salud, lo cual implica un sentido muy amplio de lo que entendemos como tal, razón por la cual, algunas personas han dado la interpretación que, de forma implícita, nos permite decidir respecto si queremos atención médica o sólo paliativa.

Desde 2008, la Ciudad de México aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, la cual, en términos amplios, implica que las personas que así lo decidan, aún sin tener una enfermedad terminal, manifiestan su deseo que, llegado el caso, no se apliquen medidas que les permitan prolongar su vida con medios artificiales, sino sólo recibir cuidados paliativos para que, conforme su cuerpo resista, fallezcan de forma natural. Ello, desde luego se encuentra lejos de la eutanasia activa o el suicidio asistido, sin embargo, por lo menos se permite decidir sobre mantener una vida con pocas esperanzas de mantenerse con buena calidad.

Posterior a esta reforma, otras 14 entidades federativas aproaron leyes similares, esperando que, a nivel federal, haya una reforma, sobretodo al Código Penal y a la Ley General de Salud, para despenalizar y, además, permitir médicamente el que las personas puedan decidir en un momento en que su vida sea frágilmente mantenida.

Las leyes de este tipo implican la emisión de documentos ante Notario Público o ante las instituciones de salud para que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad terminal que haga imposible mantener la vida de forma natural o tenerla de calidad, sólo reciban medicamentos que palien su dolor y su muerte sea más próxima a lo naturalmente mandatado por el organismo.

Es cierto que en países donde se permite la eutanasia o el suicidio asistido los requisitos son complejos y extensos bajo la lógica de que sea una decisión bien pensada. El ser mayor de edad, tener una daño físico o síquico irreparable, la revisión médica y sicológica de especialistas y la opinión de dos expertos al respecto, son algunos de los requerimientos para llevarla a cabo.

VIVIR ES MORIR, ACEPTARLO NOS LLEVA UNA VIDA

Por encima de la regulación que implica despenalizar este tipo de conductas cuando un ser querido nos pide una muerte digna, el trasfondo emocional, religioso y hasta científico en casos donde el diagnóstico da un giro inesperado nos lleva a reflexionar la auténtica voluntad de vivir para quien, sin sentirse Dios, entiende que culminar con su existencia va más allá de un capricho y más bien se encuentra cerca de un análisis desapasionado de que la historia tiene que terminar.

Es importante para esta columna determinar los alcances jurídicos de este tipo de circunstancias, pero cuando la filosofía nos trastoca no queda más que pensar que la muerte es inherente a la vida y correrle a ella es inútil. Como colofón reproduzco un breve fragmento del libro “El Arte de Sobrevivir” del filósofo Arthur Schopenhauer:

…la vida misma fluye eterna desde una fuente inagotable, desde el tiempo infinito, y la voluntad de vivir siempre tendrá vida, junto con la muerte, amarga añadidura que en realidad con la vida constituye la misma cosa, puesto que sólo el tiempo, cosa insignificante, las distingue, y la vida no es sino una muerte pospuesta.

Arthur Schopenhauer

DECIDIR SÍ ES UN DERECHO

El pasado 29 de diciembre, el Honorable Senado de la Nación Argentina aprobó una Ley que regula la interrupción legal del embarazo, lo cual presupone la tan esperada normatividad que descriminaliza y, de hecho, legaliza el aborto, es decir, se suprime la responsabilidad penal para las mujeres que decidan interrumpir la gestación de un embrión antes de 14 semanas.

El asunto se convirtió en una victoria de colectivos feministas, sí esos que portan un paliacate verde en el cuello y que su principal bandera de lucha es la defensa de las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo cuando se encuentren embarazadas. Desde luego conocemos a este grupo visible, sin embargo representa a muchas más mujeres que, sin paliacate puesto, han tenido historias de criminalización, violencia y señalamientos morales que, ni aun tomando la decisión con pleno convencimiento, afectan sus vidas y luchan contra demonios culturales y emocionales interiorizados por el rol de gestoras de la vida que la historia y la cultura mundial les han endilgado.

 El objetivo de esta columna será revisar algunos aspectos relacionados con la interrupción del embarazo. Elementos sociales, estadísticos y culturales, nos darán un panorama general del estatus del aborto en el mundo. Por otro lado, revisaremos cuáles fueron los aspectos regulados en la legislación argentina y, desde luego, precisaremos cómo nos encontramos en México respecto a ese tema.

QUÉ TAN “ABORTANTE” ES EL MUNDO.

De acuerdo con el estudio intitulado “Aborto, incidencia entre 1990 y 2014”, cada año se realizan 56 millones de abortos en el mundo, sin embargo, lo riesgoso de estos es que casi la mitad se practican de forma clandestina y, por lo tanto, insegura, lo cual convierte a este tema en un aspecto de salud pública a pesar de los múltiples matices éticos, morales y religiosos que envuelven a tan polémico tópico.

Como pasa en muchos otros aspectos de la vida de la humanidad, la interrupción legal del embarazo se encuentra debidamente regulada en varios países, los cuales se encuentran mayoritariamente ubicados en el hemisferio norte del planeta. Es decir, prácticamente toda Europa, Asia en su parte norte, Estados Unidos y Canadá, no sólo descriminalizaron el aborto, sino que han resuelto como obligación del Estado contar con toda la infraestructura médica para llevar a cabo estos procedimientos de manera segura. A esos países se les suma buena parte de Oceanía ya que, a pesar de encontrarse en el hemisferio sur, su herencia basada en el common law, es decir, del derecho surgido de países anglosajones, los coloca en una visión social más cercana a los países europeos.

RAZONES Y EXCEPCIONES MUNDIALES

Aunque no buscamos enlistar todos y cada uno de los países que han incorporado a su régimen legal la despenalización del aborto, es importante entender que las prohibiciones y permisiones se dan en ciertos niveles. Al efecto, podemos caracterizarlos en estos rangos: países donde el aborto es legal en general dentro de los plazos médicos señalados; legal por salud de la madre, por defectos del feto y por razones socioeconómicas; legal sólo porque está en riesgo la salud materna, se prevén defectos del feto o por ser producto de una violación; legal sólo por salud de la madre o defectos del feto; legal sólo por riesgo de salud en la madre; e ilegal sin importar las circunstancias.

En Europa, Polonia y Finlandia son las únicas excepciones ya que no permiten la interrupción legal del embarazo a petición de la gestante, sino que se requieren causas para practicarlo, por ejemplo, a existencia de una violación o el peligro de muerte para la gestante. En términos generales, Latinoamérica, África, Medio Oriente, parte de Oceanía y el sudeste asiático, consideran al aborto como ilegal a menos que se presente alguna circunstancia que lo permita.

De forma particular nos detenemos en América Latina, ya que de 5 de los países en el mundo que no permiten el aborto legal en ninguna circunstancia, 4 son latinos – El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana -; además, es importante señalar que Cuba, Uruguay, Guyana – que hasta hace no mucho era colonia europea – y ahora Argentina, han descriminalizado el aborto tendiendo una red de salud pública para la práctica segura.

EL KREMLIN DANDO EL PASO REVOLUCIONARIO

Rusia, con una tradición religiosa y política muy particular, fue el primer país en permitir el aborto y contar con políticas públicas en materia de salud para su práctica segura. Desde 1920, la entonces URSS, emitió un decreto para permitir la interrupción legal del embarazo siempre y cuando se realizara por un médico y sin que tuviera fines de lucro. Aunque ese decreto fue cancelado por Stalin arguyendo razones económicas ante la imposibilidad del Estado de realizar tantos abortos, a su muerte se volvió a la permisión total con apoyo de los hospitales públicos. La lógica del apoyo de las mujeres soviéticas en ese momento descansaba en que la interrupción del embarazo no estaba reñida con la defensa de la maternidad, por el contrario, era una arista decisiva para formar mujeres fuertes, capaces y con derecho a decidir en medio de la revolución socialista.

LA REMERA ALBICELESTE QUE SE PINTÓ DE VERDE

En la parte jurídica es necesario precisar, primero, cómo quedó la nueva legislación aprobada en Argentina, para luego dar paso a la situación que se vive en nuestro país en donde, al ser una federación existe un Código Penal Federal y 32 locales, en los que se pueden regular más o menos aspectos. Y en ese caso tenemos que, a nivel federal no se ha descriminalizado el aborto, mientras que, desde 2007, la Ciudad de México despenalizó el aborto antes de las 12 semanas de embarazo con modificaciones a dos normas relacionadas con la salud y los delitos.

En el caso de Argentina, con esta nueva ley – que fue el octavo intento en el Congreso para pasar una ley en esa materia – se permite la interrupción del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación aún cuando casi en todos los países que se permite es hasta la décimo segunda semana. Los argentinos establecieron que, en el caso que rebase ese término, la permisión del aborto requiere alguna de dos causales para no ser punible: si está en peligro la vida de la madre o si el embarazo es resultado de una violación. Asimismo, esta ley prevé el papel gubernamental a este respecto en tres niveles: a través de educación sexual; por medio de servicios públicos de atención al aborto y respetando principios de trato digno y confidencialidad para quien reciba el servicio.

LA PROGRE CIUDAD DE MÉXICO

Para México tenemos primero el elemento local, siendo la Ciudad de México la pionera en este caso, ya que, a través de reformas legales en 2007 y 2009, se despenalizó el aborto. A partir de entonces y bajó la lógica del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que todas las personas tienen el derecho de decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consignó en el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal, que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, por lo que las penas se dan sólo cuando rebasan esa temporalidad y, aún siendo más de esa temporalidad, existen excluyentes del delito: si es resultado de una violación; si existe riesgo de salud para la madre; si existe daño físico o mental en el feto que ponga en riesgo su vida; y que sea resultado de una conducta culposa de la mujer.

En unión a esta reforma, dos años después se modificó la Ley de Salud el Distrito Federal en sus artículos 58 y 59 para establecer que las instituciones públicas de salud tienen la obligación de practicar la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación si así lo pide la mujer embarazada.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

De especial importancia es la regulación tanto en la Ley Argentina como en las disposiciones normativas de la Ciudad de México respecto la objeción de conciencia, la cual no es otra cosa más que la libertad de los médicos para negarse a llevar a cabo este procedimiento si sus creencias religiosas o convicciones personales no se lo permiten, siempre y cuando deriven a la mujer con algún otro médico que sí pueda practicarla. En ambos países se consigna que, si es urgente practicar el aborto para evitar poner en riesgo la salud de la madre, el médico no puede objetar su obligación. Esto es un tema profundo debido a que, en la realidad, esa objeción es un obstáculo incluso cuando exista la obligación por agravamiento, ya que muchos médicos pueden llegar a implementar prácticas dilatorias para no llevar a cabo el procedimiento médico poniendo en riesgo la salud femenina y propiciando que el tiempo perdido haga que se rebasen las doce semanas, sin embargo, ese aspecto puede ser producto del desarrollo de otro tema más amplio, por lo complejo de la práctica de la medicina, la libertad de profesión, la responsabilidad profesional, la libertad de creencias y la propia interrupción del embarazo.

EL REZAGO FEDERAL

Finalmente, a nivel Federal, los artículos 329 al 334 del Código Penal Federal, mantienen la criminalización del aborto con penas que van de 1 a 6 años de prisión para la madre o para quien le ayude a practicar el aborto, con el componente, además, de que puede atenuarse si existen circunstancias absurdas como: que la persona no tenga “mala fama”; que haya logrado ocultar su embarazo y que el embarazo sea fruto de una “unión ilegítima”. Sí, así de arcaica es la legislación en la materia a nivel federal sin que exista una modificación próxima.

Incluso, a pesar de los esfuerzos aislados de legisladores por cambiar la normatividad, no ha existido discusión del tema por los altos costos políticos que acarrearía para el partido político que pretenda discutirlo, toda vez que socialmente es un tema que divide a la población, estimándose que la mitad de la sociedad mexicana no apoya la despenalización del aborto mientras que la otra mitad exige la aprobación de una modificación legal. Incluso en el ejercicio para crear un Código Penal único que rija a todas las entidades y a la federación, el tema del aborto fue uno de los que causó mayor división y, prácticamente, estancó la creación de esta normatividad penal sustantiva.

PROGRESISTAS ULTRACONSERVADORES

Este tipo de temas, más allá de lo legal, tiene componentes sociológicos, éticos, morales, religiosos y políticos que frenan un cambio próximo. El ejemplo es que en Argentina la aprobación en el Congreso no se dio de forma unánime, sino que la votación estuvo sumamente dividida por lo que, si asumimos que son representantes sociales, podríamos entender que la sociedad, en caso de una consulta, se estaría dividiendo en una proporción similar.

Sin embargo, estamos hablando de derechos entendidos como aspectos irrenunciables y que afectan directamente a la persona que los ejerce, por lo que asumir que los derechos se encuentren sujetos a votación no sólo es absurdo y cobarde, sino que rebasan cualquier condición de defensa de los derechos humanos a nivel global, máxime la existencia de disposiciones internacionales que indican a los países que deben dirigirse a una ampliación de derechos de este tipo. Poner a consulta la descriminalización de mujeres que por tomar una decisión personalísima tienen que separarse de sus familias compurgando penas en cárceles indignas y llenas de delincuentes reales, no sólo es populista, sino que es absurdo e, insisto, cobarde.

Lo que sucedió en Argentina es que la conformación del Congreso fue de izquierda, con legisladores conocidos por sus luchas sociales en los últimos años, lo que llevó a una aprobación de esta índole. En México, a pesar de tener un gobierno autodenominado progresista, lo real es que es uno de los Ejecutivos y de las mayorías legislativas más conservadoras que hayamos tenido en los últimos 30 años.

En alguna ocasión leí a un jurista muy centrado que señalaba que no hay quien este “a favor” del aborto, sino que existe quien propugna por el derecho a decidir y ese es el punto central de esta discusión. Es decir, nos referimos a que las mujeres tomen una decisión clara sobre el número y espaciamiento de sus hijos, de derechos positivos que se reflejen de forma clara. Se trata de un derecho de un grupo que ha sido vulnerado por milenios y más cuando se trata de roles sociales. La intención es no tener más muertes por abortos clandestinos y que el gobierno asuma su responsabilidad que vaya más allá de practicar este tipo de interrupciones. El Estado se encuentra obligado a proveer de educación sexual y reproductiva plena, con acompañamiento permanente y generando las condiciones dignas económicas para que la decisión de tener o no un hijo sea por convicciones personales y no por carencias sustanciales. Permitir la interrupción legal del embarazo es tan urgente como una educación de calidad, cohesión social y familiar, indicadores de desarrollo humano alto y posibilidades de empleo y de estudio para todas y todos. Eso sólo se logrará con políticas públicas de calidad, visionarias y con una sociedad responsable, pero mientras los derechos son los derechos.

EL ESTADO CRIMINAL. PARTE II

LA INFAMIA

El juicio se llevó a cabo. De un lado de la audiencia, la familia de Rubí, del otro lado, la de Sergio Rafael. Luego de desahogar las pruebas de ambas partes, se otorga la palabra a Marisela Escobedo como ofendida por el homicidio de su hija; sus palabras evidencian rabia y exigencia de justicia sin la más mínima gota de perdón para el asesino de su hija. Posterior a ello, se le da la palabra a Barraza, quien se disculpa con Marisela por lo que hizo y el dolor causado por la muerte de Rubí. Sí, el feminicida, además de todas las pruebas en su contra, cierra con una confesión de su crimen.

El tribunal está compuesto de tres jueces, Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, quienes después de escuchar el desarrollo del juicio resuelven absolver a Sergio Rafael Barraza del delito de homicidio calificado en perjuicio de Rubí Freyre. Sus argumentos fueron, por increíble que parezca, que el agente del Ministerio Público no había aportado las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad del acusado, sí, del que hace unas horas había expresado ante el jurado y todos los miembros presentes en el juicio que se arrepentía de cometer el crimen y pedía perdón a Marisela y a su familia.

INMEDIATA LIBERTAD Y APELACIÓN

Pausa jurídica. Cuando se absuelve a un inculpado, se llevan a cabo algunos trámites en un par de horas para dejarlo en completa libertad. Por su parte, el Ministerio Público debe apelar dicha sentencia. Apelar en derecho implica, a grandes rasgos, inconformarse con la resolución – que en este caso fue una sentencia – argumentando cuáles fueron las fallas del juez o jueces de primera instancia – desde que no valoraron todas las pruebas, fueron parciales, no se refirieron a todas las partes del juicio, no atendieron a algún aspecto legal o constitucional, etcétera -. La apelación la resuelve un tribunal superior, quien revisa la actuación del juez y puede confirmar la sentencia, revocar la sentencia o modificar la sentencia. Si en apelación no se resuelve conforme lo requiere alguna de las partes entonces hay cabida a lo que dijimos en entregas pasadas es el Amparo Directo.

Volviendo al caso de Marisela Escobedo, la consecuencia fue la inmediata libertad de Sergio y la apelación por parte del agente del MP de la absurda sentencia. En apelación, el tribunal de alzada o de segunda instancia revocó la sentencia y condenó a Sergio a 40 años de prisión, sin embargo, para entonces el homicida ya había huido y no se le pudo cumplimentar la orden de aprehensión por el delito que cometió. Es decir, tenemos una sentencia condenatoria pero no tenemos al inculpado ¿les suena? Es algo así como haberse ganado la lotería y que no haya dinero para pagar.

EL COBIJO DEL CRIMEN ORGANIZADO

Con la indignación a tope, Marisela marchó desnuda, pintada como payaso, caracterizada como jueza, haciendo caminatas desde Juárez hasta la Ciudad de México para que el entonces Presidente Calderón la recibiera pero sin tener éxito. Al mismo tiempo, con sus propios recursos nuevamente, investigó dónde podría estar Barraza y supo que regresaría a Zacatecas con su nueva pareja, por lo que luego de vigilar unos días, avisó a las autoridades el paradero del prófugo pero, a pesar de estar cercado por fuerzas estatales, se escapó entre docenas de efectivos y una pequeña pistola en su poder. A partir de ese momento Marisela se instaló permanentemente en Zacatecas, en un inmueble de frente a la casa de donde escapó Sergio Rafael, hizo guardias de día y noche junto con su hijo y su hermano, hasta que un día vieron una camioneta llegar a esa casa y el hijo de Marisela lo reconoció; el asesino había ido por su pareja, así que Marisela y su hijo le dieron seguimiento en su vehículo y de pronto este se les puso de frente en su camioneta, con las luces intensamente dirigidos a ellos y los observó descaradamente sabiendo que la impunidad lo cobijaba y que, ya para entonces, de acuerdo a testimonios, la camioneta en la que circulaba y las armas largas con las que se le veía, formaba parte del grupo criminal denominado “Los Zetas”.

Con la protección de ese grupo de la delincuencia organizada, las autoridades tanto de Zacatecas como de Chihuahua le cerraron la puerta a Marisela porque, argumentaban, ya no era tan fácil detenerlo debido a que tenían que “pedir permiso” al grupo criminal. Con más rabia aún y sabiendo que, además de Rubí, ella o algún miembro de su familia podía perder la vida, se retiró de Zacatecas y se plantó permanentemente frente al palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua increpando al flamante recién elegido Gobernador, César Duarte Jáquez, quien en su profundo narcisismo no le otorgó audiencia y la mandó con el Fiscal del Estado quien, a través de promesas que jamás cumplió, se libró de ella por un rato.

EL GOBERNADOR DELI…NCUENTE Y DELI…CADO RESPONSABLE DE LA MUERTE DE MARISELA

Con las fuerzas que le restaban, se instaló en la explanada del palacio gubernamental y, cada vez que podía, increpaba al Gobernador Duarte, señalando que la justicia era selectiva. Ello porque después que el sobrino del Gobernador había sido asesinado, a los pocos días la Fiscalía ya tenía detenidas a varias personas y el caso casi concluido; asimismo, ante el secuestro del hermano de la ex Procuradora Patricia González, los responsables fueron detenidos a las pocas semanas. Sí, como suele suceder, la justicia sirviendo al poder.

Las muecas y molestia del Gobernador Duarte se notaban cada que tenía un evento y se confrontaba con las arengas de Marisela y las mantas que le colocaba casi frente al estrado, por lo que, quedó claro que, a partir de ese momento, la protección del gobierno estatal abandonaba por completo a Marisela Escobedo y su familia. De la protección federal, hemos de decir, ni sus luces.

Cercana la Navidad, Marisela se mantuvo en su plantón y refirió tanto a su hijo como a su hermano, quienes la acompañaban permanentemente, que pasaría ahí la Navidad en protesta, incluso, pretendía comprar un árbol de navidad por esos días a fin de colocarlo como adorno a su plantón. El 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno, en la cara de las autoridades, un disparo en la cabeza le arrebató la vida a Marisela. Todo quedó videograbado y la complicidad oficial se consumaba. Justo después del entierro del cuerpo de Marisela, su negocio, la maderería, fue incendiada y la casa de su hijo saqueada.

Lo siguiente fue una farsa; las autoridades detuvieron al “Wicked”, un pandillero local que fungió como chivo expiatorio para culparlo del asesinato de Marisela. A los pocos meses de la detención del sujeto, se informó que había muerto en el penal como consecuencia de un infarto que, después, con toda la presión encima, las autoridades tuvieron que informar que más bien lo asesinó su compañero de celda.

El hermano de Marisela, testigo de los hechos, aseguró haber visto de frente al homicida y aseguró que el Wicked no era el responsable, sino que el culpable era el hermano de Sergio Rafael, Andy Barraza, sin embargo, las autoridades no movieron un dedo para detenerlo quedando impune el crimen más atroz patrocinado por una seguidilla de errores del Poder Judicial Local, del Ejecutivo Local y la inacción e indiferencia de todos los Poderes a nivel Federal.

ACTUALIZACIÓN

El hijo de Marisela Escobedo tuvo que pedir asilo al Gobierno de los EUA desde donde sigue exigiendo justicia para su hermana y su madre.

Sergio Rafael Barraza, quien ya tenía nivel de “comandante” con Los Zetas, fue abatido en noviembre de 2012 durante un enfrentamiento con el Ejército.

El Gobernador César Duarte fue acusado de desvío de recursos y delitos electorales en más de 10 causas penales locales y federales. Actualmente está detenido en EUA combatiendo la solicitud de extradición que hizo el gobierno mexicano para que se le juzgue en nuestro país.

Andy Barraza se encuentra detenido en EUA por el delito de robo sosteniendo su argumento de que fue su hermano quien mandó matar a Marisela Escobedo.

Los jueces que absolvieron a Barraza, fueron suspendidos y, actualmente, se encuentran en la lucha jurídica para que el Congreso Local no les inicie un juicio de procedencia por su responsabilidad en la indebida absolución.

A principios de noviembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno mexicano una denuncia en su contra por los feminicidios de Rubí Freyre Escobedo y de Marisela Escobedo. Ello puede llevar al gobierno a reparar daños y tener una sanción por su indebido actuar en la investigación. Recientemente la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua informó que reabriría el caso para seguir algunas líneas de investigación.

QUEMEN TODO…

El Gobierno local y federal es absolutamente responsable de ambos crímenes, no sólo por su deficiencia en la protección de las y los mexicanos, sino por la profunda corrupción que prevalece y que se oculta con chistes, discursos enteros y simple omisión. El Sistema Acusatorio no ha funcionado porque la impunidad es la antorcha de los desalmados, de los que sufren más porque les arruinen sus mítines que por la muerte de sus habitantes. Esta historia se replica no sé cuantas veces en muchos rincones del territorio nacional sin que hasta ahora el Estado haga algo para resolverlos y, peor aún, para prevenir otros atroces crímenes. El Gobierno no accionó las pistolas ni asfixió a las víctimas, pero permitió que ello ocurriera cuando pudo evitarlo.

El caso de los jueces que absolvieron es ridículo. Sepan que, en efecto, cuando no se acredite de forma fehaciente la existencia de un delito y la responsabilidad del inculpado, no se puede condenar, sin embargo, la justicia es fina y para conocedores. Aún cuando estimaran que no se presentaron todas las pruebas deben tener claro que las sentencias, actualmente, no son dirigidas sólo a las partes, sino que trascienden a sociedades enteras a través de las muchas formas de comunicarlas. Así que el daño era a toda una comunidad y no sólo a Marisela. Con las pruebas suficientes y la última confesión de Sergio bien pudieron acomodar su razonamiento probatorio para sentenciar en el mismo sentido que todo Chihuahua y todo México esperaba. Habrá puristas que digan que si no había todos los elementos debían absolver, sin embargo, Eduardo Juan Coture, jurista y profesor uruguayo, elaboró el decálogo del abogado y en uno de esos “mandamientos” señala: “Lucha: tu deber es luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Parecería que faltaba un cabo suelto, pero con el criterio jurídico y una sensación de justicia pudieron evitar otro asesinato y la introducción de un sujeto al crimen organizado condenando y parando un asunto que se volvió una bola de nieve. Una vergüenza de jueces aún cuando quiera defenderlos desde la parte legaloide.

Pero no se confundan, este actuar no es nada extraño en nuestro país, los casos se contabilizan por montones, la impunidad y la corrupción sigue desde el primer escalón por más que en su discurso ridículo sostengan que ya “se barre de arriba hacia abajo”. Los discursos contra la corrupción siguen siendo un simple spot que les permita mantener el poder unos años más.

El Estado es un asesino, es un criminal y lo único que obtenemos de ellos son sonoras burlas ante un país que se les ha ido de las manos. Ni una más, ni una sola de nuestras hijas, hermanas, madres, amigas más, maldita sea.

EL ESTADO CRIMINAL. PARTE I

De forma coincidente, hace algunos días tuve la oportunidad de ver el documental producido por Netflix intitulado “Las Tres Muertes de Marisela Escobedo”, desde luego, sin saber que el aniversario luctuoso de Marisela Escobedo es el 16 de diciembre. Lo impactante de la historia me impulsó a escribir la columna de esta semana sobre ese tema en particular, lo cual nos permitirá entender un evento trágico de la mano de la comprensión del Sistema de Justicia Penal que tenemos y que se le denomina “acusatorio”.

Esta vez, a diferencia de las otras columnas, comenzaremos con la historia de Marisela Escobedo y su hija Rubí Marisol Freyre Escobedo, contada a muy grandes rasgos a fin de que cada uno de los lectores pueda profundizar en el tema con los documentales, artículos en revistas y fragmentos de literatura sobre ese tema – y, en general, de los miles feminicidios ocurridos en nuestro país -. Junto con el relato de la historia, introduciremos elementos jurídicos para comparar los hechos con nuestro sistema de justicia adversarial.

Advierto que la lectura provocará profunda indignación y desamparo ante el Estado fallido en el que estamos hace muchísimas décadas y que, no se confundan, prevalece en la actualidad. Asimismo, por lo extenso del relato, esta será la primer entrega de la columna para que, la próxima semana tengan oportunidad de ver el documental y leer notas relacionadas para empaparse del tema.

LA PÉRDIDA

En 2008, luego de varios meses de relación y una hija de por medio, Rubí Marisol Freyre Escobedo, entonces de 16 años, hija de Marisela Escobedo – madre de familia y microempresaria avecindada en Ciudad Juárez, Chihuahua – fue asesinada por su pareja y padre de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Gracias a un testigo, vecino de la colonia en que vivía la pareja, se supo que Barraza la había golpeado hasta matarla y, posteriormente, con la ayuda de su hermano, aventó el cuerpo de Rubí en un tiradero de basura para, posteriormente, prenderle fuego. A raíz de esta criminal escena comienza el calvario de la madre de Rubí, Doña Marisela Escobedo.

EL PEREGRINAR

Desde el momento de la desaparición de Rubí y la huida repentina de Sergio Rafael de su casa, Marisela denunció la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, argumentando que, por la fuga de Sergio Rafael, ella presumía que él era el autor material de la desaparición y eventual muerte de su hija Rubí. La respuesta institucional fue la de no iniciar carpeta de investigación al no tener “indicios” de que se tratara de una muerte o una desaparición forzada, así que fue hasta 1 mes y medio después que las autoridades comenzaron a investigar de forma por demás tibia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 señala que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, por lo que, en concatenación con otras disposiciones legales, cuando se reporta la desaparición de una persona durante 48 horas seguidas, el agente del Ministerio Público local o federal, según el delito, debe iniciar una investigación y llevar a cabo las diligencias y actuaciones pertinentes por medio de las policías locales o federales, a fin de contar con indicios, pistas, testimonios y todo lo necesario para dar con el paradero de la persona atendiendo a que, en criminalística, las primeras horas de desaparición son cruciales para impedir consecuencias funestas.

Ante la nula respuesta institucional, Marisela, con sus propios recursos – y así va a ser durante toda su lucha – se dispuso a investigar en dos vías: el paradero de su hija, ya sea viva o muerta, y la ubicación de su yerno Sergio Rafael quien, además, se había llevado a su nieta con él. Con el testimonio del vecino del presunto responsable, la familia de Rubí encabezada por su madre buscó en todo el tiradero de basura lamentablemente sin éxito. Por el otro lado, Marisela, con información que obtuvo ella sola, acudió con familiares y amigos al Estado de Zacatecas debido a que todo apuntaba a que Sergio Rafael se escondía en Fresnillo y ya se encontraba viviendo con otra pareja. La única forma que la policía accedió a detenerlo fue con el argumento, bien pensado por Marisela y su equipo legal, que, al no existir una muerte declarada de Rubí, ella seguía existiendo, así que Sergio, al llevarse a la hija de ambos sin consentimiento de ella, era responsable del delito de sustracción de menor.

Con el miedo de la detención, Sergio Rafael confesó que había golpeado a Rubí pero “se le había pasado la mano” y la mató, además que, para ocultar su responsabilidad, incineró el cuerpo de Rubí en el tiradero cercano a la colonia donde vivían. Incluso, derivado de esa declaración él condujo a peritos y policías al lugar exacto donde la enterró. Gracias a esa declaración algunos restos óseos de Rubí fueron encontrados en el lugar y, por lo tanto, se le acusó a Sergio Rafael por el homicidio calificado en perjuicio de su ex concubina Rubí.

Hasta aquí de por sí todo va mal por lo atroz del crimen, sin embargo, con todas las pruebas, el juicio oral que se avecinaba parecía un mero trámite para darle a Barraza una pena cercana a los 50 años de prisión.

QUÉ ES EL MALDITO SISTEMA ACUSATORIO TAN BONDADOSO

Otra pausa jurídica. En 2008 se llevó a cabo una reforma constitucional en la que pasamos de un sistema de justicia penal tradicional o mixto – preponderantemente por escrito y en donde se presume la culpabilidad hasta demostrar lo contrario, entre otras características – a un sistema acusatorio y oral con los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y lo más importante era que el objeto de ese sistema era el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, según lo dice el artículo 20 de la Constitución.

Derivado de ello, se precisó que la entrada en vigor de este sistema requería otra preparación en los jueces, agentes del ministerio público, litigantes y asesores victimales, además de policías y peritos. Desde luego, la infraestructura también necesitaba adecuarse, ya que el sistema acusatorio requería de audiencias públicas, presenciales, videograbadas y al estilo de otros sistemas en el mundo en que en una parte se encuentra la parte acusadora – ministerio público y víctima u ofendidos – en la otra la defensa con el acusado y, frente a ellos, el juez o tribunal de jueces – tres -; ello para que cada quien pueda verter sus argumentos y presentar sus pruebas a través de testigos, policías, peritos, de forma presencial, de tal manera que se les pueda interrogar en las audiencias; y, después, sin más documento que las anotaciones hechas durante la audiencia de juicio, el juez o tribunal, emita un veredicto y una sentencia.

Además, sepan que este nuevo sistema de justicia privilegia el principio de presunción de inocencia, es decir, aquella frase que señala que “se es inocente hasta que no se demuestre lo contrario” y, adicionalmente, se eliminó la tasación de la prueba. La tasación de la prueba significa que la propia ley establecía en su letra el valor que tenía una prueba dependiendo de su tipo, por ejemplo, una prueba confesional al ser la declaración del inculpado, tiene valor probatorio pleno o, en otro ejemplo, se señalaba que una documental pública tiene mayor peso que una documental privada. Pues bien, con este sistema en materia penal y en algunas otras materias, se eliminó esta forma de valorar pruebas para dar lugar al de la sana crítica que, en concreto, establece que el juez tiene libertad para darle el valor que considere a las pruebas al hacer un análisis sistematizado de todas las ofrecidas en su conjunto. Así que ahora, la prueba confesional en la que un inculpado acepta su responsabilidad, ya no es suficiente para condenar si no existen otros elementos que apunten a esa versión de los hechos.

Otro aspecto fundamental en cuanto a los aspectos probatorios es el llamado “estándar probatorio”. Ello implica el nivel de convicción que se debe alcanzar con las pruebas. En materia civil, mercantil y familiar, al ser asuntos privados entre dos partes, basta que uno pruebe un poco más su versión que la otra para que el juez le otorgue la razón. En materia penal, al ser una materia en exceso técnica en el que no cabe la interpretación, se señala que para obtener un fallo a favor por parte del juez debemos probar la culpabilidad de una persona “más allá de toda duda razonable”, es decir, si del desahogo de pruebas el juez tiene dudas o no se adhiere a una teoría del caso, no puede condenar sino absolver al inculpado. Sí, un simple cabo suelto obliga al juzgador a dejar en libertad al acusado.

Como dato curioso este sistema acusatorio a nivel federal, por su complejidad, entró en vigor de forma escalonada, es decir, un año en algunos Estados, otro año en otros, hasta que se cubriera toda la República. Sin embargo, en materia local, varias entidades, dados los ejemplos en otros países, decidieron desde antes implementar un sistema acusatorio a nivel local. El Estado pionero en implementar este sistema fue, justamente, Chihuahua. Este nuevo sistema se ofreció a la ciudadanía como la herramienta para abatir la IMPUNIDAD, que se respetaran los derechos de las víctimas, que no hubiera tanta gente en las cárceles al haber acuerdos reparatorios y evitar que personas inocentes fueran acusadas.

Con estos elementos técnicos entraremos de lleno a la parte más oscura del relato la próxima semana, así que ahí nos leemos…

QUE EL ESTADO NOS AMPARE

Cuando comenzamos con este ejercicio semanal de escribir una columna, además de la intención de ofrecer una gama de servicios jurídicos y satisfacer ese deseo permanente de escribir, establecíamos la necesidad de aterrizar, en su lenguaje y comprensión, algunos tópicos jurídicos, ya sea por su relevancia coyuntural o por considerarse aspectos básicos para la sociedad en donde se suelen citar, debido a la referencia constante de elementos de derecho que impactan en la vida de las personas.

Esta semana nos enfocaremos a desarrollar algunos aspectos esenciales de lo que es el Juicio de Amparo.

VANGUARDIA JURÍDICA MEXA

Esta columna derivó del privilegio que tuve hace algunos días de visitar la capital de uno de los Estados más bellos, apacibles y disfrutables de toda la República Mexicana: Mérida, Yucatán. Más allá del anhelo de paladear una de las gastronomías más exquisitas del mundo entero, el objetivo de dicha visita era un tema meramente jurídico, en concreto, atender una demanda en materia mercantil, por lo que mi mente se enfocaba absolutamente en los alcances del derecho y la importancia que tuvo el pensador y jurista yucateco brillante, Manuel Crescencio García Rejón – y la propia clase política yucateca de la época – en cuanto a uno de los recursos de defensa de derechos humanos más importantes del mundo entero: el Juicio de Amparo.

Que nos les quepa duda, el juicio de amparo es una de las aportaciones más grandes del derecho mexicano al mundo entero. Todo comenzó en 1840 cuando, desde una visión separatista por parte del pueblo yucateco, no se compartía la visión centralista de la asignación de participaciones federales en contraposición de la capacidad recaudatoria, es decir, les parecía injusto que ellos enteraran una enorme cantidad de recursos a la federación y el presupuesto a su Estado fuera raquítico – un poco como la actual visión del norte de reclamar más recursos porque aportan más al Estado, pero mejor pensada – por lo que comenzaron a tejer una trama jurídica muy interesante basada en el fortalecimiento jurídico local.

García Rejón, en una de sus intervenciones para la creación de la Constitución del Estado de Yucatán, arguyó la necesidad de contar con un medio de defensa jurídico para contrarrestar las enormes arbitrariedades cometidas por los 3 poderes, particularmente del Ejecutivo, en contra de los derechos mínimos que todo ciudadano debe tener. De ahí surge la idea de crear la figura del amparo en contra de actos de autoridad que se estimen violatorios del marco constitucional.

Está visión local, que incluso ya para 1842 operaba en Yucatán, fue trasladada a la Constitución federal por otro gran jurista jalisciense, Mariano Otero, quien desde ese mismo año con la conformación del constituyente – el grupo de legisladores que crea la Constitución – formuló un voto particular, entendido como una opinión, donde destacaba la importancia de la creación de un instrumento jurídico que hiciera valer los derechos plasmados en la Constitución ante esa tendencia de las autoridades de violarlos cada vez que podían.

Luego de varios años de análisis y discusiones, en el Acta de Reformas de 1847 se plasmó ya a nivel federal la institución del juicio de amparo y ello influyó para que en la Constitución de 1857 fuera la figura vanguardista y social que aportaban los legisladores con una visión de Estado bien distinta; era como pensar en los derechos humanos antes que cualquier movimiento social pro humanista se instaurara en el campo jurídico.

Como dato apantallador – útil en épocas decembrinas en las que uno tiene más pláticas con amigos y familiares – el amparo mexicano estuvo en el ideario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida en 1948 en París, Francia como resultado de la búsqueda del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pensando en esa figura, se redactó el artículo 8 de dicha Declaración que establece “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”. Es decir, México fue de los primeros en considerar la importancia no sólo de proteger derechos, sino de la existencia de una vía, ágil, eficaz y al alcance de la ciudadanía para esa defensa adecuada.

LA CONSTITUCIÓN DICE…

Si quieren ir al origen de lo que es el amparo en el derecho mexicano lo encontrarán en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se los comentamos en entregas anteriores, ese tipo de medios tienen una base constitucional y, en el caso del amparo son esos artículos . La Constitución se dice que es la parte dogmática, es decir, donde se plasman las intenciones, los anhelos, los valores de una nación en donde, desde luego, se señalan los derechos mínimos que les asisten a los ciudadanos, pero para su operación y aplicación real, más en este caso que se trata de un recurso en forma de juicio, necesitan de una ley que establezca los pormenores y la forma en que se pueden hacer efectivos y eso lo vemos en la llamada Ley de Amparo; de hecho el nombre completo de esa ley es “Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, más claro ni el agua.

NO ES UNA ACTRIZ DE APELLIDO AROZAMENA

Pero ¿Qué es el amparo? Seamos muy claridosos porque es justo lo que ustedes quieren y necesitan saber. El amparo es un medio de defensa que está al alcance de todas las personas para proteger, ante los tribunales competentes, los derechos que establece la Constitución cuando alguna autoridad los está omitiendo o violentando.

Es importante precisar dos cosas de esa breve definición: por un lado, la defensa de los derechos, derivado de las modificaciones a la Constitución y a la ley en los últimos años, no sólo se circunscribe a los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a los consignados en tratados y convenciones internacionales de los que nuestro país forma parte, a eso se le llama control de la convencionalidad; por otro lado, decimos que se trata de una defensa contra violaciones orquestadas por autoridades y en este punto debemos precisar que se trata de cualquier autoridad de los 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), o de quien supla a la autoridad en esas funciones, como un particular que la ley señale que puede otorgar servicios públicos, por ejemplo los que prestan un servicio concesionado de recolección de basura actúan en nombre de la autoridad y, por lo tanto, pueden ser susceptibles de violar derechos de los gobernados.

COMO PARA QUÉ O QUÉ

Finalmente habremos de decir contra qué procede el amparo, pero no lo haremos a manera de la ley porque, de hecho, no vienen a leer todo esto para enredarse con palabras de abogado. Debemos comenzar por decir que el amparo protege de actos o normas de una autoridad que violan los derechos de las y los gobernados.

De ahí es que tendremos una concepción de lo que seguramente han escuchado hablar respecto de lo que es un amparo directo o indirecto. No se trata de la urgencia o falta de obstáculos, sino de un uso dependiendo el tipo de acto a combatir.

El amparo indirecto es, en términos muy generales, contra normas emitidas por cualquier autoridad que contravenga los derechos de la Constitución y de tratados internacionales, pero también es contra actos emitidos por cualquier autoridad que vulnere nuestra esfera jurídica o, en concreto, nuestros derechos. El primer caso es muy simple: si el Congreso emite una norma que prohíba el uso de redes sociales para emitir opiniones, eso contraviene el derecho a la libertad de expresión y por eso podemos solicitar el amparo y protección de la justicia federal, para que se declare inconstitucional esa norma y no nos aplique – en otras entregas veremos los alcances de una sentencia de amparo-. El segundo caso tiene como ejemplo lo siguiente: si un juez emite una orden de aprehensión en nuestra contra por un delito que sabemos que no cometimos, contra esa orden, que es un acto de un juez solicitado por un agente del ministerio público, se presenta un amparo que, si se concede, se anula la ejecución de esa orden para evitar la violación de garantías de las personas.

Finalmente el amparo directo es más simple en cuanto a su entendimiento, ya que es contra, “simple y sencillamente”, sentencias, laudos  – entendidos como una especie de sentencia pero en materia laboral – y cualquier acto que pone fin a los juicios.

El amparo es tan complejo como un curso completo de especialidad o maestría, por lo que su comprensión debe ser más amplia. Desde luego no hemos abarcado todos los elementos, incluso, ni los más esenciales, por lo que en próximas entregas desarrollaremos otros aspectos del amparo para que podamos entenderlo como un elemento fundamental en nuestra defensa de derechos.

Lo que sí debemos tener muy claro es que un amparo, a pesar de lo cercano a la ciudadanía, tiene elementos sumamente técnicos, por lo que, si en algún momento requieren de la formulación de alguno, necesitan acudir con un especialista en la materia, ya que es un auténtico error acudir a cualquier abogado o, peor aún, “coyote” para elaborar un escrito con altos estándares de conocimiento.

FAKE CHAMBA

A últimas fechas, el tema del outsourcing ha sido reiteradamente nota informativa en diferentes medios de comunicación. Para comenzar, y en aras de un manejo adecuado del lenguaje, hemos de señalar que en México el outsourcing no existe, la figura correcta jurídicamente hablando es la subcontratación y, contrario a lo que se piensa, sí se encuentra expresamente regulada en disposiciones relacionadas con aspectos laborales.

El motivo de tan sonado tema radica en la iniciativa presidencial que busca acotar aún más la figura de la subcontratación y que se presentó hace algunas semanas ante el Congreso de la Unión. Tampoco podemos olvidar que no es la única iniciativa, ya que en el propio Senado de la República, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, que todos conocemos por ser líder sindical de mineros y por haberse autoexiliado en Canadá durante administraciones anteriores en que pesaban sobre él serias acusaciones por uso indebido de las cuotas de sus agremiados que ascendían a más de 50 millones de dólares, había presentado un proyecto en el que buscaba desaparecer la subcontratación por completo.

Como en entregas anteriores, vamos, por un lado, a revisar cuál es la base normativa que se refiere a los derechos laborales y, en particular, a la subcontratación para, después, entrar de lleno al tema coyuntural de la posible desaparición o acotamiento de esa forma de contratación laboral, así como las probables consecuencias e, incluso, cómo es que funciona actualmente.

EL PIONERO REVOLUCIONARIO

A México se le reconoce por ser uno de los pioneros en la constitucionalización de derechos sociales. Esto quiere decir que fuimos de los primeros en el mundo en darles el nivel de derechos constitucionales a la educación, la propiedad social y recursos naturales, y, desde luego, al trabajo y la seguridad social. Eso sucedió en la Constitución de 1917 y, aunque muchos legisladores de aquel momento ni se dieron cuenta de ello, la inercia revolucionaria y la brillantez de otros cuantos intervinientes en la creación de esa Constitución, dio como resultado la protección de ese tipo de derechos.

El artículo 123 de la Constitución contiene derechos laborales – eso lo sabemos desde la primaria -, tanto para trabajadores del sector privado y algunos organismos autónomos (apartado A) como para los trabajadores del Estado (Apartado B). Esos apartados, que seguramente han escuchado de voz de algún abogado, se crearon debido a la naturaleza distinta de ambos tipos de trabajadores obviamente; en términos generales, en todo el artículo se establecieron derechos como: derecho al trabajo digno y socialmente útil; establecimiento de una jornada máxima de trabajo; días de descanso y vacaciones obligatorias; salario mínimo; derecho de trabajadoras incluyendo en embarazo; igualdad laboral; seguridad; participación en las utilidades de una empresa, entre otros elementos.

Ello ha servido como base de respeto a derechos mínimos de los trabajadores para generarles certeza frente a las arbitrariedades que, para ese momento histórico (y que en algunos casos prevalece), llevaban a cabo los patrones. La intención era responsabilizar al patrón frente a sus trabajadores otorgándoles elementos mínimos de dignidad y supervivencia derivada de su trabajo diario.

NO ES OUTSOURCING, ES SUBCONTRATACIÓN

Justo de esa obligación es de donde nos dirigimos al tema de la subcontratación, ya que esa figura ha sido criticada por ser una herramienta para que los patrones reales evadan su responsabilidad otorgando derechos limitados a sus subordinados a través de actos de simulación provenientes de empresas externas que “prestan” los servicios de personal.

Lejos de lo que pudiera pensarse, la subcontratación no es ilegal, ya que, de forma expresa se regula en los artículo 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo. Pero, en términos generales, ¿qué podemos rescatar de esa regulación? La realidad es que la subcontratación sólo es viable para contratar servicios de carácter especializado, es decir, si somos una empresa de administración y requerimos una campaña publicitaria, bien podríamos subcontratar un diseñador gráfico.

Por otro lado, no puede versar sobre tareas iguales o similares a las que realiza la plantilla laboral con la que el patrón cuenta. Adicionalmente, el contratante de servicios de personal debe cerciorarse que la empresa contratista cumpla con las obligaciones fiscales y de seguridad social que le corresponden respecto de los trabajadores que subcontrató, por lo que la obligación no se borra de un plumazo.

De hecho, el articulado referido establece que esta figura no puede usarse para transferir trabajadores deliberadamente y así disminuirles sus derechos laborales, para evitar eso de “en fin, la hipocresía”.

REGULAR LO REGULADO

Todo este “borlote” que ha surgido en todas las esferas de decisión del país surge de la iniciativa que el Presidente de la República envió al Congreso para su análisis, discusión y eventual aprobación. A diferencia de la iniciativa que pretendía el famoso “Napito”, esta no pretende desaparecer la subcontratación, sino acotarla, aunque lo cierto es que en esa propuesta se señalan aspectos que actualmente la Ley las contempla.

El problema, como pasa en muchos otros aspectos de la vida pública en el país, se reduce a un solo elemento: la impunidad.

La subcontratación es una figura que tuvo su origen en los Estados Unidos de América como una respuesta a la problemática de la especialización. En efecto, una empresa dedicada a los autotransportes difícilmente conoce aspectos especializados en tecnología, por lo que contratar a una persona con esas habilidades resulta casi imposible al desconocer la materia, razón por la cual, las empresas estadounidenses optaron por recurrir a empleados provenientes de otras empresas con la seguridad que conocían los alcances de los requerimientos informáticos, por ejemplo.

En México surgió con la misma idea, tan es así que el impacto que tiene en el tratado comercial entre México, Canadá y EUA, es fundamental, ya que empresas de otros países que llegan al nuestro requieren fuerza laboral especializada, por ejemplo, en manufactura, por lo que subcontratan a esos empleados para obtener un trabajo específico sin llevar a cabo todo un proceso de reclutamiento, que aumentaría los costos y que, además, podría alejarse al desconocer la cultura del trabajo en el país.

El lado oscuro, sin duda, es la simulación. Empresas que, con la finalidad de evadir impuestos, pago de utilidades y disminución de cargas laborales, subcontratan a prácticamente toda su plantilla laboral sin siquiera cumplir el requisito de la especialización.

Ello lleva, invariablemente, a la evasión fiscal, es decir, no enterar la totalidad de impuestos.

La propuesta presidencial se centra principalmente en: permitir la subcontratación sólo en casos que se requiera especialización; las agencias de colocación no podrán ser patrones y sólo intervenir en el proceso de reclutamiento, selección y capacitación; y, castigos consistentes en multas a las empresas que simulen operaciones y procesamiento bajo la figura de defraudación fiscal.

Quizá el Presidente y sus asesores han pasado por alto que, en espíritu, todo eso ya se contempla en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal y, por el otro lado, los empresarios que se oponen a la reforma no se han enterado sus obligaciones que vienen en… ¡la ley!.

Y es que ese tipo de simulaciones generan un grave daño al fisco y, sobretodo, a los derechos de trabajadores que ven, en su de por sí raquítica cuenta individual para el retiro, cantidades inferiores a las que verdaderamente deben enterar los patrones. La vía no es desaparecer el outsourcing porque ello puede generar pérdida de muchos más empleos que los que en medio de esta crisis se han ido; lo que se debe reforzar es la fiscalización de las empresas para detectar simulaciones y castigar con las penas ya previstas en las normas que tenemos.

Así, con o sin reforma tenemos varias tareas: a los empresarios y asesores del Presidente, leer la ley; a los empresarios del ramo, cumplir la ley; y a los trabajadores…contratar un abogado para hacer valer sus derechos porque al final, no existe contrato temporal que se confronte a la realidad de un patrón sustituto.

Eso sí, a manera de sugerencia, a los paladines de los derechos de los trabajadores que están en el gobierno les sugerimos empezar por su casa: quitar la simulación de la compensación garantizada poniendo sueldos base de 8 mil pesos más compensación de 40 mil pesos, o bien, dejar de contratar servicios de limpieza externos donde las prestaciones son nulas y el trato es esclavizante. Y aún así yo sigo sin ver barbas a remojar.

OJOS ROJOS O LA REGULACIÓN DE LA CANNABIS

Con las reformas e iniciativa aprobada por el Senado de la República respecto de la regulación de la marihuana o cannabis, existen diversos aspectos que debemos comprender antes de forjar y prender el churro. Vamos, al igual que la semana pasada, a dividir esta columna en dos partes: la jurídica y los hechos, para lo cual habremos de recordar algunos de los tips de comprensión jurídica que les precisamos anteriormente.

En la parte jurídica les platicaremos tres elementos: la importancia de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte; cómo se encuentra regulado hasta hoy el consumo y posesión de la marihuana; y, el importante papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la emisión de criterios para interpretar las leyes y la propia Constitución.

LIBRE ALBEDRÍO COMO DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Como recalcamos la semana pasada, el artículo 133 de nuestra Constitución establece que la Constitución, las leyes que surjan de ella y los tratados internacionales, son la Ley Suprema del país. En ese tenor, si existe algún derecho humano no establecido en la Constitución pero sí en un tratado internacional aprobado y ratificado por nuestro país, se convierte en un derecho que el Estado Mexicano debe proteger y garantizar.

Ese es el caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual ha sido definido por la Suprema Corte como el “derecho de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida”. Este derecho no se encuentra señalado expresamente en la Constitución pero sí en los artículos 1, 22 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , por eso, en nuestro país se deben proteger y garantizar.

PRISIÓN POR POSESIÓN

Al día de hoy – porque no han sido aprobadas por la Cámara de Diputados las reformas aprobadas ya en el Senado – la Ley General de Salud establece una serie de sustancias prohibidas para su uso, consumo, producción, etcétera, entre las que se encuentran los cannabinoides – a excepción del uso médico para el que sí existe una autorización -, por lo que infringir ello además de las sanciones administrativas existentes, el Código Penal Federal, relacionando las sustancias de la Ley General de Salud, establece penas de prisión que van de los 5 años y hasta los 25 cuando se trate de tráfico, comercialización, introducción al país, etcétera, de dichos estupefacientes.

CONSTITUCIONAL O INCONSTITUCIONAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país y uno de los órganos en que se deposita el Poder Judicial de la Federación. Entre otras funciones, la Corte emite criterios para explicar el sentido de las leyes y determinar si están apegadas a la Constitución ya que, de no ser así, emite pronunciamiento para que los jueces y demás órganos administrativos no apliquen esas disposiciones.

Seguro hemos escuchado hablar de la jurisprudencia. Esta, en términos muy generales, son criterios emitidos por la Corte – y Tribunales Colegiados que son órganos jerárquicamente por debajo de la Corte – a través de dos formas: la primera es cuando dos tribunales se pronuncian sobre la interpretación de uno o mas artículos en forma distinta y la Corte resuelve cuál es el criterio que debe prevalecer, a esto se le llama contradicción de tesis; la segunda es cuando en cinco asuntos similares se pronuncia en el mismo sentido, a ello se le llama reiteración de criterio.

SIGUE EL CAMINO ESMERALDA

Aún no acabamos, así que paren la mezcla de los brownies o las galletitas con truco para conocer cómo se dio esta reforma y en qué se encuentra.

Todo comenzó con una solicitud de 4 ciudadanos a la Comisión Federal para Prevención de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que pudieran sembrar, cultivar y consumir cannabis de forma lúdica. Evidentemente y bajo la normatividad aplicable, la Comisión les negó la autorización. Ante esa respuesta, los involucrados presentaron amparo indirecto – que ya habíamos dicho en nuestra entrega anterior que es el juicio mediante el cual se le pide a la justicia su amparo y protección ante la violación por parte de una autoridad de algún derecho que la Constitución le otorga – argumentando que esa negativa atentaba contra del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La Primera Sala de la Suprema Corte les otorgó la razón a los quejosos argumentando que los artículos 235 en su último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 en su último párrafo y 248, eran inconstitucionales por atentar contra ese derecho a la libre personalidad. Posterior a ello, vinieron 4 resoluciones más en el mismo sentido reiterando el criterio y emitiendo una jurisprudencia declarando que esos artículos eran inconstitucionales. La consecuencia de ello era que la Corte ordenaba a COFEPRIS emitiera esas autorizaciones para el uso lúdico y recreativo de la marihuana, pero sólo respecto de quienes promovieron los amparos, es decir que el amparo no tiene efectos para toda la gente sino sólo para los intereses del quejoso – acá otro aspecto jurídico que deben aprender: a ese efecto de la sentencia sólo para el quejoso se le llama principio de relatividad de las sentencias -.

Derivado de esto y de la propia exigencia de algunos sectores sociales se presentaron diversas iniciativas para regular el uso del cannabis para su uso lúdico y recreativo. En total el Senado de la República analizó 11 de ellas dando lugar a la reforma a la Ley General de Salud para eliminar al cannabis de sustancias que su posesión y consumo amerita sanción; al Código Penal Federal para no sancionar la posesión con pena de prisión cuando no rebase los 200 gramos; y la creación de una Ley Federal para la regulación del Cannabis.

Lo sucedido en el Senado no es una legalización ni una despenalización, sino una descriminalización, ya que no permite que cualquiera la consuma y se fomente su producción; tampoco se eliminan las sanciones; al final sólo permiten poseer, cultivar y consumir en mayor proporción a la que teníamos y establece todo un marco legal para su tratamiento.

Entre los aspectos más importantes debemos tener claro:

  • Una persona puede poseer hasta 28 gramos de marihuana. Si posee más de esa cantidad y hasta 200 gramos se hará acreedora a una sanción administrativa (multa). Si rebasa los 200 gramos se considerará como un delito sancionable como si esa cantidad la utilizara para su comercialización, con penas de uno a tres o cinco a diez años de prisión, dependiendo la conducta que se realice.
  • No se puede consumir frente a menores de edad.
  • Un consumidor no puede tener más de 4 plantas de mariguana en su casa, en caso de que en la vivienda habiten dos consumidores se pueden tener 6 plantas y si ven 3 o más serán máximo 8 plantas.
  • Se crea un Instituto que otorgará permisos para cultivo y comercialización, además de prever otros aspectos regulatorios.
  • Respecto las personas actualmente en prisión por posesión de cantidades que ya no están criminalizadas, las autoridades correspondientes tienen 6 meses para dejar en libertad a esas personas o tomar las medidas conducentes.

Como punto final deben tener claro que antes de ponerse a sembrar y a consumirla con esa tranquilidad que la propia planta da, la reforma aún no está aprobada, ya que, una vez que la aprobó el Senado pasa a Cámara de Diputados para que ellos la aprueben, la modifiquen o la rechacen. Así que a este camino verde le faltan, por lo menos, algunos días antes de fumar…perdón…cantar victoria.

¿EL FIN DE LAS CANDIDATURAS “JUANITAS”?

Para efectos de esta columna empezaremos con dos antecedentes: el histórico y el jurídico. El primero es un tema polémico y difícil de comprender atendiendo a la cultura en la que estamos inmersos; el segundo tiene que ver con el origen de los derechos que tenemos como habitantes de nuestro país y, simplemente, como seres humanos.

En la línea histórica, los siglos de discriminación entre géneros que hemos vivido como sociedad han propiciado la necesidad de implementar una serie de acciones, a las que se les llama afirmativas, en las que se privilegia a las mujeres por encima de los hombres. En principio esto da lugar a voces que señalan que decantar la balanza en favor de las mujeres es, en sí mismo un acto discriminatorio en contra de los hombres – sí, hay que piensa así, al grado que han existido iniciativas de reforma que argumentan que si existe el delito de “feminicidio” debe existir el de “hombricidio” y hasta aquí lo dejo porque no, no pienso meterme en una discusión bizantina -, sin embargo, el origen de esas acciones afirmativas son las múltiples desventajas por el trato material que han recibido las mujeres en la sociedad, por lo que, para equilibrar las circunstancias, se otorgan ciertos “privilegios” a las mujeres para lograr la igualdad sustantiva, que no es otra cosa que la igualdad REAL y no sólo en la intención.

En la vertiente jurídica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 133 – apréndanselo a partir de ahora – que la Constitución, la leyes que surjan de ella y los tratados internacionales – los que firma México con otros países y los “aprueba” el Senado – son la Ley Suprema. Esto es lo que los abogados llaman la supremacía constitucional, la cual ha sido representada teóricamente por una pirámide en la que se refleja la relevancia de los distintos tipos de normas – constituciones, leyes reglamentarias, tratados, reglamentos, circulares, etc. -, en las que la Constitución se encuentra en la cúspide. Pues basándonos en eso, en el primer artículo de nuestra Constitución, como si fuera la puerta de entrada a la compresión del derecho, se establece el principio de igualdad, que no es otra cosa que en nuestro país todos los hombres y todas las mujeres somos iguales ante la ley. Muy lindo, maravilloso, ideal, pero en papel de poco o de nada sirve.

Como nota les aclaro que en la Constitución y en los Tratados Internacionales se prevén derechos de las personas y si alguno de ellos no se cumple o se viola es cuando podemos acudir al multi citado Amparo, que – a muy grandes rasgos – es un juicio que se inicia por un particular cuando una autoridad vulnera alguno de esos derechos que establece la Constitución o los Tratados Internacionales, principalmente.

Bien, ahora que entendimos esa parte jurídica dura, entremos a los hechos.

En 2014 hubo una reforma a la Constitución para que las mujeres tuvieran acceso a candidaturas políticas en las mismas circunstancias que los hombres, es decir, que las autoridades y partidos garantizaran el acceso paritario. Ello sirvió para Diputaciones y Senadurías, pero como en este país tenemos maestría en las simulaciones, los partidos postulaban candidatas en aquellos distritos o entidades en que sus preferencias eran bajas, de tal manera que cumplían con la Constitución y la norma electoral y no “arriesgaban” en darle una diputación o senaduría a una mujer – sí, como si el que una mujer ocupara el cargo fuera malo, es decir, machismo falocéntrico opresor, pues -.

En 2019, en otra reforma a la Constitución, un grupo de Senadoras con bastante reticencia de sus pares hombres y algunas mujeres, por increíble que parezca, introdujo la llamada “paridad en todo”, en la que se mandataba a observar la paridad de género en candidaturas a cargos públicos de todo tipo, salpicando a la administración pública, órganos autónomos y partidos políticos en cuanto a los cargos de dirección.

Apesumbrados por no perder sus posiciones, varios personajes ya trabajaban en la forma en que darían la vuelta a estas designaciones que, en dado caso, sería como lo hicieran antes, es decir, cumplir con esa cuota de candidaturas en donde las preferencias los alejaban de un triunfo y, en el caso de puestos de dirección, otorgar las famosas “direcciones de asuntos sin importancia” o, como dijera una amiga “la dirección de confetis y serpentinas” a mujeres.

El parón a esta alternativa se dio cuando el Instituto Nacional Electoral, a petición de un colectivo de mujeres y una precandidata, emitió un acuerdo en el que señala los lineamientos para cumplir la “paridad en todo” en las elecciones de 2021, en las que, entre otro cargos de elección popular, habrá 15 gubernaturas en disputa. Sí, la lógica política es que se pueden dar diputaciones y senadurías a mujeres, pero ¡gubernaturas!, vaya disparate.

Pues en un mazazo bien asestado por la proponente del acuerdo, una Consejera Electoral, a muy grandes rasgos se dijo lo siguiente: hablando de paridad, el país debe verse como un todo, el todo tiene 32 gubernaturas, por lo tanto debiera haber 16 gobernadoras; actualmente sólo tenemos a la Jefa de Gobierno de la CDMX y la Gobernadora de Sonora, pero este último estado estará en disputa en 2021, así que, estrictamente, considerando que quedaría una mujer en un cargo así, los partidos debían postular sólo mujeres en esos 15 estados para alcanzar la paridad real, es decir, 16 gobernadoras. La otra opción, mucho menos pretenciosa, es que, al disputarse 15 gubernaturas, en al menos 7 de ellas los partidos políticos debían postular mujeres para que, al menos en esta elección, hubiera cierta paridad.

Hasta aquí la vuelta estaría en que, por ejemplo el PRI que no tiene oportunidad en Querétaro, postulara a una mujer y así cumplía con darle la candidatura al género femenino. Pero el punto fino del acuerdo es que, para esas asignaciones de candidaturas, los partidos deben crear 3 bloques de competitividad – uno alto, otro medio y otro bajo – para que en cada uno de ellos postularan un número igual de mujeres y de hombres, de tal manera que no se relegue a las mujeres en donde tienen poca oportunidad de ganar.

Si llegaron hasta este punto puedo leer en alguna de sus mentes lo que he escuchado en muchos espacios donde he trabajado, sobretodo en aquellos donde tuve la oportunidad de ser profesor y en el que las opiniones son abundantes y diversas: es un atropello, es vulnerar la división de poderes, es meter a la fuerza a candidatas mujeres que no tienen capacidad para gobernar y sólo busca cumplirse la cuota, etcétera. La cosa es que si no comprendemos que las acciones afirmativas son necesarias hasta que cambiemos como sociedad en darles los mismos espacios y en las mismas condiciones a las mujeres, este tipo de acuerdos prevalecerán para hacer cumplir, simple y sencillamente, la Constitución y los derechos que tiene prescritos para cada uno de nosotros y nosotras. La paridad no es un juego, es una necesidad y lejos de pensar que hemos avanzado sustancialmente, las y los invito a revisar las estadísticas de brecha de género en materia laboral en general, en cargos de dirección, en representatividad política, en salarios, en violencia, etcétera, de todo el mundo. Creo firmemente que el derecho fracasa cuando trata de embonar una reforma para la que una sociedad no está preparada, pero en términos de paridad va la violencia en todas sus formas de por medio, la cual no podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Bien por el INE a reserva de lo que pueda pasar en los próximos días con ese Instituto y otros actores políticos. Vamos derecho y sin escalas por la paridad, nada nos cuesta y nada perdemos.

Llegamos Derecho y sin escalas

Una de mis pasiones es escribir y si acaso no es una pasión, es algo que se me da con cierta soltura. No busco la novela ni la monografía que me dé la fama y la fortuna, aunque si fuera así ya sabría en qué gastarlo. Pero lejos de pensar en ello, he reflexionado que, usualmente, escribo para alguien más.

En un momento en que las circunstancias me han enseñado que para emprender siempre es importante asociarse pero que para asociarse hace falta acercarse a la lealtad, estoy convencido que los talentos que poseemos bien pueden ser compartidos y considerados para, desde luego y sin un afán mercantilista, se conviertan en una vía para producir, vender, darse a conocer y vivir mejor.

Digamos que este es el primer paso, uno quizá muy pequeño, de Vela y Asociados, grupo de consultores jurídicos que sólo incluye a gente capaz, leal y eficiente que he encontrado en mi camino y que será un placer trabajar con ellos para muchas personas que, por encima de todo, requieren SOLUCIONES, no litigios, no demandas, no denuncias…SOLUCIONES. Esa es la idea con la que nacemos jurídicamente: acortar tiempos, pago justo de honorarios y un trato digno para nuestros clientes.

Pero, al margen de las tareas de índole exclusiva y operacionalmente jurídica, este blog que comenzaré se convierte en un anhelo de escritor que busca, como principal objetivo, acercar el derecho a quienes no tienen una idea precisa de como funciona en el deber ser y de cómo lo vemos en la realidad de nuestro mundo con el rechazado pero necesario ingrediente de la política.

La intención es tomar temas coyunturales que ocurrieron durante la semana anterior y que, por su relevancia, todos queremos poner en la cena familiar, en la cantina, en la cancha llanera de fut o en la comodidad de sus hogares. Estas participaciones semanales a cargo de un servidor y, ocasionalmente, de amigas y amigos inquietos con las palabras, será el espacio perfecto para que en la pelea por los terrenos de los abuelos, saquen dos o tres latinajos que hagan que el tío baquetón lo piense dos veces antes de bardear el terrenito.

Desentrañar las leyes y borrarnos la imagen de aburridos que tenemos los abogados es una decisión y no una obligación, así que, aunque lo sangrón no se me quitará, procuraré aterrizar temas con un fondo normativo que permita discutir con un poquito más de conocimiento lo que pasa en nuestro país y en el mundo.

Ni son clases de derecho ni tengo la verdad absoluta pero no garantizo que quedarán fuera los juicios de valor y las mentadas propias de mi bilis furibunda.

Como dije mi intención es que lean algo que nos permita entender más el enredado mundo de la política y el derecho, un escenario más para intercambio de ideas, un claro vehículo de promoción personal, del despacho y, desde luego, una egoteca donde salga mi nombre, mi foto y que cada vez que mis hijos lo pongan un buscador digan que soy famoso.

Cada semana, los LUNES, me sentaré con seriedad a escribir con el anhelo que su infinita bondad me comparta, me sugiera temas, le entre a la discusión y, sobretodo, me lean. Vámonos “Derecho y sin escalas”. Por favor, ayúdenme a leerlo y compartirlo para cumplir esta meta personal, cuento con ustedes.